Voces piden perseguir la impunidad en Honduras

San Pedro Sula

Ayer, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ingresó a la historia al convertirse en el segundo gobernante latinoamericano condenado por narcotráfico, siguiendo los pasos del panameño Antonio Noriega, sentenciado en 1992 por un tribunal en Florida.

La impactante noticia de la condena resonó intensamente en las esferas políticas y sociales de Honduras, provocando un revuelo sin precedentes en el país en el contexto de un juicio histórico.

El veredicto desató una serie de reacciones inmediatas por parte de sectores influyentes; entre ellos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), cuyo presidente Mateo Yibrín reflexionó sobre la trascendencia de priorizar la integridad sobre las ganancias rápidas. Yibrín subrayó que “la verdadera riqueza reside en la honorabilidad”.

En un llamado a honrar la democracia, Yibrín destacó la importancia de la lealtad sobre las transacciones, advirtiendo que el poder es efímero y que nadie debería considerarse intocable al ostentarlo. Desde la perspectiva del empresario, “el poder debe ser un puente al servicio, no un trono permanente”. Concluyó expresando la creencia de que si se extraen lecciones valiosas de esta situación, Honduras puede encaminarse hacia una prosperidad renovada.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), al pronunciarse sobre el veredicto de culpabilidad contra el exmandatario, enfatizó que la erosión del Estado de derecho de Honduras ha quedado patente a nivel mundial, subrayando los graves perjuicios infligidos a la población.

En este contexto, la CCIC considera que el fallo contra el exmandatario no solo constituye un dictamen legal, sino también un llamado urgente a los poderes del Estado para que se pongan al servicio de Honduras y emprendan una lucha incansable contra la impunidad, sin importar colores políticos, posiciones sociales o intereses ajenos al bien común de los hondureños.

La organización privada hizo un llamado imperativo a participar de manera activa en la reconstrucción del Estado de derecho y subrayó la importancia de respetar la ley y abordar esta tarea con honestidad, con el objetivo de fortalecer las instituciones y asegurar un futuro equitativo y próspero para toda la población.

El secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor expresó que “hoy es un día claro-oscuro para los hondureños. Celebramos el hecho de que finalmente se haya encontrado culpable a alguien que ha causado tanto daño al país, aunque lamentablemente este veredicto no provenga de nuestro propio sistema judicial, sino de un país que también ha sufrido graves crímenes durante el ejercicio del poder.

El funcionario agregó que “la declaración de culpabilidad de Juan Orlando Hernández confirma que se cometieron crímenes desde el principio, se abusó del poder de manera corrupta y se manipularon las instituciones gubernamentales para favorecer a un grupo por encima de los demás”.

Pastor subrayó el compromiso de la actual administración con la reconstrucción del Estado de derecho, la democracia y el bienestar de la población. “Observamos desde lejos con cierta admiración y pena lo que implica que la justicia se esté aplicando en otro lugar por los crímenes cometidos por esta persona. Tanto él como sus cómplices tienen cuentas pendientes con los hondureños”, sentenció.

Jorge Cálix, diputado del Congreso, compartió su perspectiva sobre la declaración de culpabilidad de Hernández en Estados Unidos, destacando que “como hondureños acabamos de recibir esta noticia”. En un plano personal, Cálix reflexionó sobre la implicación de esta sentencia, no solo para el expresidente, sino también para el gobierno que encabezó durante 12 años. Enfatizó en la importancia de que este evento sirva como un recordatorio global de que el poder no es permanente y que las acciones durante el ejercicio del poder tienen consecuencias a largo plazo.

El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, afirmó poco después de conocerse oficialmente el veredicto: “Nuestro deber es escuchar al pueblo que clama justicia. Tengan la certeza de que lucharemos para que sean enjuiciados quienes han contribuido a sembrar dolor y pobreza en la población”.

Gustavo Solórzano, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, destacó que la lección que nos deja el veredicto “debe invitarnos a la reflexión. Es preocupante que un expresidente esté siendo condenado cuando las instituciones en nuestro país no funcionan adecuadamente. Resulta necesario que la justicia de otros países nos demuestre que las cosas en Honduras no marchan bien”.

Ironizó al resaltar que “no podemos depender constantemente de la justicia extranjera ni seguir debilitados y con desconfianza de nuestras instituciones. Esta situación obliga a que actores externos intervengan, evidenciando que la institucionalidad hondureña aún no opera correctamente”.

Según la justicia estadounidense, el expresidente creó un “narcoestado” durante su presidencia (2014-2022) y convirtió a su país en una “superautopista” por donde pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos.

Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro emitió un comunicado oficial del Gobierno de la República en respuesta a la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York.

En el comunicado se destaca el evidente fracaso del sistema de justicia y su complicidad con el crimen organizado, aspectos que, recordaron, han sido denunciados públicamente a lo largo de varios años, tanto desde la resistencia como ante la comunidad internacional.

“Mi gobierno ha asumido con responsabilidad el programa de la refundación nacional, la democracia y la integración de los poderes del Estado, eligiendo con férrea e irracional oposición la directiva del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público.

La traición de las cúpulas políticas incrustadas en todas las instituciones es permanente y estamos enfrentándola con el retorno al orden democrático y constitucional”, sentenció el Ejecutivo.

En su comunicado público, la mandataria Castro de Zelaya puntualizó que es imperativo “desmantelar la organización criminal que sigue operando y fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero.

En un llamado a la acción tras el evento histórico, se instó al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a actuar con plena independencia frente a aquellos que traicionaron la patria, cometieron actos ilegales y saquearon las arcas públicas.

Al tiempo que se exigió una investigación exhaustiva, juicio público y condena para los responsables, destacando la imperiosa necesidad de actuar de manera implacable contra el crimen.