El Paso, Estados Unidos.
El Condado de El Paso, su sheriff Richard Wiles y la organización Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Tcrp), interpusieron una demanda contra la ley antiinmigrante SB 4 de Texas, argumentando que el estatuto fomenta la discriminación racial y es inconstitucional.
La demanda fue presentada el lunes ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, y es la segunda que se interpone ante esa instancia desde que el gobernador, Greg Abbott, promulgó el estatuto el pasado 7 de mayo.
La pequeña comunidad de El Cenizo, en la frontera de Texas con México y la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick, fueron los primeros en presentar una demanda, dos días después de que la ley fuera promulgada.
Otras jurisdicciones, como la ciudad de Austin, el Condado de Travis y el condado de Dallas han aprobado resoluciones en las que se comprometen también a interponer recursos contra la SB 4.
La ley SB 4, que entrará en vigor el 1 de septiembre, contempla que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La legislación también castiga a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
El Condado de El Paso, su sheriff Richard Wiles y la organización Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Tcrp), interpusieron una demanda contra la ley antiinmigrante SB 4 de Texas, argumentando que el estatuto fomenta la discriminación racial y es inconstitucional.
La demanda fue presentada el lunes ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, y es la segunda que se interpone ante esa instancia desde que el gobernador, Greg Abbott, promulgó el estatuto el pasado 7 de mayo.
La pequeña comunidad de El Cenizo, en la frontera de Texas con México y la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick, fueron los primeros en presentar una demanda, dos días después de que la ley fuera promulgada.
Otras jurisdicciones, como la ciudad de Austin, el Condado de Travis y el condado de Dallas han aprobado resoluciones en las que se comprometen también a interponer recursos contra la SB 4.
La ley SB 4, que entrará en vigor el 1 de septiembre, contempla que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La legislación también castiga a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
