Discriminación hacia inmigrantes, desahucios por impagos hipotecarios y algunos abusos policiales son los principales problemas detectados en España en el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El documento, hecho público el miércoles, alertó por segundo año consecutivo sobre el impacto social de las estrictas medidas de austeridad que está aplicando Europa para combatir la crisis económica.
En lo que respecta a España, advirtió el retroceso que suponen medidas como la adoptada hace un año para limitar el acceso a la sanidad de los extranjeros sin autorización legal para residir en el país.
El gobierno justificó su reforma en la necesidad de salvaguardar el sistema sanitario. Desde entonces los inmigrantes sin autorización son atendidos gratuitamente en urgencias, pero deben pagar cuotas mensuales que rondan los 75 dólares por su atención regular. 'Esto no es un recorte, es una violación de los derechos humanos', dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España en rueda de prensa.
La organización también denunció casos de racismo, como la identificación arbitraria de personas por razones de etnia o raza.
Otra de las novedades con respecto a años anteriores se refiere a los desahucios forzosos de vivienda por impagos hipotecarios, consecuencia directa de la recesión y el rampante desempleo de 27,2%. Las entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con dinero público, embargaron 38.976 casas en 2012, de las que 30.034 eran la vivienda habitual del propietario, según el Colegio de Registradores de la Propiedad.
La media fue de unos 100 desahucios al día y se calcula que al menos cinco personas se suicidaron tras recibir la orden de desalojo.
Amnistía Internacional aseguró que los colectivos más vulnerables son los más afectados y pidió una ley clara que defienda la vivienda como un derecho fundamental.
'Lo que ocurre en España con la crisis en materia de salud y vivienda es de preocupación internacional', señaló Beltrán.
A su vez, el informe documentó el exceso de fuerza policial en algunas de las numerosas manifestaciones contra las medidas de austeridad y censuró el proceso contra el juez Baltasar Garzón, inhabilitado desde 2012 en su intento por investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y dijo que las autoridades españolas están cerrando la puerta a cualquier causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado.
Por último, y al igual que en informes anteriores, Amnistía Internacional pidió que se investiguen con más diligencia algunas denuncias puntuales de torturas formuladas por presos del grupo armado vasco ETA. Sin embargo, no consideró que estas prácticas, que el gobierno atribuye a una estrategia habitual de defensa de los activistas etarras, sean generalizadas en España.
