Cárcel Mocorón, otro fiasco del gobierno

Por el temor a la migración e invasión de terceros, el pueblo misquito está dispuesto a evitar, como sea, que el Gobierno construya una prisión de máxima seguridad en la comunidad de Mocorón, departamento de Gracias a Dios.

Desde 2023, la administración de Xiomara Castro viene “dando tumbos” con este proyecto carcelario. Primero intentó edificar un presidio en la reserva marina de Islas del Cisne, pero luego desistió ante la oposición de la sociedad y la inviabilidad de la construcción. Posteriormente, insistió con Mocorón, otra área protegida.

Leónidas Vivian Pacheco, secretario de uno de los consejos territoriales de La Mosquitia, sostuvo: “Como pueblo misquito estamos rotundamente en contra de la construcción de la megacárcel en la comunidad de Mocorón. Además, somos un pueblo indígena protegido por el convenio 169 de la OIT y los tratados que Honduras también es firmante”.

Durante más de cien días, los pobladores de la zona se tomaron el sitio donde el Gobierno intenta levantar la prisión, a tal extremo que detuvieron temporalmente la obra, argumentando que esa es su tierra y que no quieren intromisión, sobre todo con un proyecto que les generaría problemas de todo tipo.

Pacheco lamentó que el Gobierno intente levantar una prisión en una comunidad indígena sin antes haber realizado un proceso de consulta con las comunidades.

“No se dio ese paso. Segundo, es que estas tierras no son del Estado; el Gobierno emitió un título de propiedad a los consejos territoriales”, argumentó el líder indígena.

Los 12 consejos territoriales en los seis municipios ya se manifestaron pacíficamente en contra de dicha construcción y emitieron un pronunciamiento, pero el Gobierno no lo entendió y ni siquiera ha intentado dialogar con los afectados, deploró.

Continuó: “El terreno donde se pretende construir la cárcel no es propiedad de ningún batallón; por el contrario, es un punto donde están enterrados nuestros ancestros y no permitiremos ningún tipo de profanación del espíritu de nuestros bisabuelos, tatarabuelos”.

Uno de los grandes temores de la población misquita es que, con la megacárcel programada para albergar a unos 20,000 presos, llegue también la invasión o migración de terceros detrás de cada reo. “¿Cuántas personas van a venir detrás de cada reo?”, se preguntó Pacheco.

Al mismo tiempo cuantificó: “Supongamos que cada uno tiene esposa y dos hijos; estamos hablando de más de 60,000 personas”.

“Vamos a seguir luchando para que esa cárcel no llegue a La Mosquitia. Nosotros no la queremos. La Mosquitia no quiere la cárcel de alta peligrosidad. Ya tenemos suficiente dolor de cabeza con nuestros paisanos y no queremos más personas de afuera. Ese es el punto de nosotros”, expresó Pacheco.

La gente de La Mosquitia ya se retiró del sitio donde la administración central, usando a los militares, pretende construir el nuevo centro penal, pero mantienen una ligera vigilancia.

En abril de 2024, la CIDH, en su informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras”, señaló que “la construcción de nuevas cárceles no constituye una solución idónea a los problemas del sistema penitenciario hondureño ni representa una solución sostenible en el tiempo...”.

Para el criminólogo Reynaldo Rubio, los sistemas carcelarios no representan en sí un factor para la reducción de la criminalidad. Aislar a un reo en un lugar recóndito realmente no disminuye la incidencia criminal o delincuencial.

“Una simple cárcel, sin fundamentos aleatorios que fortalezcan los procedimientos internos, no va a dar frutos adecuados. Un sistema carcelario sin métodos de seguridad, por ejemplo, con filtración de llamadas, acceso de teléfonos, corrupción administrativa, de nada servirá, aunque sus cárceles se construyan en la luna”, reflexionó.

Igualmente, una cárcel de nada servirá en la lucha contra el crimen y la delincuencia si el Gobierno no ataca la raíz del problema: la corrupción, la falta de oportunidades de trabajo, la poca atención a la educación y a la salud, y la ausencia de esfuerzos reales para reducir la pobreza, agregó Rubio.

Para el criminólogo, de nada sirve hacer cárceles “hasta en el cielo si no vamos a venir a atacar los principales factores de la delincuencia y la pobreza en este país, que es la corrupción. Usted ve esos innumerables ataques políticos que hay actualmente en la contienda electoral; no es para que el país salga adelante, la pelea es por los puestos, por sus beneficios o donde descaradamente se roba”.

Otro de los problemas es que el país carece de una política penitenciaria.

“Primero los centros penales los manejaba la Secretaría de Gobernación, después vinieron y se los dieron a la Policía y posteriormente a los militares, y la corrupción en ese sistema continúa. La droga y la extorsión siguen desde las cárceles. ¿Ahora a quién van a acudir?”, cuestionó Rubio.

Honduras ha enfrentado un grave problema de hacinamiento en su sistema penitenciario. Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir de datos de la Secretaría de Seguridad, indicó en 2023 que los centros penitenciarios presentaban una sobrepoblación del 149%.

En tanto, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) aseguró que el 80% de los presidios reportaban hacinamiento.

Ante este escenario, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha tomado acciones en la presente gestión, con una inversión superior a los 750 millones de lempiras en la remodelación y ampliación de las cárceles, aunque en un proceso poco transparente y mediante contratación directa.

Honduras posee 26 centros penitenciarios que, hasta enero de 2025, albergaban una población de 19,222 internos. El 55% son hombres y mujeres condenados, y el 45% restante están en condición de procesados, según datos de un informe de derechos humanos de este año.

A criterio de Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, si el Gobierno quiere al menos dejar iniciada la construcción de una cárcel de máxima seguridad para unos 20,000 presos, entonces debe buscar otro lugar que no sea tierra de los misquitos.

El defensor consideró que el Gobierno tiene un serio problema de controversia con la tierra ancestral de los pueblos indígenas.

“¿Qué nos dice esa legalidad? La legalidad dice que es la tierra ancestral de los misquitos o de los pueblos indígenas acantonados en Gracias a Dios”, enfatizó.

Además, cuestionó que pretendan levantar un edificio sin realizar ningún tipo de socialización justa, verdadera e informativa. La población de La Mosquitia nunca fue consultada.

“Sabemos de la buena intención para mejorar el sistema penitenciario en el país, pero no lleguemos a querer imponer en ningún pueblo”, exigió Maldonado.

Él cree que lo ideal sería que Honduras, en vez de construir presidios, construyera centros educativos técnicos para que los jóvenes no tengan que ser encarcelados. “Urge reinventar el sistema de salud y el sistema educativo nacional”, sostuvo.

Lamentó que el sistema de justicia del país sea precario y deje mucho que desear. “Aquí lo que más se quiere es ver gente presa, pero sin garantizarles el debido proceso; no se les garantiza otra situación más que estar privados de libertad. Y eso no es una alternativa viable para el Estado”, criticó.

Ahora, dijo Maldonado, “ojalá que el dinero destinado para esa cárcel no se pierda. El proyecto debe continuar, pero ejecutándose en un lugar correcto, entendiendo que la seguridad de una prisión no pasa por la lejanía donde se construya, sino por una edificación con las medidas de seguridad correctas y por una administración alejada de la corrupción”.