No creemos que se trate del abordaje de las nuevas tendencias del derecho, que encuentran su génesis evolutiva en los cambios económicos, sociales y espirituales, sino más bien un acomodo nada saludable, a establecer la fuerza bruta como la mejor forma de ley; es una mezcla de intereses más que una norma que imparte justicia, pues el desbalance entre distintas figuras delictivas es tan grande que para algunas de ellas, casi se exige un aplauso o son tratadas como un simple préstamo bancario que se puede pagar en cuotas sin intereses.
El nuevo Código Penal ha desfigurado casi por completo algunas instituciones que se constituían en garantías de los derechos constitucionales, pero que esta nueva legislación ha puesto en entredicho, como el derecho de propiedad, que ha quedado menoscabado, disminuido y prácticamente sin garantías jurídicas. Y ante la argumentación que así como las calumnias, las figuras penales en materia de derecho de propiedad toman un cauce civil, lo cierto es que la configuración misma del delito como tal y su falta de sanción, menoscaban un derecho como es la propiedad privada.
Y esta disminución y falta de garantías que el nuevo Código Penal le da al derecho de propiedad, traerá serias consecuencias, ya que es difícil convencer a la inversión nacional y extranjera, en un país que de por sí aparece como inseguro jurídicamente, cuando los daños a la propiedad privada son tratados en la nueva legislación penal como delitos bagatelas, donde ni el ente fiscal, ni el ente policial, manifiestan ningún interés en su persecución por la falta de claridad en su trato legal y los bemoles que mezclan lo civil, penal y administrativo.
A merced de semejante legislación y ante la magnitud de las invasiones que enfrenta la empresa privada, esta última quedará en una total indefensión, sin que hasta ahora haya expresado su posición con semejantes cambios que dificultarán la solución de los problemas de invasión de tierras y que harán que cada día la inversión vea como el sistema más fiable para asegurar la inversión, invertir en las zonas de empleo y desarrollo económico. Empero, la propiedad privada en materia inmobiliaria continúa siendo un elemento determinante de una reforma económica y social, el problema es que quienes nos gobiernan no lo entienden así y lo manejan como una fuente de réditos políticos y cálculo electoral.
Entonces, si vamos a configurar los daños a la propiedad privada como delitos bagatelas, si su persecución resultará tan compleja y difícil que animará su menoscabo y la seguridad jurídica de la misma, entonces se necesitará adecuar la legislación civil a esta nueva realidad, para que sea desde este ámbito donde de nuevo el derecho a la propiedad privada recobre su importancia y su puesto en la constelación de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
