Colón, de las zonas más violentas de Honduras

Tocoa, Colón

El amplio departamento de Colón, además de ser uno de los más productivos del país, también ha sido escenario de históricos y profundos conflictos agrarios, ambientales y altos índices de violencia.

A raíz de la seguridad y la criminalidad, desde hace 12 años existe un decreto que prohíbe la portación de armas de fuego, pero en los últimos meses se han registrado actos violentos de impacto nacional e internacional.

Uno de los escenarios más problemáticos es Tocoa, donde la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos ha desembocado en una lucha entre ambientalistas y grupos opositores.

En este contexto ocurrió el asesinato del activista ambiental Juan Antonio López, por lo que la situación en la zona se ha vuelto más tensa e incierta.

Además de este crimen, la inseguridad azota varias comunidades, sumado a los constantes altercados que mantienen autoridades municipales con miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Aunado a esos hechos, Colón ya sufre por ser paso importante para los narcotraficantes que reciben por mar y aire cargamentos de cocaína que luego son transportados vía terrestre hasta San Pedro Sula, en su ruta a la frontera con Guatemala.

Esta situación caótica se refleja también en los altos indicadores de inseguridad de Colón, que este año se ha convertido en el segundo departamento más violento de Honduras, con una tasa de 32.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Uno de los episodios que ilustra la conflictiva ocurrió el 13 de junio durante un cabildo abierto en la comunidad de La Ceibita, donde lanzaron una piedra contra el alcalde Adán Fúnez, según se aprecia en un video.

Tres semanas después, el 4 de julio, desconocidos quemaron gran parte del edificio de la municipalidad de Tocoa. El Cuerpo de Bomberos determinó que el fuego fue provocado.

Las oficinas de Tributación, Secretaría y el despacho del alcalde ardieron tras recibir desde el exterior bombas molotov.

El edil responsabilizó a miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa de los hechos, aunque por el incendio nadie ha sido acusado, pues los agentes que participaron en la investigación no han presentado el informe a la Fiscalía.

Otro de los crímenes que para los tocoeños no ha sido olvidado, pero que sigue en impunidad, es el asesinato de Manuel Moreno, quien era jefe de infraestructura de la municipalidad de Tocoa. Moreno fue asesinado por sujetos que le dispararon cuando estaba en un billar en la colonia Buena Vista la noche del 5 de julio.

La poca información detrás de este crimen inquieta a los habitantes de Tocoa, pues, ante la falta de detalles de la investigación, vinculan a autoridades locales con las acciones.

El asesinato del ambientalista López, en cambio, ha provocado que el temor se transforme en la exigencia de justicia ante tanta inseguridad.

Según el Sistema Estadístico Policial (Sepol) Tocoa, hasta el 15 de septiembre de 2024, había reportado 33 homicidios, mientras que en 2023 cerró con 89 muertes violentas.

Trujillo también muestra una alta incidencia criminal: este año se contabilizan 33 muertes. En la lista siguen Sabá con 13 homicidios y Sonaguera con 10. Completan el listado Limón (9 casos), Bonito Oriental (9) e Iriona (8).

En contraste, Santa Fe no ha reportado ninguna muerte violenta (tal y como ocurrió el año anterior). Santa Rosa de Aguán (2 muertes) y Balfate (1) también muestran una baja incidencia.

Según un análisis de LA PRENSA Premium a las estadísticas policiales, el departamento de Colón ocupa el sexto lugar en cantidad de homicidios a nivel nacional, con 118 muertes violentas, según cifras al 15 de septiembre de este año.

Sin embargo, Colón es el segundo departamento más violento de Honduras si se mide de forma relativa.

Esas 118 muertes violentas y una población de más de 364,000 habitantes (datos del INE) dejan al departamento con una tasa de 32.3 homicidios por cada 100,000 habitantes (hpccmh).

Solo es superado por Islas de la Bahía (primer lugar), que tiene una tasa de 39 hpccmh, registro que alcanza al tener unos 82,000 pobladores y reportar 32 muertes violentas. En tercer lugar está Olancho, que registra este año 187 homicidios en una población de casi 610,000 personas, lo que deja una tasa de 30.7

Si bien mantener estas cifras significan una leve mejoría, pues el 2023 que cerró con 210 asesinatos, Colón todavía es un corredor mortal para una zona altamente productiva. Las medidas como la prohibición de portar armas de fuego (implementada hace 12 años) y el Estado de excepción (vigente desde diciembre de 2022) de poco han servido.

César Mauricio Artica, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tocoa, recordó que el decreto que da vida a la prohibición de portar de armas en Colón (117-2012) lleva más de 12 años en vigencia, pero han luchado para que sea derogado, pero no hay voluntad política.

“La violencia sigue igual que otros años, el decreto no ha bajado la tasa de homicidios ni delincuencia común y no ha sido la mejor salida para el departamento”, criticó.

El director de la Policía Nacional, Manuel Aguilar Godoy, en una visita a Tocoa en el marco del asesinato de López, reconoció que el decreto es una problemática.

“Mucha gente que tiene el derecho de andar armado no lo tiene, porque el mismo Estado se lo ha quitado, pero los delincuentes andan armados”, consideró Aguilar.

La Policía cifra que en el cuartel general de Casamata están bajo custodias unas 10,000 armas decomisadas, sin precisar su procedencia.

Para exigir la derogación del decreto desarme, organizaciones de ganaderos, palmeros y agricultores de los diferentes municipios se han unido para protestar con tomas de carreteras, pero no han tenido respuestas.

Medardo Mencía Rosales, dueño de un hotel en Colón, indicó que es preocupante que con tantas muertes en el departamento haya una prohibición que no permita andar armado al ciudadano para defenderse de cualquier acto de violencia hasta sus propias casas o negocios.

“La situación económica en Colón no está buena, no da para pagar guardias privados en los negocios y si tenemos armas tampoco podemos portarlas”, se quejó Mencía.

En ese sentido, las fuerzas vivas dieron de plazo hasta el próximo 1 de octubre para que el gobierno derogue el decreto de desarme o, si no, acudirán a medidas extremas como bloqueos de carreteras.

Eggla Sosa, presidenta de la Cámara de Comercio de Tocoa, expresó que están conmocionados por los últimos hechos violentos, como el homicidio del regidor y ambientalista López.

Tocoa, aclaró Sosa, no sufre de delincuencia común, como asaltos o modalidades de extorsión, sino una violencia originada por la tenencia de la tierra y explotación de los bosques.

“Ese decreto de prohibir la portación de armas se ha hablado porque hay muchos socios que solicitan la suspensión del decreto o un salvoconducto, porque hay casos en que es necesario andar armados”, afirmó.

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) bloquearon ayer lunes un tramo de la carretera CA-5 norte para exigir justicia por el asesinato de López.

La toma obstaculizó el paso de miles de vehículos en la zona de colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, a las afueras de la capital, por unas seis horas.

Los manifestantes se pronunciaron porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tampoco ha confirmado la sentencia para los autores materiales del crimen de la ambientalista Berta Cáceres.