El exfiscal general Luis Rubí se negó a firmar un acuerdo para que el personal operativo utilizara bienes incautados al crimen organizado como apoyo logístico.
El convenio se tenía que rubricar con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), pero según su director, Humberto Palacios Moya, el exfiscal nunca quiso llevarlo a cabo. “No sé cuál era el problema de él, pero nunca quiso firmar el contrato por más que yo rogué”, señaló Palacios Moya La Oabi estaba adscrita al Ministerio Público, pero en enero de 2012, mediante decreto legislativo, fue traspasada al Poder Ejecutivo.
Administrativamente ahora está bajo el mando de la Secretaría de la Presidencia. Carros, casas, edificios, haciendas, barcos y aviones son parte de las riquezas que, tras ser incautados por casos de lavado de activos, son tutelados por la Oabi mientras se dicta sentencia definitiva sobre la posesión de los mismos. La Oabi administra bienes valorados en unos 600 millones de dólares, según estimó la semana pasada Palacios Moya. El funcionario fue categórico al apuntar que al estar el exfiscal Rubí como cabeza del Ministerio Público “no dejaba de molestar” en el proceso de asistencia que la Oabi quería prestar a los fiscales.
