La educación en Honduras continúa siendo para privilegiados en todos los niveles, sea pública o privada, y en las últimas décadas el Capítulo VII de la Constitución del país, titulado La Educación y la Cultura se ha convertido en una utopía.
Desde el artículo 171 que literalmente comienza: “La educación impartida oficialmente será gratuita y la básica será, además, obligatoria totalmente y costeada por el Estado”, y complementando esta falacia constitucional, dice en el artículo 152: Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrán de darles a sus hijos.
Las instituciones estatales no son enteramente gratuitas y no han sido obligatorias. Las verdaderas estadísticas de organizaciones no gubernamentales lo han demostrado a través de enésimos estudios.
Y la mayoría de las entidades privadas por más de medio siglo, declaradamente se han convertido en todos sus niveles, en empresas mercantiles y sin control por parte de las autoridades competentes, pues se basan en el tradicional libre mercado de la oferta y la demanda y la educación es tratada como mercancía donde su objetivo directo es el lucro.
Es estas instituciones, desde el prekinder hasta la educación superior utilizan el lema económico francés de: Laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, donde las carreras se encogen en tiempo y espacio.
Pero analicemos alguna crisis de la educación pública, solo al comenzar el año, enero se convierte en el dolor de cabeza para los padres de familia, el presupuesto para la compra de útiles escolares se vuelve un martirio, pues no existe un auténtico control de precios de los entes gubernamentales, especialmente de la Fiscalía de Protección al Consumidor.
Como indicador palpable es que un 1,7 millones de escolares y colegiales estudian, pero 1,2 millones no estudian en un país llamado Honduras.
