La extorsión es un acto delictivo antiquísimo, pero severamente castigado y controlado en diferentes países, cuando no hay autoridades confabuladas.
En Honduras, este fenómeno de la extorsión es conocido como impuesto de guerra y desde las últimas décadas manejado por el crimen organizado se ha convertido en una de las peores epidemias, especialmente para la población trabajadora a todo nivel.
Como muestra, según datos de autoridades de la Cámara de Comercio de la Industria de Tegucigalpa, en años anteriores confirmaban que un promedio de 600 millones de lempiras se han pagado al año por cobro de este vergonzoso y penoso delito que continúa abatiendo a la población hondureña. Un promedio de 18,000 negocios extranjeros y nacionales de diferentes sectores y escalas han cerrado y otros emigrado a otros países, como resultado 72,000 desempleos más en un espacio de 2 años.
Y, lo más lamentable, miles de pérdidas de vidas humanas en todos los 298 municipios que conforman el territorio nacional, que han y siguen llenando de luto a la sociedad hondureña. El crimen organizado, especialmente integrado por las maras y pandillas, ha sido controlado a medias, aunque las cárceles de La Tolva y El Pozo estén abarrotadas y la Policía multiplicada.
Pues entre los sectores más afectados por las extorsiones están los mercados populares y el sector del trasporte, donde los primeros han estado pagando un promedio de 400 millones de lempiras anualmente y los segundos un promedio de 540 millones de lempiras.
Este sucio y repugnante delito está vigente en la actualidad y aseguran que si las cifras de muertes han bajado es porque los extorsionados están puntuales con ese pago de vida o muerte. La pregunta analítica, crítica y reflexiva es quiénes están detrás de este vil y criminal delito en un país llamado Honduras.
