En la impunidad el 95% de crímenes contra hondureñas

San Pedro Sula, Honduras.

Detrás de cada número hay una vida y cada estadística representa una historia humana y un sufrimiento real en miles de familias.

Xiomara Chicas (de 36), quien se dedicaba a vender tortillas, fue ultimada la madrugada del 1 de mayo de este año mientras descansaba en su casa en el sector Lomas del Carmen, uno de los puntos más conflictivos de San Pedro Sula.

En otro episodio de violencia, el pasado 30 de abril, Nancy Lorena Anariba, una abogada conocida en el mundo del derecho, fue asesinada de un disparo en la cabeza supuestamente por su esposo en la colonia Las Hadas de Tegucigalpa.

Registros de la Secretaría de Seguridad del 1 de enero de 2022 al 5 de abril de 2023 refieren que se produjeron 413 homicidios de mujeres en todo el país, siendo el Distrito Central (52), San Pedro Sula (34) y Choloma (19), los municipios con mayores reportes.

La mayoría de víctimas tenían entre 25 y 38 años. Un total de 184 de ellas eran amas de casa, de 163 no hay datos consignados y 23 trabajaban como comerciantes, de acuerdo con datos oficiales.

Autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) detallaron que el 77.6% de las mujeres han muerto por arma de fuego. En cuanto a lugares, el 41.4% ocurrieron en la vía pública y el 56.9% de los eventos pasaron en el área urbana. Mientras tanto, la Policía da cuenta de 1,516 personas capturadas (62 mujeres y 1,454 hombres) por su supuesta participación en muertes de múltiples durante el período de tiempo en cuestión.

Las muertes violentas de mujeres en Honduras se han convertido en una epidemia que ha cobrado la vida de muchas a los largo de décadas y la impunidad en estos casos es uno de los principales obstáculos para la justicia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la tasa de impunidad actual es del 95%, esto significa que solo el 5% de los casos de muertes de mujeres resultan en una condena judicial.

De las más de 400 muertes contabilizadas por la Policía hondureña en casi año y medio, 183 casos se mantienen en proceso de investigación, en 102 hechos se tiene como línea principal las enemistades personales y se coloca en tercer lugar como motivo de suceso los problemas pasionales.

Autoridades sostienen que de los 1,516 procesados, de 1,443 se desconoce si pertenecen a una organización criminal en particular, pero se presume que 32 sospechosos pertenecen a la Pandilla 18, 38 a la Mara Salvatrucha y otros tres conforman las bandas Mito Padilla, Los Pelones y Los Peludos. La implicación de integrantes de asociaciones delictivas hace suponer a los investigadores que varias de las víctimas mujeres tenían algún nexo criminal.

Luis Maldonado, experto en seguridad, enfatizó que el Gobierno no tomado medidas sostenibles y ha perdido múltiples recursos. “La mujer es víctima porque ha entrado a espacios peligrosos: distribución de drogas, sicariato, roles de liderazgo y tipo financiero dentro de maras y pandillas, además de haber perdido la capacidad de convivir a nivel comunitario y familiar”, afirmó el general en condición de retiro.

Maldonado es del criterio que pese a que se ha integrado mujeres en cargos importantes en la Secretaría de Seguridad, los resultados no son tan visibles. “No conviene señalar a Xiomara Castro como la principal responsable, aunque tiene obligación compartida con los gabinetes y secretarías. Me parece que no ha habido una buena coordinación entre las políticas públicas de parte de la presidencia y la ejecución de políticas de parte de las secretarías de Estado”, subrayó el exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).

El patrón de violencia no ha dado tregua con el cambio de administraciones gubernamentales en el país y, aunque la tendencia de resultados negativos ha venido bajando, la variable comparativa es mínima. Por ejemplo, desde 2015, un año después de asumir como presidente Juan Orlando Hernández, hasta 2021, las muertes violentas de mujeres se mantuvieron entre 478 y 330, pese a que el exgobernante adoptó una ola de medidas de lucha contra los criminales, incluyendo la masiva presencia de policías militares en las calles, para dar soporte a miembros de la Policía Nacional.

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El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro llegó a la silla del poder con la promesa de darle justicia a todas las mujeres víctimas de la violencia, pero a la fecha tiene dificultades para cumplirles. En su agenda inicial destacó su plan para combatir el flagelo de la inseguridad, fenómeno que durante su primer año cobró la vida de 303 mujeres (27 decesos menos que durante el mandato de su antecesor) y 110 a casi cuatro meses del presente año.

Castro de Zelaya impulsó una alianza conformada por múltiples sectores considerados vulnerables, entre ellos las mujeres, lo que desencandenó una victoria avasalladora frente a su entonces adversario político. Durante su primer discurso como mandataria exclamó que entre su plan de gobierno figuraba la protección hacia la mujer, eso incluía salvaguardar sus vidas. “Ya no más violencia contra las mujeres, voy con todas mis fuerzas ¡Hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos! ¡Hasta la victoria siempre!”, aseguró ante multitudes. Semanas después creó la Secretaría de la Mujer y se implementó un alto presupuesto en favor de su atención integral, pero la reducción de femicidios u homicidios contra este sexo continúa siendo una cuenta pendiente.

El 25 de enero de este año, cuando se instaló la segunda Legislatura en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través de la designada presidencial Doris Gutiérrez presentó un informe de logros en favor de las mujeres, sin embargo, la misma funcionaria reconoció que aún queda mucho trayecto para garantizar sus derechos. Por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer es un proyecto que trabajaron organizaciones de mujeres hace varios años y lo expusieron a Xiomara Castro el 8 de marzo de 2022, día cuando la misma mandataria prometió que la enviaría al Congreso para su aprobación, pero hasta ahora ni siquiera la han discutido.

Del mismo modo, desde el 12 de agosto de 2022 se entregó una propuesta sobre casas refugio a la Secretaría de Asuntos de la Mujer y al Congreso para avanzar en su aprobación. El anteproyecto busca que estos lugares sirvan de albergue temporal y seguro a mujeres en riesgo.

Sobre este apartado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) discrepó que en el país únicamente existan ocho casas refugio para atender a víctimas, pese a que la Ley contra la Violencia Doméstica establece que deberían haber en los 298 municipios.

El organismo considera que son necesarias, puesto que solo entre 2002 y abril de 2023 hubo 7,600 muertes de mujeres, de las cuales, 300 se registraron en el 2022 y 90 en tres meses y medio del 2023.

Entre el 2018 y el 20 de abril del 2023, la institución atendió al menos 15,948 denuncias de mujeres por considerar que estaban en riesgo su integridad física, su vida y acceso a la justicia. Gran parte de quejas fueron en Francisco Morazán, Cortés, Copán, Olancho, Yoro y Atlántida.

La coordinadora de defensorías, María José Gálvez, declaró que el impacto de estas muertes deben analizarlo autoridades, principalmente por casos de niños que quedan huérfanos, desprotegidos y que muchas veces aún sufren violencia. Indicó que hay mujeres que han fallecido a manos de su pareja o allegados a ellas, pero también son víctimas del crimen organizado y maras.

Merlin Eguigure, directora de Visitación Padilla, externó su preocupación por las formas de violencia que sufren mujeres, siendo la más visible los femicidios.

“La violencia es un problema cultural e histórico que no resolverá un gobierno en poco tiempo, se requieren medidas profundas, pero hay poco interés de los tomadores de decisión para fortalecer unidades de investigación en el Ministerio Público”, cuestionó.

Eguigure recordó al resto de mujeres la necesidad de denunciar cualquier maltrato, mientras que al Congreso Nacional pidió aprobar la Ley de las Casas Refugio, y finalmente, al Poder Ejecutivo, demandó no olvidar a las mujeres dentro de la política de seguridad y destinar más recursos para erradicar el problema.

Diferentes sectores de la sociedad civil concuerdan que es necesario elaborar estrategias rigurosas encaminadas a proteger la vida humana como tal, incluir nuevos enfoques dentro de sus políticas públicas y modificaciones en el actual Código Penal, con penas más fuertes para que las víctimas reciban justicia.