Más de 2,800 cámaras del 911 están fuera de servicio y oleada de operadores despedidos

San Pedro Sula, Honduras.

Pese a la intervención con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) desde finales de febrero pasado, el Sistema Nacional de Emergencias 911 aún no estabiliza el servicio, especialmente el de videovigilancia, provocando que la seguridad del país cojee en la lucha frente a la delincuencia.

La PRENSA Premium conoció a través de fuentes internas de la estatal, que en Tegucigalpa, una de las ciudades con mayores índices de violencia en el país, de un total de 950 cámaras conectadas, 650 están activas. La narrativa es casi la misma que enfrentan las demás operadoras en Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, La Entrada, Gracias, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, puesto que todos los lentes permanecen apagados.

Mientras que en San Pedro Sula, específicamente, se estima que a la fecha están encendidos 800 dispositivos, de los 1,900 originalmente instalados en la ciudad.

Este medio de comunicación, a través de su equipo de fotografía quiso ingresar al corazón de la sala de monitoreo para captar in situ cómo trabaja la institución en medio de la crisis, pero el personal del 911 cerró las puertas e indicó que no había autorización desde Tegucigalpa.

Posteriormente, con resistencia, se dejó ingresar escuetamente al reportero, sin ningún dispositivo electrónico. Se permitió entrar únicamente en la parte de arriba de las instalaciones, obstaculizando mirar con amplitud la operatividad que se concentra en la parte baja. Durante el ligero recorrido se observaron pocas cámaras encendidas que mostraban bulevares de la ciudad y el tránsito vehicular en tiempo real, y en la sala de videovigilancia no había ni 10 personas laborando, sí muchas sillas vacías.

Por otro lado, pese a que se solicitó una entrevista oficial sobre el caos que vive la estatal, sus autoridades tampoco admitieron ni accedieron a brindarla. Las cámaras que están activas en San Pedro Sula son básicamente las situadas sobre ciertos bulevares y zonas céntricas o de alta plusvalía, mientras que las que están ubicadas en barrios y colonias continúan desconectadas. En San Pedro Sula, la ventaja en comparación con el resto, es que se apoyan de 250 cámaras que son manejadas por personal de la Alcaldía, pero que resultan insuficientes para vigilar a la población y sus actividades diarias en la vía pública.

Los demás sectores como Choloma, La Lima, Villanueva, San Manuel, El Progreso y Tela, siguen sin total respuesta de esta operatividad.

¿Cómo se da asistencia si las cámaras no están en completo funcionamiento? La recepción de llamadas de emergencia ha mantenido su flujo aún con las cámaras apagadas, así lo confirmaron nuestros informantes desde adentro, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, que fueron consultadas y que pidieron anonimato para no poner en riesgo su puesto de trabajo. Lo que han hecho los operadores es recibir las comunicaciones, tomar datos de la denuncia y enlazar con los diferentes cuerpos de seguridad y socorro del Estado para brindar apoyo, pero a “ciegas”, sobre todo aquellos eventos asociados a persecución de delitos.

La Comisión Interventora y Hondutel tienen la misión del mantener, revisar y restablecer todo el servicio de videovigilancia.

Miroslava Cerpas, titular de la Interventora, aseguró el pasado 3 de agosto a medios de comunicación en Tegucigalpa, que han activado más de 2,000 cámaras a nivel nacional y que el sistema funciona casi al 90%. “Se ha hecho una reestructuración de empleados porque había una fuga de información sobre operativos. Esta institución se construyó bajo los esquemas del crimen organizado y hoy se está refundando”, exclamó tajantemente la funcionaria.

Los datos que compartió Cerpas no concuerdan con lo investigado por este medio, incluso se conoció que en la capital, aunque hay 650 cámaras funcionales, no hay quien las opere, en tanto en San Pedro Sula, Hondutel ha trabajado más para restablecer el servicio, pero solo cuentan con entre 10 o 15 operadores.

La crisis de operadores se deriva de enormes despidos a nivel nacional en el último año y medio, cerca de 1,100 entre las partes operativa y administrativa del 911, muchos de ellos ya con amplia experiencia en el manejo debido a que venían de un proceso de capacitación de años anteriores, según reportes extraoficiales a los que accedió este medio.

Los interventores han requerido personal nuevo al que están entrenando, según se supo, pero “muchos con contratos inciertos” y solo de palabra, o cierto punto “politizados”, lo que ha detonado el malestar de otros empleados de la administración anterior que aún permanecen.

“En Tegucigalpa no hay personal capacitado y en San Pedro Sula igual corrieron mucha gente de experiencia. La Junta Interventora no prioriza la operatividad del 911, algo que es asunto de seguridad nacional”, comentó por su lado un ciudadano que fue despedido de la institución.

La interrupción de casi un año es debido a la deuda de más de 3,000 millones de lempiras que el 911 sostiene con Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V., empresa que provee el servicio. El Gobierno hondureño afirma que se trata de un contrato oneroso y con “vicios de nulidad” que vinculó la administración anterior, donde el Partido Nacional estaba en el poder, y que al intentar renegociar el acuerdo, la proveedora determinó suspender el servicio.

El caos dentro de esta institución debe obligar a la Secretaría de Seguridad a tomar cartas en el asunto y reparar todas las cámaras lo antes posible. Esa es la postura que se mantiene en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Su director de Despacho, Ricardo López, recordó que las cámaras son un apoyo tecnológico importante para la persecución del delito y para que la población se sienta segura cuando transita por las calles del país, además de ser una herramienta clave en la lucha contra la impunidad.

“El hecho que haya cámaras que no funcionan en su totalidad pone en una situación de desprotección a la población que requiere de la atención del Estado para garantizar sus derechos humanos”, señaló el representante del Conadeh.

Datos de este organismo subrayan que entre 2022 y marzo de 2023 hubo 334 quejas de un 52% de instituciones del Estado, incluyendo de empleados y exempleados del 911, quienes denunciaron persecución política, irrespeto de contratos, abuso de autoridad, malos tratos, renuncia forzada y despidos injustificados.

La experta en seguridad pública y máster en psicología forense, Seyda González, lamentó la inoperancia de las cámaras del 911, al ser una herramienta útil para las agencias policiales en el curso de las investigaciones. “Estas representan el 85% en las indagaciones de los casos, poseen muchas evidencias en torno a asaltos, accidentes, masacres, secuestros, robos de vehículos”, ejemplificó.

”Tenemos evidencia que las solicites han bajado en los últimos meses y es porque estas no están funcionando. Ellos culpan al compormiso hecho por el gobierno anterior, pero aquí no debe importar eso, sino más bien dar una solución”, pidió González.

La especialista expuso que “las autoridades ocultan algo” al no dejar ingresar a medios de comunicación a sus instalaciones. “Ellos engañan a la gente al mentir con los datos cuando saben que las cámaras no están funcionando”, enfatizó la entrevistada.

A la especialista le inquietó que no se le permitiera a LA PRENSA ingresar a las instalaciones del 911, por lo que expuso que “autoridades ocultan algo” al no dejar entrar a los medios. “Ellos engañan a la gente al mentir con los datos cuando saben que las cámaras no están funcionando”, concluyó en su intervención.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ejecutó ayer martes una inspección, toma de declaraciones y decomiso de información en el Sistema Nacional de Emergencia 911, con relación a fondos que se erogaron del Comité Técnico del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, con énfasis en pagos hechos en varios contratos suscritos con la empresa Dynamics Corporation.

El operativo lo desarrollaron la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en los departamentos de Secretaría General, Auditoría, Almacén, entre otros. En estos se buscó documentación soporte que será objeto de análisis en una línea de investigación.

En total, según contratos, un aproximado de 250 millones de dólares se destinaron entre 2015 y 2022 para la implementación integral y mantenimiento de una plataforma tecnológica del proyecto denominado “Ciudad Segura” en el Distrito Central, Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Gracias y Santa Rosa de Copán.

Unos contratos los firmó el titular de la Secretaría de Seguridad, otros el del 911. La investigación busca determinar si procedimientos y selección de la empresa fue el adecuado,o si hubo irregularidad en los pagos y manejo del sistema. La Uferco y Atic comunicaron que harán secuestro de documentos y extracción de data digital, en complemento al expediente.