Al borde del colapso financiero está el Seguro Social de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de una encrucijada financiera, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) en San Pedro Sula lucha por mantenerse a flote. La sombra de la Ley Transitoria, que aún no ha sido aprobada por el Congreso Nacional, se cierne sobre la institución desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley Marco del Sistema de Protección Social allá por el año 2019, pero que fue notificada su resolución hasta el 5 de abril de 2022.

La decisión judicial ha desatado una serie de consecuencias en pacientes y la administración de salud, dejando a la institución al borde de un precipicio económico y sin una red de seguridad sólida.

Según conoció este medio, se ha trabajado con el mismo presupuesto con el que se ha operado en años anteriores; es decir, 19,000 millones de lempiras, de estos, 17,000 millones se han destinado para la parte operativa.

Sin embargo, ahora se quitaron 2,000 millones de lempiras que iban en inversiones al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o Fondo de Previsión Social. Esto significa que al funcionar solo con 17,000 millones, cuando antes también se contaba con otros 2,000 millones, se corre el riesgo de entrar en un déficit agudo, con pérdidas que oscilan entre 2,000 y 2,800 millones de lempiras desde la derogatoria de la ley.

Entre las principales secuelas que figuran de continuar a este ritmo financiero, para el Seguro Social de San Pedro Sula y resto de regionales, están la incapaz de costear las necesidades que se presenten en el futuro, imposibilidad de expansión o mejoras a nivel de infraestructura y mantenimiento, así como la falta de flujo para contratar personal por falta de dinero. Esta situación asfixiante se traduce también a una mora quirúrgica y ausencia de recurso humano en unidades como diálisis, donde urgen más enfermeras, por ejemplo.

Diversos sectores de la sociedad civil han levantado sus voces demandando al Congreso Nacional la pronta aprobación de la Ley Transitoria que el Poder Ejecutivo hace menos de seis meses remitió, pues el tiempo apremia y los fondos escasean cada vez más.

Las pérdidas se acumulan a un ritmo acelerado: se estima que las aportaciones privadas, que constituyen una parte crucial de los ingresos del Ihss, han disminuido en torno a 100 millones de lempiras mensuales, provenientes del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Tampoco se está recibiendo el dinero por la deuda histórica que sostiene el Estado y por lo cual estaba pagando 30 millones de lempiras mensuales por concepto de aportación como patrono.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en la zona norte del país, advirtió a LA PRENSA Premium sobre la crisis que enfrentan. “El Seguro Social Regional del Norte está a punto de colapsar por esto”, declaró Umaña, subrayando que la situación se extiende más allá de San Pedro Sula, afectando áreas como Puerto Cortés, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Umaña enfatizó, en alusión al Seguro Social, que San Pedro Sula requiere terminar el edificio que ya está o un hospital de especialidades nuevo, que oscila los 1,200 millones de lempiras. Denunció que las regiones nor-occidente cuentan con presupuestos que no bastan para atender toda la demanda asistencial, cuando de estos se desprende el 48% de las aportaciones totales del Seguro Social.

“Se necesita urgente la Ley Transitoria, apenas la están dictaminando y se habla extrañamente de una nueva Ley de Protección Social que está siendo construida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y de allí se van a emanar cinco leyes complementarias”, añadió el también congresista.

La crisis financiera ha arrastrado el lento suministro de medicamentos en los regionales, una gran mora quirúrgica y obstaculizado la contratación de personal médico suficiente; sin embargo, la semana pasada se anunció para San Pedro Sula y Tegucigalpa el ingreso de 110 productos al Almacén Central de Medicamentos, por lo que se prevén estén listos a inicios de septiembre y de esta manera lograr un abastecimiento del 90%.

“Por lo menos en medicinas se está solventando, pero no habrá suficiente dinero para las obligaciones que tendrá el Seguro Social en el futuro, también tenemos una mora quirúrgica y no hay dinero para contratar gente”, cuestionó Umaña.

La ansiedad crece a medida que la solución parece escurrirse entre los dedos. La Asociación de Médicos considera que la Ley Transitoria es un primer paso urgente para evitar un daño peor. Esta debe enviarse en este semestre para discutirla y socializarla. Debido a la extensión de esta, se avecina una transformación más profunda, una “nueva salud” que tomaría alrededor de dos años en construirse dentro del Legislativo, lo que pasaría una enorme factura en contra de la atención sanitaria.

Desde la clase obrera se insiste en que hay que cuidar que el Gobierno no “manosee” estos dineros que pertenecen a los empresarios y trabajadores.

Daniel Durón, representante de la Central General de Trabajadores, lamentó el impacto que ha tenido la ausencia de una Ley Transitoria, mencionando pérdidas masivas para el Seguro Social y los trabajadores.

Pormenorizó que en el caso del RAP ha significado que unos 360,000 trabajadores dejen de percibir en sus cuentas particulares 3,500 millones de lempiras, o sea el 48% anual de sus prestaciones laborales.

“El norme impacto amerita que esto se revise y apruebe urgente en el Congreso, aunque tengo entendido que ya están en eso y que para esta misma semana se contemplan reuniones. Entre mas tiempo pase más pierden el Seguro Social y los trabajadores de Honduras.”, manifestó Durón.

El directivo de la clase obrera en Tegucigalpa recordó que particularmente el Seguro Social de San Pedro Sula ha recibido el impacto más fuerte porque es donde se concentra la principal fuerza laboral del país.

¿Qué contenían la Ley Marco y qué se espera de la Ley Transitoria? La Ley Marco de Seguridad Social estableció la obligación del Estado en cumplir con la deuda histórica, así como una gradualidad de los techos.

Su derogación implicó una suma de 344 millones de lempiras que el Seguro Social ha dejado de percibir; además de 70 millones de lempiras mensuales que tanto trabajadores como empresas cotizaban al RAP, osea el 3%, y que iban directamente a enfermedad y maternidad, que a la fecha acumulan 680 millones de lempiras.

Entre las principales desventajas que figuraban en la Ley Marco era el riesgo de la privatización de servicios de salud, lo que confrontaba al Seguro Social y lo que la clase trabajadora no respaldaba; no obstante, con la declaratoria de inconstitucionalidad, todas las conquistas y beneficios sociales quedaron en cero, desfavoreciendo a estos sectores.

Mientras tanto, la anhelada Ley Transitoria incluye que el RAP vuelva a captar el 4% mensual de reserva laboral, que regrese el pago de la deuda estatal al Seguro Social y todos los demás beneficios antes vigentes.

Contrario a lo que demandan sectores, para el diputado izquierdista Marco Eliud Girón aprobar una Ley Transitoria resultaría un tanto “peligrosa”, por lo que mejor propone una nueva ley que pueda discutirse en el hemiciclo, donde es imperativo haya un ambiente adecuado.

”La Ley Marco de Protección Social nace producto del desfalco del Ihss y le aumentaba el costo a los derechoabientes en cuanto a la cuota mensual que aportan. Además, privatizaban no solo los servicios del Seguro, también salud pública, por lo tanto fue declarada inconstitucional en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), pero la ocultaron y fue hasta esta nueva administración que se se descubrió que la ley era inconstitucional”, mencionó el diputado.

Girón pormenorizó que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se hace un borrador que será presentado pronto al Congreso Nacional para que pueda ser socializado por los parlamentarios. Adujo que Sedesol está detrás de esta propuesta porque la seguridad social no solo tiene que ver con un hospital, sino que también con las pensiones de jubilados, la invalidez o el fallecimiento de un trabajador.

“Esto lo está encabezando Sedesol, pero siempre con las consultas de asesores que sepan de seguridad social”, afirmó Girón, al tiempo que puntualizó que una vez llegue al Pleno, lo que restará es nombrar una comisión para que la socialice y dé su dictamen, aunque lamenta que “estemos en una medio de una insurrección y se boicoteen las sesiones, por lo que esto retrasa esta y otras leyes”.

Fue por unanimidad de votos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional la Ley Marco de Protección Social al considerarla lesiva para el sistema de seguridad social.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en 2015 por el Colegio Médico de Honduras (CMH) ante el Poder Judicial y, posteriormente, se presentó otro recurso contra la reforma al artículo 57 aprobada bajo Decreto Legislativo 106-2018 para disponer de los ahorros de los trabajadores cotizantes al Seguro Social.

Fue el 27 de octubre del 2022 cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la certificación CSJ-IHNSS de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que contenía esta sentencia.

Según los galenos, la Ley Marco de Protección Social violentaba al menos 36 artículos de la Norma Constitucional, siete del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales, tres del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 sobre Justicia Constitucional.

A la crisis del Seguro Social se suman más de 45,000 derechohabientes menos en este momento producto de miles de despidos o cierre de empresas, principalmente maquilas en la zona norte. Cada paciente aporta entre 1,200 y 1,400 lempiras mensuales.

La voz del sector privado resuena en medio del caos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expuso su preocupación porque desde hace mucho ha bajado la cantidad de afiliados al Seguro Social. Las condiciones laborales precarias y la insatisfacción generalizada de la población contribuyen a esta caída.

”El retiro de afiliados del Ihss alimentará la informalidad laboral, las empresas no exigirán afiliación y no optarán por distribuir a sus empleados en el Seguro Social. Esto genera un círculo vicioso y lamentable porque las personas decidirán pagar servicios de salud o de afiliaciones privadas”, señaló Obed García, oficial de Política Económica del Cohep.

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Según registros del Seguro Social analizados por LA PRENSA Premium hasta el año 2022, del total de la clase trabajadora en el país, había 1,254,550 entre afiliados y beneficiarios (padres, hijos y parejas), sumado a 13,842 jubilados y pensionados.

La mayoría de beneficiarios al Seguro Social en el país son trabajadores activos y sus hijos, de acuerdo con los últimos datos analizados. Hombres y mujeres están equilibradamente afiliados a la seguridad social. Gran parte de ellos viven en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Yoro, y Atlántida.

La población beneficiaria proviene básicamente de municipios como el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, El Progreso y La Ceiba.

Sondeos de la empresa privada indican que a la fecha hay más de 2.5 millones de hondureños sin protección social. A esta numerosa cantidad de personas, ante el bloqueo de poder ingresar al Seguro, no le queda otra alternativa que llegar y pedir atención en la red de hospitales públicos que maneja la Secretaría de Salud, entre ellos el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el cual presenta situaciones de asistencia aún más críticas, porque al igual que los otros centros, se carece de medicinas, equipos médicos, personal y persisten las condiciones físicas deterioradas.