“Lo llevaban a matar”: Crudos relatos de hondureños extorsionados

Los dueños de negocios del sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, están en zozobra, pues ayer, previo al despliegue policial por el estado de excepción, los integrantes de maras y pandillas les advirtieron que el cobro del “impuesto de guerra” seguirá y los llamaron a guardar silencio.

Uno de esos comerciantes, que por seguridad se le llamará Juan, denunció que las pandillas que cobran en su negocio, subieron esta semana de 1,000 a 1,500 lempiras el cobro de extorsión a los camiones repartidores de lácteos, embutidos, abarrotes y demás productos.

“Yo solo les digo a los repartidores que descarguen el producto y que se vayan rápido de acá porque no quiero que los vayan a fregar”, dijo la víctima de extorsión.

Juan, que teme por su vida, dijo que la violencia impera en la zona y que la Policía no tiene el resultado esperado.

“El domingo un joven esperaba a que abrieran una llantera y llegaron unos mareros, lo asaltaron y le golpearon la cabeza con su casco, luego lo subieron en una moto y lo llevaban a matar, él se lanzó y salió corriendo para salvar su vida. Mientras eso transcurría llamé a la Policía, sin importar que tuviera consecuencias para mí”, recordó.

“Pero vinieron dos horas después. Esperamos que ese estado de excepción dé resultados porque pago más de 5,500 lempiras de extorsión a dos maras que vienen a cobrarme y a todos los negocios de la zona sin atraso”, agregó.

Otra dueña de negocio de la zona afirmó que está de acuerdo con la medida tomada por el Gobierno, porque está consciente de la criminalidad que hay en la zona de la Rivera Hernández, sin embargo, aseveró que ella y los otros negocios dependen de las ventas y cierran a las 8:00 pm; y en esta temporada navideña, pensaba a ampliar su horario.

“Yo sé que afirman que no va a afectar porque hay libre circulación, pero la mayoría no lo entiende así, hay un temor y no saldrán después de las 6:00 pm y eso baja las ventas, las cuales no están de lo mejor. Lo ideal sería que sigan socializando el estado de excepción para que la gente de las comunidades entienda”, dijo.

Julio Uclés, dirigente patronal de Chamelecón, manifestó que los habitantes de la zona temen que con las facultades dadas a la Policía para allanar y capturar bajo sospechas delincuenciales, genere abusos y otras situaciones al margen de la ley.

“El gobierno está haciendo lo suyo para tratar de dar seguridad, pero existe el pensamiento que entregarle esta carta blanca a la Policía para que se mancillen los derechos de la población es contraproducente, porque ya de por sí muchos han abusado del poder que les da el uniforme y ahora con este decreto se quebranta la presunción de inocencia y pueden detener donde quieran y a la hora que quieran es negativo. Esto es más trabajo para los organismos de derechos humano, cuando vengan las quejas por abusos que se pudieran cometer”, comentó.