El Tribunal Supremo decidió este viernes mantener en prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, una complicación más para los partidos independentistas que buscan la manera de formar un gobierno regional con sus líderes encarcelados o en el extranjero.
Carles Puigdemont es el principal candidato a presidente, tras haber sido destituido por el gobierno español de Mariano Rajoy, pero se encuentra en Bélgica y si volviera a España podría correr el mismo destino que su exnúmero dos.
En prisión preventiva desde hace dos meses en el marco de una investigación por rebelión y sedición, Junqueras reclamó sin suerte ser liberado para poder ejercer como diputado del nuevo parlamento regional que debe constituirse el 17 de enero.
Sin embargo, la sala de apelación del Tribunal Supremo coincidió con el juez instructor del caso, Pablo Llarena, en mantener en prisión al ex vicepresidente catalán por el riesgo de reiteración delictiva.
'No hay ningún dato que permita entender que Junqueras va a abandonar la idea de proclamación unilateral de la independencia', señaló el tribunal en un comunicado.
El Supremo acusa a Junqueras de alzarse contra el Estado español, 'un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho'.
Y aunque reconoce que él mismo no participó en actos violentos concretos, le reprocha haber 'incitado a los ciudadanos a desobedecer al Tribunal Constitucional y a movilizarse, haciendo previsible, con alta probabilidad, que hubiera enfrentamientos en los que apareciera la violencia'.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, aseguró en una nota enviada a los medios que se trata de una 'resolución muy dura' en la que 'se declara culpable a alguien en un procedimiento que no ha comenzado'.
Además, acusa a los magistrados de 'forzar la realidad creando una realidad alternativa en la que Oriol Junqueras sería una persona agresiva, instigadora de la violencia para neutralizar un adversario político'.
Días después de la proclamación de una 'República Catalana', votada por el parlamento regional el 27 de octubre, el gobierno regional presidido por Puigdemont fue inculpado de 'rebelión' y 'sedición' por impulsar dicho proceso de secesión unilateral.
Puigdemont y otros cuatro escaparon de la acción de la justicia al haber marchado poco antes a Bélgica pero el resto de integrantes del gobierno fueron encarcelados el 2 de noviembre.
Un mes después, casi todos fueron liberados a excepción de Junqueras, organizador del referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre, y el responsable de Interior, Joaquim Forn.
