Desde Kanye West hasta Telegram, personajes enjuiciados por Kevin Castel

Nueva York

El juez Kevin Castel ha enjuiciado artistas como Kanye West y Lucradis, y otros personajes como Scott Tucker, un piloto condenado por estafa con préstamos, así como a entidades bancarias como Bank of America y empresas de telecomunicaciones como Telegram.

En 2006, este juez estadounidense enjuició una pugna entre BMS Entertainment y Christopher Bridges y Kanye West. El juicio abordaba una acusación por infracción de derechos de autor contra Christopher “Ludacris” Bridges y el famoso rapero Kanye West. Sin embargo, Bridges y West, prevalecieron sobre las afirmaciones de que la canción “Stand Up” copió el trabajo de un grupo de músicos de Nueva Jersey, específicamente la melodía “Straight Like That”, del grupo It’s Only Family.

El veredicto de los 10 jurados se emitió después de menos de 24 horas de deliberaciones, en el juicio de dos semanas en el Tribunal de Distrito de Manhattan. Los artistas salieron victoriosos cuando el jurado, presidido por Castel, concluyó que su éxito de 2003 “Stand Up” no copió una melodía de músicos de Nueva Jersey.

Fuera del tribunal, en el que no se encontraba West, Ludacris concedió autógrafos a sus fans y posó para fotos antes de partir hacia Los Ángeles. Ludacris dijo que nunca dudó de que el jurado estaría de acuerdo en que la canción que él y West crearon no sonaba como “Straight Like That”

En 2013, Castel presidió una demanda colectiva por fraude de valores que surgió de la adquisición de Merrill Lynch & Co. por parte de Bank of America. En 2013, Castel aprobó el acuerdo de la acción por 2,430 millones de dólares estadounidenses.

Bank of America acordó pagar la millonaria suma para resolver reclamos de que ocultó información crucial a los accionistas cuando compró el banco de inversión Merrill Lynch & Co. El acuerdo, uno de los más grandes de su tipo, se subrayó cómo Bank of America sufrió por las decisiones que tomó durante la crisis de 2008.

Los accionistas demandaron al banco y ejecutivos como el ex director ejecutivo Ken Lewis, pero Bank of America aseveró pagar el acuerdo. Los inversores dijeron que las pérdidas y los bonos de Merrill Lynch deberían haberse revelado antes de la votación para aprobar el acuerdo en diciembre de 2008. Bajo el acuerdo, el banco también hizo cambios en su gobernabilidad corporativa hasta el 1 de enero de 2015. Algunos de los cambios ya formaban parte de un acuerdo de febrero de 2010 con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Castel presidió los procedimientos civiles de decomiso relacionados con la devolución de un raro esqueleto de Tyrannosaurus Bataar a la nación de Mongolia.

En 2013 se emitió una sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con respecto a una orden solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para incautar un esqueleto importado de Tarbosaurus mongol (denominado Tyrannosaurus bataar) relacionado con la ley de contrabando y la aplicabilidad de la ley mongola en los Estados Unidos.

Eric Prokopi, un cazador de fósiles de Florida, vendió el esqueleto de un dinosaurio llamado Tarbosaurus bataar en una subasta, pero fue demandado por el gobierno de Mongolia, que reclamó que el fósil había sido robado de su territorio. Prokopi, enfrentó el proceso legal y se declaró culpable de varios cargos de contrabando y fraude, y acordó devolver el T. Bataar y otros fósiles a Mongolia. El caso generó conciencia sobre la problemática del comercio ilegal de fósiles. El esqueleto finalmente llegó a Mongolia, donde fue recibido como un héroe nacional y exhibido en un museo. Prokopi colaboró con las autoridades para identificar y recuperar otros fósiles robados, y cómo cambió su perspectiva sobre su pasión por los fósiles.

En 2016, Castel presidió un juicio de un mes de demandas presentadas contra UBS Real Estate Securities Inc por inversores lel U.S. Bank National Association, los que afirmaban que los préstamos residenciales defectuosos se empaquetaban y vendían como valores respaldados por hipotecas residenciales. Después de que Castel emitiera una larga decisión, las partes resolvieron las reclamaciones por 850 millones de dólares.

En ese caso el Fideicomisario, de tres fideicomisos, alegó que UBS incumplió ciertas representaciones y garantías hechas sobre 9,342 de los 17,082 préstamos hipotecarios que se agruparon originalmente en los tres fideicomisos, y que tenían derecho a más de $2 mil millones de dólares en daños y perjuicios. Las pruebas fueron presentadas en el juicio, que se llevó a cabo sin jurado ante el juez Castel, del Distrito Sur de Nueva York. El tribunal encontró que UBS había incumplido las garantías en 13 de los 20 préstamos examinados, y que el Fideicomisario tenía derecho a recuperar el equivalente en dinero de la obligación de recompra de UBS.

En 2017, Castel presidió el juicio penal de Scott Tucker, quien fue acusado de catorce cargos relacionados con su operación de un negocio de préstamos. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En 2018, Castel condenó a Tucker a una pena de prisión de dieciséis años y ocho meses.

El empresario y piloto de carreras Scott Tucker fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por dirigir un negocio ilegal de préstamos de día de pago que estafó a millones de consumidores. Tucker empezó su negocio de préstamos en línea en Kansas City a finales de los años 90 y lo estableció en tierras tribales indígenas para evadir las leyes estatales que regulan los intereses. Este sujeto cobraba intereses de entre el 400 y el 700 por ciento, y engañaba a los clientes al renovar automáticamente los préstamos sin reducir el saldo principal.

Tucker fue declarado culpable de 14 cargos criminales en octubre de 2017, después de un juicio de cinco semanas. El condenado también se vio obligado a pagar una multa de 1,300 millones de dólares por una demanda civil de la Comisión Federal de Comercio, y enfrentó otro cargo por presentar una declaración de impuestos falsa.

En 2019 Castel presidió el juicio contra Juan Antonio Hernández, situado como uno de los más mediáticos de su carrera, y que tuvo atención mundial.

Juan Antonio Hernández, hermano del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue acusado por fiscales federales en Estados Unidos de traficar toneladas de cocaína a través de Honduras, utilizar armas para proteger sus cargamentos y brindar información falsa a agentes federales. Fue Castel quien sentenció al hondureño a cadena perpetua más otros treinta años de cárcel por cuatro cargos, incluido el tráfico de drogas a territorio estadounidense.

Juan Antonio Hernández, también conocido como “Tony”, fue capturado en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en marzo de 2021.

En marzo de 2020, Castel concluyó que era probable que la Comisión de Bolsa y Valores demostrara que una criptomoneda emitida por la empresa Telegram calificaba como un valor y estaba sujeta a los requisitos de registro federal. Más tarde, Telegram acordó pagar 18,5 millones de dólares en multas civiles.

El juez del Distrito Sur de Nueva York emitió una decisión potencialmente revolucionaria en el caso de Securities and Exchange Commission versus Telegram Group Inc. El motivo de la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Telegram fue por ofrecer y vender tokens digitales llamados Grams sin registrarlos como valores, violando así las leyes federales de valores.

Telegram argumentó que los Grams no eran valores, sino solo medios de intercambio dentro de su plataforma de mensajería cifrada. También afirmó que había cumplido con la exención de la Regla 506 al vender los Grams solo a inversores acreditados. La SEC sostuvo que los Grams eran valores porque los compradores esperaban obtener beneficios de la reventa de los tokens en el mercado secundario.

También afirmó que Telegram no había cumplido con la exención de la Regla 506 porque no había tomado medidas razonables para evitar que los inversores revendieran los Grams a personas no acreditadas. El juez Castel concedió una orden judicial preliminar que impide a Telegram distribuir los Grams a los compradores, al concluir que la SEC tenía una probabilidad sustancial de éxito en demostrar que Telegram había realizado una oferta de valores no registrada. El juez Castel también rechazó el argumento de Telegram de que los Grams eran solo medios de intercambio, al considerar que los Grams tenían las características de un contrato de inversión según el criterio establecido por el Tribunal Supremo.

En 2021, Castel fue asignado para presidir un grupo de acciones civiles que alegaban que las subastas publicitarias de Google violaban la Ley Antimonopolio Sherman.

Google engañó a los editores y anunciantes durante años sobre el precio y el proceso de sus subastas de anuncios, creando programas secretos que perjudicaron las ventas de algunas empresas y aumentaron los precios para los compradores, según una demanda de fiscales generales estatales. Se alegó que Google se quedó con la diferencia entre lo que le dijo a los editores y anunciantes que costaba un anuncio y usó el dinero para manipular futuras subastas y expandir su monopolio digital.

Se citó correspondencia interna en la que los empleados de Google dijeron que algunas de estas prácticas equivalían a hacer crecer su negocio mediante “información privilegiada. Google dijo que la demanda de los fiscales generales estatales estaba “llena de imprecisiones y carecía de mérito legal”. Google también afirmó que sus subastas de anuncios eran transparentes y justas, y que beneficiaban tanto a los editores como a los anunciantes. La demanda es parte de una serie de acciones legales contra Google por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de la publicidad digital, que genera miles de millones de dólares al año. La demanda podría tener consecuencias importantes para el futuro de la industria y la regulación de las grandes empresas tecnológicas.

En una decisión de junio de 2023, Castel desestimó el caso de lesiones personales de un usuario contra la aerolínea Avianca y emitió una multa de $5,000 a dos abogados que representaban al demandante, quienes habían presentado precedentes falsos generados por ChatGPT en sus escritos.

Kevin Castel multó con $5,000 a los abogados de un demandante después de que usaran ChatGPT para investigar citas judiciales que mencionaban seis casos falsos inventados por la herramienta de inteligencia artificial de OpenAI.

Los Abogados Steven Schwartz y Peter LoDuca del bufete Levidow, Levidow, & Oberman citaron casos falsos creados por ChatGPT y “abandonaron sus responsabilidades cuando presentaron opiniones judiciales inexistentes con citas y frases falsas creadas por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, y luego siguieron defendiendo las opiniones falsas después de que las órdenes judiciales pusieran en duda su existencia”, escribió el juez federal Kevin Castel sobre el caso.

El juez impuso una multa de $5,000 a pagar por los dos abogados y su firma bajo responsabilidad solidaria. Además, los abogados deberán enviar cartas a seis jueces reales que fueron “falsamente identificados como los autores de las falsas” opiniones citadas en sus escritos legales.

Castel describió el análisis legal de uno de los casos falsos como “galimatías. Además de sancionar a los abogados, Castel concedió la moción de Avianca de desestimar el caso. El juez estuvo de acuerdo con el demandado en que se aplica un plazo de prescripción de dos años según el Convenio de Montreal y que la demanda del demandante se presentó demasiado tarde.