'Muerte de los 11 mineros y de berta Cáceres es lo más duro que he pasado”

Tegucigalpa, Honduras.

Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente y Minas, asegura que su cargo no lo aleja de los conflictos sociales que se derivan de las concesiones mineras.

Asegura que la voluntad del Gobierno, así como la plataforma de diálogo que impulsan, abre espacios para que los mecanismos de consulta se vuelvan una fortaleza para la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.

En el cargo que desempeña relató que ha estado al frente de duros retos, pero los que le dejan una huella emocional en su vida es la de la muerte de los 11 mineros en El Corpus, Choluteca, en 2014, y el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.

No digo que no hay problemas, porque persisten en el ámbito social; pero la Ley General del Ambiente tiene un contrato social, por ejemplo, dentro de la ley está el Sistema Nacional de Impacto Ambiental (Sineia), una figura no de socialización, sino de consulta. Estamos utilizando los reglamentos que la Ley de Municipalidades nos da, como el cabildo abierto, plebiscito, entre otros, para consultar con las comunidades. Son convocados todos los actores locales cuando hay una pretensión de un proyecto. Nuestro gran logro es el licenciamiento ambiental simplificado, una plataforma de información que incluye todas las áreas protegidas declaradas por los gobiernos locales. Al entrar en la plataforma, la primera información son las coordenadas, y entonces vemos que esa plataforma no depende de la discrecionalidad de un funcionario, o de varios funcionarios, sino del sistema, y eso transparenta el proceso.

Todos los conflictos que tenemos, todos, absolutamente todos, son heredados. No evadimos la problemática porque somos responsables como entidad estatal del medio ambiente. Hay que socializarlo, hacer consultas y llegar a acuerdos. Desde febrero de 2014, todos los procesos de licenciamiento ambiental tienen el más bajo nivel de conflictividad.

En cuatro años hemos otorgado 2,376 certificados de licencia ambiental, pero lo importante no es el cartón de la licencia, ese solo es el medio de verificación que se hizo de todo el proceso, lo importante es que atrás de cada licencia ambiental hay unos términos de referencia donde se originan los contratos de las medidas de mitigación. Toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente, y, de acuerdo con el impacto, son las medidas de mitigación. Hemos denegado licencias. Estamos ordenando los procesos, no es fácil, ni mágico, pero por algo se comienza.

Lo que no había era un marco legal adecuado, las estrategias, las políticas y sobre todo los reglamentos y los manuales de buenas prácticas. Por ejemplo, el reglamento de pago de servicios ambientales es un regalo que nos dio el Instituto de Conservación Forestal, es toda la metodología que usted tiene que utilizar con el dueño de un territorio.

Por ejemplo, con los territorios indígenas antes de establecer un proyecto deben hacer estudios, ir a la comunidad y establecer acuerdos.

Se hace un estudio de la valoración del agua, entonces la hidroeléctrica sabe cuánto le va a costar el agua, cuánto de esa agua viene del territorio indígena y le paga por el servicio ambiental, por cuidar ese bosque y generar agua. No es regalar escuelas o hacer caminos. No se puede sustituir el pago de servicios ambientales por las obligaciones que tenemos como Estado, como gobierno local.

La primera lección es que la interacción entre las instituciones del Estado debe existir. Había vacíos legales, un litigio entre dos municipios. La zona de captación de agua generó conflicto porque era territorio indígena y no hubo un arreglo de pago por servicios ambientales en la parte media y alta de la cuenca.

Otra lección es que antes de otorgar una licencia ambiental y una concesión se debe estar seguro de que todos tienen que estar a gusto, esa es para mí una lección dura. Y algo clave es procurar espacios seguros para defensores de derechos humanos, derechos ambientales y especialmente de derechos de los pueblos indígenas. Esa es la dura y triste lección que pagamos como país.

El Corpus es una dura lección y triste.

Murieron inicialmente 11 personas que estaban allí porque ese era su medio de vida, y luego murieron tres más. Ese proyecto fue producto de una mala decisión política al hacer una veda.

Con una veda pasa que todo lo formal lo vuelve informal. Esta mina irregular pasó a ser minería artesanal. El permiso fue solicitado por el gobierno local y ahora tiene las medidas ambientales.

En ese problema social incluso había hasta crimen organizado. Se declaró la zona como reserva y establecimos un parque minero, como concepto de la cadena industrial. Se organizó a los mineros, primero en cooperativas y luego en empresas.

El Estado estabilizó el cerro para evitar nuevos accidentes y pasar de una mina de túneles a una mina a cielo abierto. El problema persiste. Hay días que cuatro mil personas quieren trabajar.

Hemos hecho de todo porque hay un problema social y hay pequeñas crisis cuando el oro sube de precio.

Lo más importante es que prevenimos muchas muertes. Ahora trabajamos en la prevención de la contaminación del medio ambiente.

La muerte de los 11 mineros de El Corpus en Choluteca. Es algo que todas las noches recuerdo, y lo otro, la muerte de doña Berta Cáceres. Esos son los dos momentos más difíciles. En ambos hicimos lo que el Presidente ordenó. Pero moralmente, profesionalmente, fue muy duro.

Recuerdo que cuando se rescató meses despúes, los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados, se entregaron los restos a las familias. Fue algo emocional, una especie de aldabonazo que nos decía que eso no puede volver a pasar. Y con doña Berta nos sentábamos siempre a hablar.

Ella pedía información, con mucha de esa información nos demandaba, pero no importaba porque era parte de la transparencia. Con su muerte, el país perdió y nosotros también porque teníamos un mecanismo de diálogo, y ella era un enlace con los pueblos indígenas.

Ese problema es producto de no contar con una estrategia de buenas prácticas con Guatemala para el manejo de residuos líquidos y sólidos.

Tenemos una comisión binacional y fondos para un primer programa en el manejo de la cuenca del río Motagua. Son seis proyectos, tres por país, para tocar el tema de manejo.