Ciudad de Guatemala.
Un grupo de países lamentó hoy la pugna abierta del Gobierno guatemalteco contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mientras decenas de organizaciones analizan realizar un paro por la expulsión del jefe de este organismo, el colombiano Iván Velásquez.
La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de vetar la entrada en el país del abogado Velásquez ha levantado ampollas y decenas de entidades civiles, incluidos colectivos campesinos e indígenas, estudian medidas para protestar contra esta determinación que es vista como una ruptura del orden constitucional.
El grupo de Países Donantes de Guatemala, conocido como G13, emitió un comunicado, en el que no estaba Estados Unidos, para ofrecerse a encontrar una salida 'constructiva' a una crisis que ven como 'un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad'.
'Además, lo consideramos un incumplimiento del acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas', aseguró el grupo, creado en 1999 e integrado por las embajadas de Italia, Alemania, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, EE.UU. -que no lo firmó-, la delegación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Sistema de Naciones Unidas.
Estos países, agencias bilaterales y multilaterales, representan el mayor grupo de donantes que contribuyen al desarrollo de Guatemala, y su objetivo es apoyar a la nación centroamericana en sus esfuerzos para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, junto a un crecimiento económico sostenido.
Pero el comunicado de este miércoles lo suscriben además Noruega y el Reino de los Países Bajos, quienes están de acuerdo con esta postura, que también respaldaron decenas de organizaciones, como el Comité de Desarrollo Campesino, los estudiantes de la única universidad pública del país o entidades de derechos humanos.
Todas pidieron a Morales revocar sus decisiones con relación a la Cicig y avanzaron que en los próximos días analizarán las contramedidas, entre las que puede haber un paro, manifestaciones o plantones.
Como uno, pequeño, que realizaron este miércoles frente a la Corte de Constitucionalidad, donde los magistrados realizaron un pleno pero aún no tomaron ninguna decisión sobre las diferentes acciones legales interpuestas contra la expulsión de Velásquez, quien continúa con su gira de trabajo en Estados Unidos.
La ONU, que auspicia a la Cicig, ya advirtió que tiene serias dudas sobre la decisión del Gobierno presidido por Morales y que está revisando esta determinación, que 'no parece ser consistente' con el acuerdo que da vida a la Comisión.
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El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, pidió a Velásquez seguir al frente de la Cicig desde el exterior mientras no se tiene más claridad sobre este asunto, y el abogado colombiano aceptó.
Morales dio a conocer el martes que prohibió la entrada de Velásquez a Guatemala por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE
