Estados Unidos.
Son 11 millones, dicen las mejores estimaciones, los que trabajan en los campos estadounidenses, hasta arriba de las torres a medio construir y en las cocinas de los restaurantes, y llenan los salones de clases, los centros de detención y los juzgados de inmigración en Estados Unidos.
En el imaginario popular, los no autorizados - las personas que viven en Estados Unidos sin permiso del gobierno estadounidense – son hispanos, en su mayoría mexicanos, y cruzaron la frontera suroccidental en secreto.
Para sus defensores, son familias y trabajadores que aceptan empleos que nadie más quiere, no se meten en problemas, están aquí solo para ganar suficiente para tener vidas mejores y más seguras para ellos y sus hijos.
En la Casa Blanca, son parias, criminales que amenazan los barrios estadounidenses, se roban los empleos estadounidenses, sangran los recursos estadounidenses y explotan la generosidad estadounidense: son personas a las que se debería expulsar y así será.
Los inmigrantes no autorizados pueden ser muchas de estas cosas y más. Once millones permiten una gama considerable, cruzada de contradicciones.
Son 11 millones, dicen las mejores estimaciones, los que trabajan en los campos estadounidenses, hasta arriba de las torres a medio construir y en las cocinas de los restaurantes, y llenan los salones de clases, los centros de detención y los juzgados de inmigración en Estados Unidos.
En el imaginario popular, los no autorizados - las personas que viven en Estados Unidos sin permiso del gobierno estadounidense – son hispanos, en su mayoría mexicanos, y cruzaron la frontera suroccidental en secreto.
Para sus defensores, son familias y trabajadores que aceptan empleos que nadie más quiere, no se meten en problemas, están aquí solo para ganar suficiente para tener vidas mejores y más seguras para ellos y sus hijos.
En la Casa Blanca, son parias, criminales que amenazan los barrios estadounidenses, se roban los empleos estadounidenses, sangran los recursos estadounidenses y explotan la generosidad estadounidense: son personas a las que se debería expulsar y así será.
Los inmigrantes no autorizados pueden ser muchas de estas cosas y más. Once millones permiten una gama considerable, cruzada de contradicciones.
Es posible que no haya un símbolo más poderoso de cuán obsesivamente los estadounidenses asocian a la inmigración ilegal con México que el muro que el presidente Donald Trump ha propuesto construir a lo largo de la frontera sur. Sin embargo, muchos de los no autorizados no son mexicanos; casi una cuarta parte ni siquiera son hispanos.
Después de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, el mayor número de inmigrantes no autorizados corresponde a China (aproximadamente 268,000). Y China es uno de los 23 países que no cooperan con las deportaciones. (El gobierno de Trump ha prometido presionar a los 23 países para que lo hagan.)
Tienden a ser más jóvenes – el Centro de Investigación Pew ha encontrado que la media de los inmigrantes no autorizados adultos es cerca de una década más jóvenes que los adultos nacidos en Estados Unidos, y hay un poco más hombres que el resto del país.
La geografía y la demografía son solo dos formas de categorizar a estos 11 millones. Las circunstancias ofrecen otra: al buscar endurecer el control sobre los inmigrantes no autorizados, Trump tratará de resolver la situación de una población de personas que llegaron de varias formas y por una miríada de razones, y cada porción presenta sus propios desafíos.
Fuertes vínculos
Muchos liberales y defensores de los inmigrantes lo dicen, la mayoría de los inmigrantes no autorizados son productivos, miembros de la sociedad respetuosos de las leyes, profundamente enraizados en las comunidades, trabajan duro, viven discretamente, pagan impuestos y crían a sus familias.
Las estadísticas muestran que muchos de los no autorizados encajan en este perfil. Alrededor de 60 por ciento de la población no autorizada ha estado en Estados Unidos por lo menos una década, según Migration Policy, el instituto no partidista.
Una tercera parte de los inmigrantes no autorizados de 15 años y más viven con por lo menos un niño que es ciudadano estadounidense por nacimiento. Poco más de 30 por ciento son dueños de una casa. Solo a una fracción muy reducida la han condenado por un delito mayor o fechorías graves.
Claro que, como lo ha enfatizado el gobierno de Trump, el solo hecho de estar aquí sin autorización es una violación a la ley.
Hasta la forma de expresar el problema es revelador: los conservadores prefieren el término inmigrantes ilegales, que los intransigentes lo acortan a menudo a “ilegales”; sus defensores prefieren “inmigrantes indocumentados”, un fraseo que incita a que la conversación retorne a los humanos en cuestión, pero que también tiene un olorcillo a eufemismo. Es frecuente que “no autorizados” aparezca como una alternativa neutral.
Sin importar la etiqueta, gente como Lydia, de 47 años, quien maneja una pequeña joyería en Los Ángeles, no se conciben como malhechores.
Lydia, al igual que varios inmigrantes no autorizados, no quiso que se publicara su apellido por temor a que la deportaran, cruzó la frontera por Tijuana en 1988. Buscó ayuda legal con un notario, pensando, equivocadamente, que esa palabra indica un experto legal, como sucede en muchos países latinoamericanos.
Al final, le ordenaron que abandonara el país. Sin embargo, las deportaciones dejaron de ser prioritarias para el gobierno de Obama y permitió que las personas que no habían cometido delitos graves vivieran y trabajaran en Estados Unidos, siempre que se reportaran ante un agente de inmigración cada año.
Lydia crio a cuatro hijos, todos ciudadanos, y los mandó a escuelas públicas en Sun Valley, un suburbio al norte de Los Ángeles. Su esposo y ella compraron una casa allí, pagaron la hipoteca y compraron una segunda casa cerca.
Ahora, vuelve a ser candidata para la deportación y se angustia cada vez que sale.
“Estoy en un limbo”, comentó. “Tengo miedo de salir y nunca regresar”.
Delitos menores y grave
Fueron pocos los archienemigos que se alzaran enormes en el discurso de la campaña presidencial de Trump como el de la figura del inmigrante ilegal que amenazaba a los estadounidenses; los “violadores” y “asesinos” de México, como lo expresó Trump.
Sí existen esas personas. El instituto Migration Policy ha estimado que se ha condenado a 820,000 de los 11 millones de no autorizados. Alrededor de 300,000, o menos de tres por ciento de 11 millones de no autorizados, han cometido delitos graves. (La proporción de criminales en la población en su conjunto fue de seis por ciento en el 2010, según un ensayo presentado ante la Asociación de Población de Estados Unidos.)
Por lo regular, los agentes de inmigración detienen a los que el gobierno llama “criminales extranjeros”.
A finales de enero, los agentes habían aprehendido a un mexicano de 50 años cerca de Milwaukee, quien tenía declaraciones de culpabilidad por delitos graves de asalto a mano armada, agresión contra un policía, robo de vehículo y hacer daño intencionalmente a un menor, y lo habían deportado ya dos veces antes. El mes pasado, atraparon a Francisco Escobar Orellana, un hondureño no autorizado en Carolina del Norte, a quien se busca en Honduras por presuntamente haber matado a dos hombres con un machete en 1993.
El gobierno de Trump ha dicho que seguirá priorizando la deportación de personas con antecedentes penales graves, pero, en un rompimiento con el gobierno de Obama, las nuevas políticas también están dirigidas contra los inmigrante cuyas infracciones se limitan a vivir en Estados Unidos sin permiso o a delitos menores que les permiten trabajar en el país, como conducir sin licencia y utilizar un número falso del Seguro Social.
La Administración del Seguro Social estima que, en 2010, 1.8 millones de inmigrantes no autorizados trabajaron con un número que no coincidía con su nombre. Rodeado por los cañaverales de Clewiston, Florida, en trabajos agotadores, Maria y Benjamin se esforzaron muchísimo para seguir las reglas, pagar impuestos y no meterse con nadie. Sin embargo, ahora temen que la única regla que Benjamin tuvo que infringir para sobrevivir – utilizó un número del Seguro Social fraudulento para asegurar un empleo – pudiera resultar su perdición.
Benjamín, de 42 años, arregla los camiones hidráulicos que se usan en la operación del corte de la caña en la zona, lo cual significa que trabaja 17 horas diarias, a menudo de noche.
“Esto nos preocupa, pero no tenemos alternativa”, notó Maria, de 38 años, quien llegó de México cuando tenía 19 años. “Él siempre ha trabajado y siempre ha tenido una credencial falsa del Seguro Social. Así es como consigues empleo”.
Permanecer después del vencimiento de la visa
Algunas personas aguantan el largo viaje a pie, por tren, por barco – algunos lo hacen con contrabandistas – para lograr cruzar la frontera. Sin embargo, para un creciente número de inmigrantes, el estatus de ilegal llega de un día para otro, sin dar un solo paso.
Cada año, desde el 2007 al 2014, más personas se unieron a las filas de los ilegales cuando se quedaron en Estados Unidos al vencerse sus permisos temporales de visitantes que por haber cruzado subrepticiamente la frontera mexicana, según un informe de investigadores del Centro para Estudios de la Migración.
Un estimado parcial del gobierno, dado a conocer el año pasado, dice que 416,500 personas cuyas visas de negocios o de turistas habían vencido en 2015, seguían dentro del país en el 2016. No se contó a las personas que llegaron al país con visa de estudiante o con permiso temporal para trabajar.
Números como estos han convencido a algunos conservadores de que el gobierno federal necesita preocuparse más por la gente que abusa de su situación legal temporal que por la seguridad fronteriza.
