La capacidad de normar, la responsabilidad ante la ciudadanía, y la capacidad de obligar cumplimiento (deben residir en la misma entidad, ya que la ausencia de cualquiera de los tres elementos hace difícil o ineficiente cumplir con la función. En el caso del transporte público en nuestras ciudades está fragmentado entre el Gobierno central, la Dirección Nacional de Tránsito y la municipalidad.

Los permisos para operar taxis y buses y su forma de controlarlos no dependen de una función constitucional delegada al Gobierno, ni un desafío de seguridad nacional. Por tanto, lo que tenga aplicabilidad en un solo término municipal puede ser manejado por la autoridad local competente. El Estado quedaría a cargo de crear los marcos legales y supervisar la operación, sin desechar capacidades ya establecidas.

La municipalización debe ir acompañada de la simplificación. Los avances en la tecnología tienen un efecto potencial importante en mejorar el servicio a los usuarios. Idealmente, se pueden integrar los sistemas existentes para mejorar el servicio, pero en ausencia de esto igualmente continuará la marcha del progreso.

Por tanto, conviene aprovechar la coyuntura para que, incorporando los operadores actuales, se elimine al máximo la burocracia y el secreto en estos procesos. Se pueden replicar soluciones a muchas de las tareas que hace el Gobierno que se han ido volviendo más transparentes y ordenadas (pagos a la SAR, emisión de pasaportes, etc.), donde todos los trámites sean en línea y públicos.

La dinámica del transporte en las ciudades se vuelve cada vez más compleja. A medida que pase el tiempo se volverá más complicado hacer esta transición necesaria. Por tanto, urge una discusión nacional para estructurar la corrección de estos problemas.