Dictan medidas sustitutivas a señalado por caso de corrupción en Soptravi

El caso forma parte de la trama de la “Narcopolítica” presentado por la Maccih

Soptravi desapareció bajo el gobierno de presidente Juan Orlando Hernández. Fue sustituida por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).
Soptravi desapareció bajo el gobierno de presidente Juan Orlando Hernández. Fue sustituida por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep). / Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras

Una portavoz del Poder Judicial informó este viernes que se dictaron medidas sustitutivas contra Marlon Aguilera Flores, señalado en un caso de corrupción en la antigua Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).

Al imputado se le supone responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.

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El imputado Marlon Aguilera Flores.

La portavoz informó también que la audiencia inicial para este caso quedó programada para el próximo lunes 16 de diciembre a las 10:00 am.

Entre tanto, Aguilera deberá presentarse al juzgado para firma, tiene prohibido salir del país, frecuentar ciertos lugares y reunirse con ciertas personas.

El dictamen de medidas distintas a la prisión fue emitido por una jueza de competencia nacional en materia de corrupción.

Aguilera, quien se presentó junto con su abogado, se mantenía, según la portavoz, “prófugo de la justicia” y era el único imputado en el caso que todavía no se había presentado ante los tribunales competentes.

El caso Narcopolítica, presentado en mayo pasado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), con el respaldo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), involucra a unas 12 personas, entre los que destaca el exalcalde de Tegucigalpa Miguel Rodrigo Pastor.

La trama del caso gira en torno a los contratos adjudicados por Soptravi a la empresa Inrimar, propiedad de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de “Los Cachiros”, para llevar a cabo ciertas obras de infraestructura, principalmente en los departamentos de Colón y Olancho, las cuales nunca se efectuaron, pues la empresa no era sino una fachada para el lavado de dineros procedentes del narcotráfico.

La Prensa