Es un día de alegría para Jocelyn y su esposa Berline, que está embarazada de cuatro meses. La pareja de migrantes haitianos cruzó legalmente a Estados Unidos, para que su segundo hijo, que nacerá en octubre, sea estadounidense.
“Si mi hijo nace allá (en Estados Unidos), mejor para mí, mejor para él también”, dice Jocelyn a la AFP antes de mudarse con su familia de Reynosa, en el norte de México, a McCallen, Texas, en el final de un viaje que inició en 2015 y que incluyó una estancia en Chile.
Niños por nacer, nacidos en el camino o llevados en la ruta del exilio: el destino de miles de migrantes como Jocelyn y Berline está ligado en gran medida a su descendencia.
“Mi primer hijo nació en Chile, no tiene problema. Él es chileno, puede vivir allá sin problema. Nosotros no. Entonces, si mi hijo nace allá (en Estados Unidos), no va a necesitar ninguna visa”, explica Jocelyn.
“Quiero una vida mejor para él. He sufrido mucho”, añade su esposa Berline, de 25 años.
Ya en McAllen, la familia necesita unos 400 dólares para reunirse con parientes en el estado de Georgia. “Solo Dios sabe” si el niño que viene nacerá en la tierra prometida estadounidense, dice el padre con una mezcla de cautela y fatalismo que refleja las condiciones que vivió la familia en su travesía desde Haití.
Jocelyn y su familia son parte de los cientos de migrantes haitianos que llegaron en las últimas semanas a la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa. Aunque por su número se hicieron visibles, todos los días miles de migrantes cruzan México para llegar a Estados Unidos.
“Detención injusta”
Carolina, quien pidió omitir su nombre real, dice que huyó de Tegucigalpa, Honduras, para salvar a sus tres hijos adolescentes del reclutamiento forzoso de las pandillas.
Su hijo menor nació en abril en Tapachula, cerca de la frontera entre Guatemala y México y ya ha pasado un tercio de su corta vida detenido por autoridades migratorias. Carolina acusa a las autoridades mexicanas de haberla detenido durante doce días.
“Una detención injusta”, dice mientras descansa en un albergue a orillas del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. “Me dijeron que no podían deportarme porque el bebé es mexicano”.
Las autoridades finalmente le otorgarán la residencia en México, pero su objetivo está al otro lado de la frontera. La familia quiere unirse al padre del bebé, que vive en Houston.
Uno de sus hijos incluso afirma que está listo, si es necesario, para cruzar a nado el Río Bravo, aunque no será necesario. Carolina y sus cuatro hijos también pudieron cruzar la frontera legalmente.
Horas antes un juez conservador estadounidense ordenó mantener el Título 42, una disposición que el gobierno de Donald Trump instauró durante la pandemia y que permite a las autoridades expulsar migrantes de su territorio de forma inmediata y sin proceso legal.
“Tenemos miedo”
Las mujeres embarazadas y los niños sin escolarizar constituyen una buena parte de los más de 2,000 migrantes que esperan en Reynosa, según números de la prensa local.
“Tenemos ahorita 200 mujeres que están embarazadas”, dice el pastor Héctor Silva, cuyo albergue, “Senda de Vida”, está saturado.
Madre de dos hijos, Pascale, una haitiana de 25 años, pasó la noche en el hospital para recibir tratamiento después de un aborto espontáneo en el tercer mes de embarazo.
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“Dijeron que fue por estrés”, dice la joven, que asegura haber pagado unos 700 pesos (35 dólares) en gastos médicos.
“Hay mujeres que llevaron su sexto mes de embarazo sin ningún tipo de revisión médica”, dice Anayeli Flores, de la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF). “Con esta nueva llegada de personas, hemos visto un incremento en nuestras consultas, al menos el doble de embarazadas en mas o menos tres semanas”, añade.
Entre los migrantes hay los que dejaron niños atrás, como otra pareja que también huyó de la violencia en Honduras y que evita dar su nombre. Es duro, confiesan, hablando de sus niños de 10 y 8 años y un bebé de 18 meses. “Tenemos miedo, pero confiamos en Dios”.