Tegucigalpa, Honduras
Los privados de libertad que se encuentran bajo la jurisdicción de San Pedro Sula (que son mayoría) y 51 de la jurisdicción de El Progreso, Yoro, denunciaron ante los jueces de ejecución tratos crueles, inhumanos y degradantes que viven a lo interno de la cárcel de máxima seguridad El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.
Desde el 31 de enero de este año, los privados querían denunciar una serie de atropellos que a su juicio vulneran sus derechos, pero fue hasta el 13 de marzo, que en una visita realizada por los jueces de ejecución, defensores públicos, consejo interdisciplinario de la cárcel, representantes de derechos humanos, autoridades penitenciarias, así como familiares de los internos, escucharon las denuncias cuando realizaron un recorrido por el recinto.
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Naciones Unides establece medidas Señalaron que hay un Manual de Seguridad e Inteligencia Penitenciaria que establece las soluciones que deben seguirse a casos de violencia en los centros penitenciarios.
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“Tenemos un mes de estar encerrados, estamos en castigo, sin derecho a nada. El área de recreación está vacía porque a nosotros nos tienen en encierro permanente. Son 24 horas de encierro sin recibir sol”, relataron a los jueces, según revela el informe que levantaron las autoridades judiciales. Tanto en las celdas de mínima, media y máxima seguridad, la queja fue la misma y tras analizar la información, los togados ordenaron al director del penal dar ocho horas diarias de actividades de tratamiento y formación a los privados y ocho horas de descanso.
Las medidas
El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German Mcniel, aseguró que se respetan los derechos de los privados de libertad.
“Se respetan los derechos de los privados, somos signatarios de múltiples convenios internacionales y por eso respetamos los derechos que les asisten, pero investigamos los extremos que se han presentado en el informe formulado por los jueces de ejecución”, explicó el funcionario. Según el informe, los presos dijeron que están siendo sometidos a gas de bombas lacrimógenas y balas de goma, y que las autoridades aducen a que las medidas son para controlar los brotes de violencia.
“Se han tomado resoluciones para garantizar los derechos de los privados, hay muchas quejas que han sido estimadas porque quedó constatada la vulneración de sus derechos. Esperamos que las autoridades acaten esta resolución”, expresó Mildred López, jueza de Ejecución de El Progreso. Los jueces dijeron que en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tienen su propio control interno a cargo de la Inspectoría de Centros Penales y un subdirector Nacional de Seguridad e Inteligencia. “Ellos deberían tener conocimiento de primera mano de todos los incidentes y conflictos que acontecen en los penales para evitar la violencia como resolución de conflictos”.
