Hasta ahora, la actividad marítima hondureña ha estado limitada a las aguas del mar Caribe y el golfo de Fonseca. Tras la ratificación del Tratado de Límites con Nicaragua, documento de suma importancia jurídica e histórica para ambas repúblicas que pone fin a disputas y reclamos, suscrito el 27 de octubre de 2021, ratificado al día siguiente por la Asamblea Nacional nicaragüense y hasta ahora por nuestro Congreso, quedan pendientes dos temáticas de derecho internacional con Belice respecto a Cayos Zapotillos, ubicados a 50 kilómetros al noroeste de Puerto Cortés y parte integral de nuestros territoriales insulares, incluidos en nuestras constituciones políticas como pertenecientes a nuestra soberanía, lo que es disputado por la vecina nación, que los reclama como suyos, e iniciar negociaciones con El Salvador a efecto de pactar los límites marítimos en el golfo de Fonseca para de esta manera tener acceso libre y directo al océano Pacífico.
En el primer caso, eventualmente ambas partes presentarán sus respectivas posiciones jurídicas a consideración de la Corte Internacional de Justicia a efecto de que sea este alto tribunal el que emita fallo definitivo e inapelable. Con relación al segundo, deben iniciarse a la brevedad negociaciones con la Cancillería salvadoreña para efectos de delimitación de las aguas en el golfo de Fonseca, más allá de las tres millas pertenecientes a cada uno de los tres países ribereños: Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Idealmente, el arreglo directo bilateral debe ser la solución, siempre y cuando el actual Gobierno salvadoreño proceda de buena fe, con voluntad política al más alto nivel, para dejar atrás, de una vez y para siempre, pretensiones indebidas que históricamente han caracterizado su posición territorial y marítima respecto a nosotros, lo que provocó crecientes tensiones entre una y otra nación, culminando con la trágica invasión a nuestro suelo en 1969, en una guerra no declarada que provocó muerte, pillaje y ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales hasta la firma del Tratado General de Paz, en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, y la delimitación de los bolsones en seis sectores disputados por parte del más alto tribunal internacional el 11 de septiembre de 1992. Desde ahora, Honduras debe actualizar su posición con respecto a la contraparte, con la esperanza de que finalmente se alcance un arreglo equitativo y justo para los intereses de ambas partes. Ambos pueblos, los que poseen mayores afinidades en Centroamérica, serán los beneficiados, y Honduras tendrá finalmente el derecho de acceder a mar abierto en el océano Pacífico, con el consiguiente beneficio económico, aspiración a la que hasta ahora no ha podido acceder, debido a la intransigencia salvadoreña, misma que debe ser depuesta para bien y provecho de los dos países.
