Específicamente, las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad de la administración anterior.