SIT licita carretera de occidente que ya había sido concesionada

Tegucigalpa

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) empezó a recibir ofertas de licitación para la construcción y rehabilitación de la carretera a occidente, desde Chamelecón, Cortés, hasta La Entrada, Copán, pero hay un gran obstáculo en el camino: fue concesionada en enero de 2018 a una empresa colombiana.

El conflicto deriva porque este contrato de concesión nunca fue aprobado por el Congreso Nacional, pero la compañía, identificada como Concesionaria Vial de Occidente (Covsa S.A. de C.V.), ya entregó 50 millones de lempiras a la extinta Comisión para la Promoción de la Alianza Pública Privada (Coalianza).

El principal perdedor es la población de occidente en Honduras, debido a que la carretera está destruida y no se ha podido avanzar en recuperarla.

Más que nunca urge reparar esta vía debido al avanzado deterioro. Documentos evidencian que el corredor de occidente, en la carretera CA-4, comprende los tramos entre Chamelecón, Naco, La Ceibita y La Entrada, Copán.

En total son 106 kilómetros de vía que fueron concesionados por la desaparecida Coalianza a la empresa Covsa.

El contrato fue aprobado por el Ejecutivo mediante el PCM 0078-2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta, el 2 de enero de 2018, y para comenzar los trabajos solo faltaba que se aprobara en el Congreso por mayoría simple de 65 diputados.

Al ser aprobado en el Congreso debía ser publicado en La Gaceta para su vigencia y comenzar la construcción del proyecto.

El problema se generó con la desaparición de Coalianza y el traslado de las responsabilidades de las desaparecidas Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que retiraron el decreto de la Secretaría de Congreso.

El contrato establecía la construcción a cuatro carriles en el tramo Chamelecón-Naco, con una longitud 24 kilómetros, a base de concreto hidráulico, con 20 centímetros de espesor.

La rehabilitación a dos carriles desde Naco hasta La Entrada, Copán, de 82 kilómetros, con concreto hidráulico, con 20 centímetros de espesor.

El compromiso de la empresa que ganó el contrato es darle mantenimiento a los 106 kilómetros por el periodo de concesión de 25 años.

La concesión al final era por 28 años, ya que en dos años se haría la construcción, se daba un año para el cierra financiero y 25 años de operación.

Para esto, la empresa que ganó la licitación ya tenía listo los fondos de préstamos internacionales, que suman 225,066,601.68 dólares, más de 5,500 millones de lempiras, mismos que el Estado comenzaría a pagar cuando el proyecto comenzara a prestar servicios.

Si bien es una concesión, el modelo de repago no es por medio de casetas de peaje, como el corredor logístico, sino que el Estado pagará 26 millones de dólares por los 25 años que dura el proyecto.

Según la empresa constructora, este modelo es como un préstamo a largo plazo, salvo que ellos van a construir la carretera y durante todo este tiempo se van a asegurar que esté en buen estado, con otros servicios que establece el contrato.

El conflicto viene ahora que la SIT busca ejecutar la pavimentación de varios tramos de esta carretera, pero la misma ya está concesionada y la empresa que ganó el proceso solo está esperando que el Congreso Nacional apruebe el contrato para arrancar.

Por ejemplo, ayer la SIT recibió las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-027-2022 para el tramo Naco-Quimistán, en Santa Bárbara, de 28.20 kilómetros.

Para mañana, viernes 21 de octubre, se recibirán las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-028-2022 para el tramo Quimistán-Sula, en Santa Bárbara, con un tramo de 23 kilómetros.

Y para el lunes 24 de octubre se recibirán las ofertas de la licitación pública LPN-SIT-029-2022 de Sula-La Entrada, en los departamentos de Santa Bárbara y Copán, para un tramo de 27.90 kilómetros.

Se le llamó y escribió al ministro de la SIT, Mauricio Ramos, para consultarle sobre la legalidad de estos procesos, pero no respondió.

Exfuncionarios de Coalianza, que solicitaron el anonimato, explicaron que la empresa cumplió con todos lo establecido en el proceso de licitación, incluso, le pagó al Estado todo el proceso de estructuración del proyecto, valorado en 2,205,382.71 dólares, que son más de 50 millones de lempiras.

Cuando Invest-H tomó los proyectos, el contrato fue retirado del Congreso Nacional, ya que por razones desconocidas, no llegó a discusión para su aprobación.

La fuente indicó que Coalianza, cuando inició el proceso, hizo la conciliación con todas las municipalidades aledañas al proyecto y todos estuvieron de acuerdo porque se necesitaba la ampliación de la carretera.

Tegucigalpa. Marvin Melgar, exgerente de proyectos de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), explicó que el proyecto del corredor de occidente se licitó en tres ocasiones debido a que el flujo de tránsito no era suficiente para el repago y no podía ser por peaje.

En la tercera ocasión se trajo un especialista chileno con apoyo de un banco internacional. Con proyecciones de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) se logró adjudicar a la empresa colombiana Covsa.

Una vez licitado, la empresa que ganó el proyecto pagó al Estado más de 50 millones de lempiras por la estructuración que realizó Coalianza.

El problema fue que el contrato llegó al Congreso Nacional y al final se desconoce su desenlace, porque cerraron Coalianza, luego llegó la pandemia de covid-19 y la concesión nunca se aplicó. Melgar explicó que el modelo no estaba fuera de tono y era interesante, pero al final el país se quedó sin esa infraestructura.

La concesión se dio de forma total, pero el contrato quedó empantanado en el Congreso. Nunca se aprobó, pero se hizo todo el proceso que ordenaba la ley.