Familiares y amigos de personas desaparecidas, así como activistas, exigieron hoy al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que mantenga su Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
De acuerdo con Diana Iris García, integrante de Fundem, agrupación formada por cuatro organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de México, Honduras y El Salvador, el 9 de enero Peña Nieto fijó la fecha del encuentro, aunque la noche del martes se comunicó que no había disponibilidad en la agenda.
'La agenda nacional no puede estar apretada para las víctimas de la guerra. Lamentamos el bajo nivel de atención, la insensibilidad, la falta de palabra empeñada y hasta la irresponsabilidad de negar la audiencia y la palabra a las familias organizadas', expresó García al leer un pronunciamiento conjunto durante la protesta.
Para Brenda Rangel, quien desde el 10 de noviembre de 2009 exige saber el paradero de su hermano, se requiere un diálogo 'permanente' y definir acciones para una 'verdadera' búsqueda, investigación y atención a familiares de las víctimas.
Comentó que actualmente existen 500 casos comprobados de personas desaparecidas en los últimos seis años, aunque la cifra podría elevarse 'ya que muchas personas por miedo no se atreven a denunciar'.
Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, la cifra de desaparecidos ronda los 20.000. Por la tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que reiteró 'su disposición para mantener una interlocución con todos los grupos de víctimas y familiares de personas desaparecidas, a fin de trabajar conjuntamente en las investigaciones en curso y encontrar a los desaparecidos'.
'Prueba de ello es la reunión que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo el viernes pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con diversos grupos organizados de familiares de desaparecidos', expuso la dependencia.
Osorio Chong tuvo el viernes pasado un primer encuentro con familiares de personas desaparecidas, a quienes prometió analizar la posibilidad de abrir una vicefiscalía especial además de establecer contacto con las instancias estatales correspondientes para avanzar en las investigaciones en curso.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el flujo de indocumentados que pasan por México es de unos 400.000 al año, la mayoría procedentes de Centroamérica.
Cerca de 70.000 de ellos son detenidos en el camino y sometidos a vejaciones y extorsiones por parte de autoridades corruptas y miembros de los carteles del crimen organizado, que muchas veces los secuestran para exigir rescate a sus familiares o para integrarlos a sus filas. EFE
