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Presidente del Congreso dispondrá de recursos asignados a la Enee

  • 19 diciembre 2011 /

La electrificación rural podría ser utilizada como tema de campaña política por Juan Orlando Hernández.

La electrificación rural podría ser utilizada como tema de campaña política por el presidente del Congreso Nacional, CN, Juan Orlando Hernández, debido a que a él le toca decidir el uso de 25 millones de lempiras consignados en el presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, para el año 2012.

El artículo 116 de las disposiciones generales del Presupuesto es muy claro en cuanto a que la Enee no podrá disponer de esos recursos para otros fines. “Únicamente el Congreso Nacional por medio de su presidencia”, dice.

La transferencia de 25 millones se crea con recursosprovenientes del Tesoro Nacional aprobados para la Enee, con el fin de usarlos en el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, Fosode, para la electrificación rural.

El cuestionado artículo dice textualmente: “Artículo 116. De acuerdo con lo establecido en las asignaciones de transferencias específicas por un monto de VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L 25,000,000.00) con fondos provenientes del Tesoro Nacional aprobados para la Enee, para ser utilizados en el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, Fosode, para la electrificación rural. Este fondo no puede ser utilizado por la Enee para fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados. Únicamente el Congreso Nacional indicará el uso de los fondos a través de su Presidencia”. Es la primera vez que el Congreso Nacional dispondrá de recursos asignados a una institución del Poder Ejecutivo.

El presidente de ese poder del Estado, Juan Orlando Hernández, aunque no es una atribución del Legislativo, ha adoptado como suyo el proyecto de electrificación de barrios y colonias. Es la primera vez que un titular de otro poder se dedica a administrar el presupuesto de otra entidad.

Polémico presupuesto

La polémica Enee en 2012 operará con el presupuesto más alto de todas las instituciones descentralizadas. El CN le aprobó la suma de 24,330 millones de lempiras, de los que 15,000 millones son destinados para el pago de la compra de energía térmica y 270 millones para el pago de la empresa Servicios de Medición Eléctrica de Honduras, Semeh. El resto para inversiones en proyectos de generación y gasto corriente. Aparte de lo aprobado, el Congreso en el artículo 173 del presupuesto autoriza a la Enee para que aumente sus recursos propios en el Presupuesto de Ingresos y Egresos hasta por un monto de 668 millones, según se especifica, para dar cumplimiento a los compromisos siguientes:
Proyecto Promef del Banco Mundial adscrito a Casa Presidencial, el que se requiere de una contraparte nacional de 15 millones de lempiras.

Financiamiento del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo 2011-2013, por la cantidad de 163.1 millones de lempiras; el mantenimiento de obras subterráneas para controlar las filtraciones en la represa Francisco Morazán El Cajón por 400 millones de lempiras.

Gastos de funcionamiento para las subgerencias regionales L 90 millones.

El artículo 188 de la misma ley autoriza a la Secretaría de Finanzas a otorgar garantía soberana a una operación crediticia que concederá el sistema bancario nacional a la Enee hasta por un monto de 50 millones de dólares, que serán destinados al saneamiento de tierras del proyecto hidroeléctrico de energía renovable Patuca III y administrados por la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, Ueper, de conformidad con las regulaciones y procedimientos establecidos en el Decreto No. 279-2010 de la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable.

Restringen negociaciones salariales

Las instituciones descentralizadas, sin excepción, no deben contraer compromiso alguno relativo a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica si la institución no cuenta con la capacidad financiera.

Así lo establece la Ley de Presupuesto 2012 en su artículo 112 de las Disposiciones Generales. Para cubrir el beneficio económico que pretenda conceder la institución y el que, a su vez, aún contando con los recursos, debe estar respaldado por el estudio económico correspondiente elaborado por la misma institución y contar con el dictamen favorable y previo de la Secretaría de Finanzas, que debe incluir el análisis de la capacidad financiera y presupuestaria, así como la sostenibilidad a través del tiempo.