La instalación de la
Maccih en
Honduras es una prueba de las debilidades institucionales nacionales y el fruto de la falta de compromiso de los hondureños para asumir plenamente los retos del ejercicio soberano que les corresponde dentro del
sistema democrático, por ello es que sus resultados son exiguos. Y como ha sido vista como una virgen milagrosa que viene a salvarnos de la corrupción, cualquier cosa que se diga de ella estremece el entramado doliente que se ha producido en el país, bajo el manto sucio de la dependencia internacional.
Como es natural, ha hecho algunas cosas buenas, menos que las esperadas. Muchos creían que igual que la Cicig en Guatemala, dependiente de la ONU, pondría en la cárcel a Juan Orlando Hernández, presidente de la república; pero no ha dejado de estremecer al sistema jurídico. Especialmente cuando, bajo la dirección del peruano Jiménez Mayor, recurrió al espectáculo y le dio razones a esta sociedad dormida para mantenerse despierta frente a una “telenovela”, en la que hicieron de la ex primera dama Rosa de Lobo la víctima con la que se ha buscado entretener a los hondureños. Lo más significativo, especialmente por los efectos colaterales producidos, la Maccih será recordada por los daños que le ha inferido a la credibilidad del Congreso, con lo que, con el caso Pandora, destruyó en forma poco responsable la frágil línea de confianza que había entre el sistema democrático, los partidos políticos y la ciudadanía.
Se llaman efectos colaterales los producidos sin ser buscados; pero que reciben los grupos, que sin ser parte del conflicto, por imprecisión, absorben proyectiles destructivos. La Maccih no ha querido destruir el sistema democrático, no lo creemos. Lo que ha deseado es justificarse, frente al pueblo, como ante los donantes externos que aportan dinero, que incluso favorece a la OEA, que siempre ama sin reales en la bolsa. Por ello, al acusar a los diputados, ninguno de los que ha encarcelado, como fija el libreto de este espectáculo judicial, ha puesto en cuestión la calidad representativa del mismo y colocado en evidencia la falta de controles ciudadanos sobre el desempeño de los llamados mandatarios – es decir, mandaderos del pueblo– que han canalizado el uso del dinero público en obras; pero también algunos en sus beneficios particulares. El Congreso en una acción natural se ha “blindado”.
No obstante, ha producido otro efecto colateral más peligroso. Ha introducido el miedo en la administración pública, que si antes era lenta en la toma de decisiones, ahora lo es mucho más. Los burócratas tienen miedo, todos postergan los desembolsos. Incluso para protegerse quieren que sea el Congreso el que se comprometa. El mejor ejemplo es la reforma de la educación y la salud, que no se hace por miedo a la Maccih, generando la incomodidad y el disgusto de médicos, enfermeras y maestros, que se han tomado las calles.
Por ello, no es noticia que un fiscal brasileño se vaya y venga uno italiano. La Maccih no tiene capacidad para cambiarse a sí misma, como tampoco la ha tenido para hacer lo que irresponsablemente los hondureños, por cobardía, tampoco hemos hecho.
Maccih
