17, 500 microempresas cierran por chantaje

<p>Unos L2,400 millones genera la extorsión telefónica, en efectivo, depósitos y recargas.</p>

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Las maras y pandillas expanden sus dominios y para ello se financian de las extorsiones y chantajes. Las llamadas telefónicas con amenazas o engaños se han vuelto una de las mayores fuentes de ingresos de estos grupos antisociales. Expertos aseguran que pueden recolectar hasta 2,400 millones anuales.

Son tres formas que utilizan mareros y pandilleros para chantajear: Piden dinero efectivo, recargas telefónicas o depósitos a cuentas bancarias. Todo esto mediantes llamadas telefónicas que realizan a sus víctimas.

Las autoridades coinciden en que la mayor parte de los chantajes se realiza desde los centros penales del país; sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada para bloquear la señal desde los presidios.

“No es posible dar un cálculo exacto, pero las proyecciones indican que un extorsionador tiene la capacidad de hacer 50 llamadas al día, algunos desde la Penitenciaría, si de esas 50, 20 se convierten en 500 lempiras, estaríamos hablando que ese extorsionador puede recaudar 10 mil lempiras diarios, que representan 200 mil al mes. Y si hay mil extorsionadores que recuadan 200 mil lempiras mensuales esto significan 200 millones al mes y 2,400 millones al año y le hablo de una cifra conservadora”, recuenta Billy Joya, analista en seguridad.


El terror psicológico y la intimidación o simplemente el abuso de la buena fe hacen que las víctimas cedan a las exigencias de los extorsionadores. Van desde el engaño de hacer creer a la víctima que se ha ganado un carro, un viaje o dinero hasta
llamadas agresivas con amenazas de muerte o secuestro de familiares.

Las autoridades se ven impotentes, no han logrado que las empresas de telefonía celular realicen el bloqueo de las llamadas y hay tardanza para que se les entreguen los vaciados telefónicos cuando se denuncian los números.

Delito regional

“La extorsión ya no se ve como delito local, sino como regional a través de la delincuencia organizada y por delito transnacional”, explica Rigoberto Oseguera,
de la unidad antiextorsión de la Policía.

Las maras y pandillas cometen la mayor parte de los chantajes por medio de teléfonos que sus familiares u otros miembros les han llevado a los penales.

“Desde el 2004 el auge de las llamadas fue en aumento, al grado que hoy es el delito que
más daño hace a la población. Hemos detectado que algunas llamadas las realizan desde Guatemala, hay una evolución en el delito”, dice Oseguera.

Cierre de empresa

A nivel nacional, las proyecciones y cálculos que Joya es que se están recaudando más de 50 millones de lempiras al mes y 600 millones al año.

“Solo en Tegucigalpa se tienen registrados cinco mil comerciantes establecidos, de los 25 mil comercios que hay en el país. Pero cuando vamos de comercio en comercio, nos damos cuenta de lo que está pasando: están llegando de puerta en puerta, de comercio a comercio y en algunos casos en esos negocios hacen recaudaciones de cien mil lempiras de un solo golpe”, explica.

En el estudio realizado en Tegucigalpa este flagelo refleja que se han cerrado 17,500 microempresas en un año, entre las que se encuentran pulperías, mercaditos, puestos de comida, entre otros, que se quedaron sin oportunidad y sin opciones porque tuvieron que cerrar. Mientras que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), en un estudio que realizó con sus afiliados
en el 2012, reveló que por las extorsiones 1,600 empresas de las afiliadas cerraron operaciones, dejando sin empleo de manera directa o indirecta a 25,000 hondureños.

Cálculos en base al salario mínimo muestran que estos comercios inyectaban en pagos de salarios más de 107 millones de lempiras mensuales y unos 1,500 millones al año.

Las autoridades han participado en cursos
Regionales Anti Extorsión, en El Salvador, con fiscales y Policías para intercambiar información de inteligencia, para investigación de la extorsión y chantaje.

Sin embargo, aún hay miles de personas que a diario son extorsionadas y pagan sendas cantidades, otras han tenido que abandonar sus casas y hasta cambiar de escuelas a sus hijos.

La Prensa