Cuatro empresarios de grandes constructoras peruanas que fueron socias de la brasileña Odebrecht quedarán bajo prisión preventiva, acusados de sobornar al expresidente Alejandro Toledo a cambio de una obra pública, en la primera decisión judicial que alcanza a ejecutivos del país.
'Este despacho considera que se dan los ingredientes de peligro de fuga y obstaculización a la justicia (...) Es proporcional aplicarles prisión preventiva de 18 meses a los cuatro investigados', dijo el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia la madrugada del lunes.
Los cargos son por colusión y lavado de activos, y la decisión se adopta a pedido de la Fiscalía, ante un posible peligro de fuga de los implicados.
En la investigación están envueltas tres de las mayores constructoras de Perú: Graña y Montero, JJ Camet y la firma ICCGSA, que trabajaron en consorcio con Odebrecht. Graña es una poderosa compañía que cotiza tanto en la Bolsa de Lima como en la de Nueva York.
Por Graña quedan en prisión José Alejandro Graña Miró Quesada, hasta hace poco presidente del directorio de la compañía y uno de los empresarios más emblemáticos del país. También Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de la firma.
Por JJ Camet, va preso su presidente Fernando Gonzalo Camet Piccone y, por ICCGSA, su director gerente José Fernando Castillo Dibós.
En tanto, Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, quedará bajo arresto domiciliario en una clínica, por un cáncer que lo aqueja.
Según la acusación, las firmas peruanas, junto con Odebrecht, compartieron el pago de un soborno de 20 millones de dólares entregado al expresidente Toledo (2001-2006), a cambio de ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
Las empresas peruanas habrían colaborado con 15 de los 20 millones del soborno, según las investigaciones.
- Golpe a la economía peruana -
A raíz de este caso, Perú aprobó una ley que impide contratar con el Estado a las empresas implicadas en corrupción. Además retiene sus activos para un eventual pago de reparación civil al final de los juicios.
La primera en ser incluida en esta lista fue Odebrecht y, ahora, las firmas peruanas socias de la brasileña.
La norma pone en una difícil situación a las constructoras locales, cuya participación ha sido clave en el auge económico del país de la última década.
Según reconoció el gobierno a mediados de año, los casos de corrupción de Odebrechtle quitarán entre medio punto y un punto de crecimiento al PIB de este año, pues se paralizaron grandes proyectos de infraestructura.
