Hablar de transparencia no es tan difícil, aunque se vaya perdiendo el correcto uso del lenguaje y se acumulen invenciones para impresionar y proyectar imagen de modernidad en el mundo digital donde cada día se inventan nuevos vocablos. Pero no es ello a lo que nos referimos, sino a la conducta de funcionarios, personal dependiente del presupuesto y organismos públicos supuestamente para facilitar oportuno y completo acceso a la información sobre la administración de los recursos públicos.
Habrá funcionarios, diputados y cierto personal que actúen con claridad, es decir, que la fuente original de los recursos -los ciudadanos con sus impuestos- conoce la administración de los fondos públicos, pero en muchísimos casos y no es necesario quebrarse la cabeza para hallar ejemplos, todo pasa sin que pase nada. Quienes por honestidad debieran dar cuenta no la dan y quienes, como obligación, debieran pedirla tampoco lo hacen, con el resultado más evidente de escasísima credibilidad y total desconfianza en quienes gobiernan. Basta echar una mirada en los millones entregados para asuntos sociales, apoyo a las comunidades en el Congreso Nacional, para confirmar lo que venimos diciendo con la complicidad de quienes deben exigir cuentas como paso necesario para la transparencia. ¿Quién las da de lo recibido para el pueblo, para aquellos más olvidados? Se conoce, aunque tardíamente lo confiado, pero su uso es otro cantar, pues no queda rastro y si se hallan huellas basta un decreto en el parlamento para amparar el “saqueo” legal del presupuesto.
Todavía resta ahondar en la utilización de emergencia de la pandemia para seguir el cauce de millones, cuya prueba más fehaciente son los hospitales y equipo que se hallan “resguardados” sin beneficio alguno para la población, pese a las necesidades en salud y a la millonada utilizada para su adquisición. Como era emergencia, la carrera justificó las compras, pero ahora como fueron otros ya no sirven y los millones se fueron por la tubería de los desechos.
LA PRENSA Premium mostró esta semana otro de los casos con transparencia ausente desde la raíz misma del problema. ¿Compraron ambulancias a un costo de 70 millones de lempiras para el Sistema Nacional de Emergencia 911? La pregunta no es necia porque las unidades no aparecen ni se sabe de ellas. Tal cantidad de vehículos no es fácil de ocultar y mucho menos ponerlos en circulación, pese a los enormes agujeros en la acreditación de propiedades. El por qué y el para qué tienen explicación, pero donde se halla el nudo gordiano es en el “cómo”, porque se hizo al amparo de la Ley de Secretos. Y si era secreto legal veremos si se realiza inventario y se logra ubicar las más de cien unidades automotores, averiguar su destino y deducir responsabilidades.
