Exclusiva: Reos tienen “call center” para extorsión en la cárcel

TEGUCIGALPA

En una pequeña habitación dentro de la Penitenciaría Nacional de Támara, varios hombres -algunos tatuados y con prendas utilizadas por mareros- llaman sin cesar. Equipados con teléfonos y manos libres, marcan a sus víctimas y en tono amenazante exigen dinero (por miles) a cambio de respetarles sus vidas y negocios.

Pese al supuesto bloqueo de señales impuesto en las cárceles de Honduras, al menos en Támara hay un pequeño “call center” dedicado a la extorsión, según conoció la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

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Así operan desde los módulos de la cárcel capitalina estructuras criminales que extorsionan y que desde pequeños espacios acondicionados hacen sus llamadas y llevan registros en libros de los números de personas y negocios, así como los depósitos que cada uno hace tras ser intimidados.

Tienen lo requerido para operar: instalaciones de wifi (red inalámbrica), celulares, cargadores e instalaciones eléctricas para cargar los aparatos.

Tras las llamadas amenazantes, los depósitos de dinero no tardan en llegar. Gracias a una aplicación de teléfono, pueden reclamar los montos en efectivo en la misma cárcel.

Este grupo de extorsionadores, confiaron fuentes a LA PRENSA Premium, se reúne a diario a determinadas horas y cada uno empieza a marcar los números de un listado elaborado principalmente de la información que proporcionan los negocios en sus páginas de redes sociales.

Por ello, sus principales víctimas son los propietarios de emprendimientos en línea o restaurantes, aunque también logran conseguir números privados.

Dentro del pequeño cuarto, al cual entran casi agachados porque el techo es muy bajo, cada uno de los reclusos toma su rol, según fuentes. No todos hacen llamadas para extorsionar.

El primer punto de contacto con las víctimas es a través de mensajes de textos, pero si no contestan le envían mensajes de voz con amenazas de matarles la familia y les dan la dirección u otra descripción de su negocio para subir el tono de la intimidación.

En Támara, en el módulo llamado “Casa Blanca”, está recluido un hombre condenado a más de 60 años de prisión, quien es el encargado del reclamo de dinero que les llega por las extorsiones y junto a otros se encargan de la administración.

Este grupo está conformado por los llamados pesetas (expandilleros del barrio 18) y paisas, que extorsionan a volúmenes altos para agenciarse dinero.

Aparentemente comienzan a pedir cantidades bajas, entre 3,000 y 6,000 lempiras, advirtiéndoles a las víctimas que serán pagos mensuales, pero a otras les exigen depósitos semanales.

“Tenés que pagar 2,500, ya sabemos la dirección de tu negocio, así que ponete viva. Hacé lo que te decimos, sino te agarramos a uno de tus hijos”.

Eso es parte de uno de los mensajes de WhatsApp que un extorsionador de esta estructura envió a un microempresario, según constató este medio al conocer un caso puntual.

La víctima no contesta, por lo que el extorsionador procede a llamarlo varios veces (siempre vía WhatsApp), aunque tampoco le responden. Ante ello, después mandó audios en un tono más agresivo y señalando características del negocio que tiene la persona.El extorsionador sigue sin obtener respuesta, pero continúa con la amenaza: “Te vamos a matar, en la (se omite nombre de la colonia), ya tengo punteros, para que mires que estamos locos”.

Luego de múltiples amenazas por varias horas, el extorsionador logró su objetivo: esta víctima -atemorizada porque le mencionaron a sus hijos y le dieron referencias del negocio- cedió y tuvo que hacer un depósito de dinero con su nombre y destinado a un número de celular.

Otro de los mensajes que salen del grupo de delincuentes que extorsionan desde Támara son más directos y los delincuentes deciden hacerse videos con amenazas dando el nombre puntual de los transportistas, dueños de negocios u otras víctimas.En uno de esos videos se observa a un sujeto con su cara tatuada exigiendo dinero, advirtiéndole que se ponga “claro”.

En otra de las filmaciones aparece otro sujeto con gorra y una pistola en su mano haciendo fuertes amenazas a los objetivos.Esta forma de extorsión concuerda con las afirmaciones de investigadores que tienen claro que desde las cárceles se sigue extorsionando y que reos -como los paisas y pesetas- se están dedicando más a esa actividad ilícita, pues encontraron su forma de recibir dinero fácil.

De todas las llamadas extorsivas que salen de las cárceles no hay acusaciones en los juzgados, pues los agentes afirman que es muy difícil recabar las pruebas, pues se supone que en las prisiones hay bloqueadores de celulares y el uso de los mismos está prohibido.

No es que la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha no extorsionen, sino que estos grupos, como los paisas y pesetas, tanto dentro y fuera de las prisiones se están aprovechando de la situación y de la debilidad del sistema carcelario y de sus autoridades.

De igual manera, cabecillas de algunas maras y pandillas que están condenadas a prisión en Támara siguen ordenando crímenes, extorsiones y otros delitos.

La Pandilla 18, que opera por grupos, ha tomado el control territorial en colonias de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, Choloma y otras ciudades importantes de Honduras, detallan los investigadores.

En estas comunidades se dedican a extorsionar a grandes y pequeños negocios, así como a la distribución de drogas, según un listado elaborado por la Policía sobre zonas a intervenir con saturaciones.

La Pandilla 18, según las autoridades, es responsable principalmente de las extorsiones en contra de transportistas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.

Algunos transportistas afirman que en su mayoría están pagando a la 18 y otros grupos pequeños los amenazan en nombre de la MS-13.

Sobresalen capturas por extorsión de los grupos El Combo que no se Deja, banda Los Berríos, banda Los Vatos Locos, Los Benjamin, banda de Los Puchos, banda La Rumba, Los Guaricayan, Los Olanchanos, Los Chirizos, y Los Iluminati.

Algunos de sus integrantes ya tienen sentencias condenatorias de entre 15 y 20 años de prisión, pero siguen operando desde los presidios.

Aunque el 16 de septiembre de 2015 entró en vigencia la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niñas y Niños (decreto 43-2015), que prohíbe el uso de celulares e internet, los reclusos tienen todos los servicios a su disposición para operar como “call center”.