Informes proporcionados por la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA, refieren que nuevamente el Estado hondureño estaría pagando una cuantiosa suma de dinero -203 millones de lempiras- por una mala e ineficaz contratación que no proveyó costos adicionales en la compra, fabricación y distribución de al menos 1.3 millones de placas y pegatinas vehiculares que serán puestas próximamente en circulación por el Instituto de la Propiedad (IP), pretextándose dicho incremento en que serán más modernas y que contendrán elementos de alta seguridad, lo que en la práctica viene a ser un albur, debido a que no se dispone en el país de los equipos electrónicos necesarios para leerlas, sirviendo entonces esta circunstancia como una simple excusa para validar su alto precio.
El costo que anteriormente se pagaba en el país por un juego de placas automotrices era de 9.13 dólares y ahora, con esa modalidad se pagará la cantidad de 26.57 dólares, o sea un incremento de 17.44 dólares solo por ser más bonitas, lo que es injustificable en una economía débil como la hondureña. Y lo peor de esto es que el Estado absorberá parte de ese costo adicional por una mala tratativa de su contraparte, que no dispuso de los elementos necesarios en cuanto a condiciones y costos de dicho contrato. De conformidad con la ley, la Administración Pública está obligada a planificar debidamente, programar, ejecutar y controlar las condiciones de los contratos, de modo que sus necesidades satisfagan su verdadero costo y calidad que permita la selección de la oferta más conveniente al interés general, y en las mejores condiciones de racionalidad y sobre todo, de eficiencia en la producción de dichos bienes o servicios.
No como ha sucedido en el caso que nos ocupa, que se incorpora un elemento supuestamente de seguridad, imposible de poner en práctica por carecer en el país de los medios tecnológicos necesarios para su lectura, tal como este diario lo hizo saber en su investigación, y sin que mediara por parte de los técnicos nacionales el correspondiente análisis y evaluación de la más adecuada oferta al mejor interés público de la nación.
En los Estados Unidos, en donde no puede negarse que este aditamento requiere las mejores condiciones tecnológicas y de seguridad, como las alegadas por las autoridades hondureñas, el precio varía en cada Estado y tienen diferente costo según las propias regulaciones estatales y en atención a algunos aspectos como el cilindraje o el precio de los vehículos. Pues bien, en los Estados que se pueden adquirir las placas a un costo menor que el nuestro las encontramos en Mississippi y Nebraska cuyo costo es de 15 dólares, en Arkansas 17 dólares y en Georgia 20 dólares. Lo cual no justifica entonces el alto precio que se pagará en Honduras.
Esta circunstancia debe obligar a las autoridades correspondientes a explicar las verdaderas razones que motivan un precio fuera de la realidad hondureña, que sin lugar a dudas estará infligiendo un perjuicio económico de altas proporciones a las finanzas públicas y a los bolsillos de los particulares.
