Conaprev alertó al Estado de Honduras intervenir PNFAS seis meses antes de la masacre

Tegucigalpa.

Alto grado de exposición a su integridad física, salidas sin registro, bajos controles, sobrepoblación, sin visitas conyugales, falta de actividades recreativas, poco apoyo gubernamental para programas educativos y condiciones no aptas para las mujeres embarazadas.

Esas fueron algunas de las observaciones que Conaprev hizo sobre la situación en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en el último informe “Prevenir y proteger la tortura a las personas privadas de libertad”, en la edición de 2022, seis meses antes de reportarse la horrible masacre.

Durante 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) hizo un total de 16 visitas a PNFAS con el fin de comprobar las condiciones bajo las cuales se encontraban las mujeres privadas de libertad y que no fueron víctimas de tratos degradantes.

En las revisiones encontrando una serie de falencias reincidentes que el Estado de Honduras no les prestó atención en años anteriores.

El centro alberga un total de 918 mujeres y su capacidad instalada es para 500, por lo que reporta que está a un 184 por ciento de su límite. Hay seis reclusas extranjeras.

En PNFAS, “las privadas de libertad aparte de encontrar recluidas permanecerán presas dentro de sus propios hogares, sin la opción de poder interactuar y recrearse, constituyendo así una medida aflictiva”, reza el documento.

El abuso de autoridad es uno de los primeros señalamientos que detalla el informe, describiendo un hecho que ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando la directora en ese entonces salió a una fiesta con un grupo de privados de libertad sin hacer los informes respectivos. Días después fue despedida de su cargo.

“Se expuso la integridad física y la vida de un grupo de mujeres privadas de libertad, al ser conducidas por la directora de ese momento para ser llevadas a cena navideña que se llevó a cabo en la antigua Anapo (Academia Nacional de Policía)”, relataron los investigadores.

No obstante, el comité alertó que “las internas se movieron sin ser reportadas en las aduanas, como corresponde, al momento de su salida, y sin seguridad alguna”.

Las presidiarias regresaron al centro penal bajo la conducción de la dirección y subdirección, pero se constató que existieron “irregularidades en el ‘supuesto’ proceso de las autoridades ante el consejo técnico interdisciplinario”.

Además, se verificó que las novedades no son apuntadas en tiempo real.

El proceso de aprobación por parte del comité interdisciplinaro es escueto y “llama la atención que en el libro de actas no está firmada por ningún miembro, lo que constituye un marcado abuso de autoridad por quienes ejecutaron la acción”, señalan en el reporte.

Por ello, Conaprev solicitó la intervención del PNFAS, con el fin de diseñar una verdadera política de seguridad integral, debiendo crearse las condiciones y clasificaciones que permitan la satisfacción de las necesidades de las internas y sus familiares como grupo vulnerable.

En el diagnóstico se enlistan otras debilidades. En cuanto al acceso al derecho de la educación a través de talleres, el apoyo gubernamental “sigue siendo muy poco”, subsisten con la colaboración que hacen las organizaciones de sociedad civil como las iglesias y las mismas familias que apoyan a sus parientes recluidas.

Otra de las falencias encontradas es que el centro no cuenta con las instalaciones adecuadas para que las mujeres puedan estar durante y después del embarazo, ya que solo hay un espacio y es insuficiente como para la etapa de lactancia.

Sumado a esto, no todas tienen acceso a visitas conyugales, “es de suma preocupación el hecho de que las mujeres privadas de libertad que se encuentran recluidas no gozan de su de visita conyugal, este beneficio sólo es otorgado a las mujeres que tienen su pareja en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, dejando en desigualdad a las mujeres que no tienen a su pareja privada de libertad”.

Situación que, según el mecanismo de prevención, constituye un trato discriminatorio al no garantizar el respeto al derecho de la vida familiar, tomando en cuenta el derecho a la visita íntima de las mujeres allí recluidas y sobre todo, que es un derecho fundamental dirigido al fortalecer el vínculo familiar.

En el informe se enfatiza el hecho de que las privadas de libertad son un grupo vulnerable con necesidades especiales y que el sistema penitenciario nacional tiene como fin primordial la reinserción social de las personas condenadas .

En temas educativos, se pidió trabajar en promover la educación integral y progresiva como parte del tratamiento de reinserción de las mujeres, considerando que algunas son madres y necesitan alcanzar su reinserción y reeducación de manera que pueda buscar el bienestar y económico social.

Es necesario la adecuación de espacios en donde todas las mujeres en estado de embarazo o lactancia pueden llevar a cabo su etapa reproductiva al cuidado de sus hijos e hijas, para fortalecer el vínculo nuevos madre e hijo.

Conaprev trabajó en una propuesta de política apoyándose en varios ejes estratégicos como: reforma penitenciaria y voluntad política, nuevo perfil del talento humano a través de una escuela penitenciaria, un modelo constructivo para establecimientos penitenciarios, estrategia de intervención, una política inclusiva con enfoque de género y derechos humanos.

El organismo hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con el fin de garantizar el derecho a la verdad para los familiares de las 46 mujeres que perdieron la vida de forma trágica (último recuento).

A la vez, instó a la junta interventora por las acciones que garantizarán la vida y los aparatos internos, del personal de seguridad y administrativo.