Tegucigalpa, Honduras.
Las reuniones con diversos grupos de la sociedad han enriquecido la llamada “ley contra el odio” que ahora se conocerá como Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales.
Ayer, representantes de iglesias, la academia y el sector privado de las telecomunicaciones se reunieron con los miembros de la comisión de dictamen del Congreso Nacional.
Es precisamente, la socialización con distintos sectores sociales que ha retrasado la presentación del dictamen de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet para su debate, el cual ha sido enriquecido hasta modificado el nombre de esta normativa.
El contenido del proyecto original que introdujo el diputado del Partido Nacional Marcos Paz Sabillón ha sufrido cambios y se le han agregado aportes hechos por representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresa privada e iglesias.
Los representantes de estos órganos despejaron sus dudas y en una conferencia de prensa manifestaron su respaldo a la iniciativa, con la que se creará la comisión nacional de ciberseguridad, que recibirá denuncias y quejas relacionadas con campañas de odio, discriminación, clonación de páginas y suplantación de identidad.
Además, se incluirán acusaciones sobre el ciberbullying (acoso virtual), fraude financiero por internet, pornografía y cualquier delito que esté tipificado en el nuevo Código Penal.
Desde el lunes anterior, la comisión de dictamen presidida por Gerardo Martínez ha tenido acercamientos con delegados de la prensa nacional y se ha determinado crear un consejo de veedores que estará constituido por múltiples organismos de la sociedad civil. La comitiva continuará hoy los encuentros con patronatos previo a someter la versión final del dictamen a discusión en el CN.
Procedimiento
El o los denunciantes deberán acudir a la comisión nacional de ciberseguridad para interponer su queja, entidad que no actuará de oficio, sino solo por denuncia, de acuerdo con el procedimiento planteado. En 24 horas se suprimiría el contenido que sea considerado ilícito en redes sociales. Especialistas de esta entidad, la cual será autónoma, investigarán las acusaciones y les darán seguimiento a las mismas.
Las sanciones administrativas aún no han sido definidas hasta que se elabore el respectivo reglamento en un período de seis meses y no 60 días como estaba contemplado inicialmente. El congresista del Partido Liberal y titular de la Asociación de Compañías de Cable de Honduras, Bader Dip, resaltó que “ya se quedó claro que el operador no va a ser el responsable, es el que genera el contenido y tendrá que pagar la multa”.
Instalar una oficina con un representante de Facebook, Twitter y otras redes sociales en el país se ha sugerido para que haga más expedito el proceso de remoción de contenido ilícito, agregó.
Como parte de los avances en la socialización de la ley, se creará un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil.
Las reuniones con diversos grupos de la sociedad han enriquecido la llamada “ley contra el odio” que ahora se conocerá como Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales.
Ayer, representantes de iglesias, la academia y el sector privado de las telecomunicaciones se reunieron con los miembros de la comisión de dictamen del Congreso Nacional.
Es precisamente, la socialización con distintos sectores sociales que ha retrasado la presentación del dictamen de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet para su debate, el cual ha sido enriquecido hasta modificado el nombre de esta normativa.
El contenido del proyecto original que introdujo el diputado del Partido Nacional Marcos Paz Sabillón ha sufrido cambios y se le han agregado aportes hechos por representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresa privada e iglesias.
Los representantes de estos órganos despejaron sus dudas y en una conferencia de prensa manifestaron su respaldo a la iniciativa, con la que se creará la comisión nacional de ciberseguridad, que recibirá denuncias y quejas relacionadas con campañas de odio, discriminación, clonación de páginas y suplantación de identidad.
Además, se incluirán acusaciones sobre el ciberbullying (acoso virtual), fraude financiero por internet, pornografía y cualquier delito que esté tipificado en el nuevo Código Penal.
Desde el lunes anterior, la comisión de dictamen presidida por Gerardo Martínez ha tenido acercamientos con delegados de la prensa nacional y se ha determinado crear un consejo de veedores que estará constituido por múltiples organismos de la sociedad civil. La comitiva continuará hoy los encuentros con patronatos previo a someter la versión final del dictamen a discusión en el CN.
Procedimiento
El o los denunciantes deberán acudir a la comisión nacional de ciberseguridad para interponer su queja, entidad que no actuará de oficio, sino solo por denuncia, de acuerdo con el procedimiento planteado. En 24 horas se suprimiría el contenido que sea considerado ilícito en redes sociales. Especialistas de esta entidad, la cual será autónoma, investigarán las acusaciones y les darán seguimiento a las mismas.
Las sanciones administrativas aún no han sido definidas hasta que se elabore el respectivo reglamento en un período de seis meses y no 60 días como estaba contemplado inicialmente. El congresista del Partido Liberal y titular de la Asociación de Compañías de Cable de Honduras, Bader Dip, resaltó que “ya se quedó claro que el operador no va a ser el responsable, es el que genera el contenido y tendrá que pagar la multa”.
Instalar una oficina con un representante de Facebook, Twitter y otras redes sociales en el país se ha sugerido para que haga más expedito el proceso de remoción de contenido ilícito, agregó.
Como parte de los avances en la socialización de la ley, se creará un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil.
