Tegucigalpa, Honduras.
En el caso de determinar la existencia de responsabilidad penal, el informe respectivo debe comunicarse al
Ministerio Público (MP) para que proceda por la vía correspondiente.
El Poder Legislativo negó ayer que un dictamen que reforma el artículo 115 de la Ley de Administración Pública tenga como propósito crear un manto de impunidad, limitando la acción penal del Ministerio Público.
El Congreso Nacional se vio obligado ayer a emitir un comunicado con la intención de contrarrestar la ola de protestas dentro y fuera del Legislativo.
En su sentencia, la reforma dice: El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el ejercicio de sus funciones, será la entidad responsable de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corresponda, por las acciones u omisiones realizadas por los miembros de los órganos colegiados a través de las decisiones adoptadas.
Como resultado de las intervenciones investigadoras del TSC a los reparos formulados, siendo firmes, luego le resultan las impugnaciones presentadas por los presuntos responsables, incluso en vía Contencioso Administrativo, dan lugar a la deducción de las responsabilidades administrativas o civiles que procedan, en este último supuesto por intermedio de la Procuraduría General de la República (PGR).
| Dato
La Comisión Parlamentaria de apoyo a la Maccih se reunió de emergencia con representantes de ese organismo para notificarles la supuesta pretensión de un grupo de diputados de aprobar la reforma, que según ellos, le da atribuciones penales al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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No procederá el ejercicio de la acción civil, penal o administrativa contra los miembros de los órganos colegiados como resultado de la función pública ejercida, mientras no se determine la responsabilidad de los mismos por parte del TSC, dice la reforma aprobada en el primero de tres debates que manda el reglamento interno del parlamento.
No hay limitantes. “En ningún momento, la reforma limita la potestad de investigación y de acusación del Ministerio Público. Por el contrario, la reforma establece la ruta clara que debe seguir la investigación, en caso de que estas personas que no son funcionarios públicos incurran en alguna responsabilidad administrativa, civil o penal”, señala el comunicado.
| “No hay intenciones de beneficiar a diputados”
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró ayer que la Ley de Administración Pública no regula las actuaciones del Poder Legislativo, sino a los organismos del Poder Ejecutivo y entes colegiados.
Por lo tanto, aclaró Zambrano, la reforma a la ley no tiene como objetivo beneficiar a diputados. Lamentamos que compañeros conocedores de la ley y hasta abogados, afirmen que esta reforma vaya dirigida para beneficiar a diputados, subrayó el representante por Valle. Enfatizó que la reforma está orientada a que el TSC fiscalice y audite aquellos diferentes entes colegiales, cuyas juntas directivas están integradas no solo por funcionarios públicos. |
