Desde Suramérica, Italia y Honduras operan grupos sexuales de Telegram

San Pedro Sula, Honduras.

En medio del incremento de casos en los que numerosas hondureñas están siendo víctimas de extorsión, se ha detectado un preocupante patrón: individuos que amenazan con divulgar contenido íntimo que fue enviado en el pasado. Ante esta problemática, la Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para rastrear a los responsables de compartir material gráfico sexual a través de plataformas como Telegram, WhatsApp y otros espacios.

En una entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA Premium, un alto cargo policial de la Unidad de Delitos Informáticos de la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras (DPI) Interpol compartió detalles sobre su labor en la investigación de estos casos.

“Estamos tratando con individuos que obtienen beneficios económicos a través de la distribución de material explícito. Por lo tanto, trabajamos en estrecha colaboración con la Fiscalía para llevar a cabo procesos judiciales contra estos perpetradores”, declaró el oficial, a quien por motivos de seguridad se reserva su identidad real.

Desde la Unidad de Delitos Informáticos son plenamente conscientes que se enfrentan a individuos altamente capacitados. Este grupo heterogéneo incluye desde abogados, médicos y mercadólogos, hasta policías y expertos en ciberseguridad.

Además, no se debe subestimar la participación de personas con diversos niveles de educación, quienes, aunque no posean un alto grado académico, ayudan en la cadena de distribución de este contenido perjudicial.

“Hemos sido parte de casos de impacto, por ejemplo, en una operación con apoyo internacional encontramos que un abogado mantenía un sin fin de material ilegal, y se terminó quitando la vida en un centro penal”, rememoró con suspicacia. El investigador dejó entrever la posibilidad de que varios de sus agentes estén actualmente infiltrados en estos grupos, llevando a cabo un registro exhaustivo de los números de teléfono que ingresan regularmente.

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Advirtió que “nada es completamente seguro” desde el punto de vista informático, ya que existen herramientas disponibles para evadir sistemas de seguridad. Detalló que, en su experiencia, estos grupos delictivos suelen disponer de un respaldo financiero significativo, contratan ingenieros especializados para garantizar la seguridad de sus comunicaciones y establecer una red de apoyo sofisticada. Todo apunta a que estos canales están siendo gestionados mayoritariamente por bandas independientes, tanto a nivel local como internacional.

La pandemia exacerbó esta situación, el factor de ingeniería social ha facilitado que los delincuentes puedan llevar a cabo sus ataques utilizando métodos y medios electrónicos. “Nuestra labor investigativa parte de la denuncia, y gracias a nuestro sistema informático podemos dar seguimiento a cada caso; sin embargo, la carga laboral es considerable, especialmente para los agentes que dirijo, ya que actualmente solo operamos en Tegucigalpa, atendiendo a nivel nacional”, comentó el entrevistado.

Una vez recibida la denuncia, la unidad especializada realiza las investigaciones. Normalmente, la víctima aporta los dispositivos electrónicos que incluye conversaciones, fotos y vídeos, los cuales son sometidos a análisis forense en sus laboratorios. Los informes resultantes son compartidos con la Fiscalía, que luego indica las diligencias adicionales a realizar.

“Hacemos hincapié en la identificación y desarticulación, especialmente en una red social muy conocida y otras que también reportan alta incidencia. Mantenemos relaciones con el BI y otras agencias del Gobierno estadounidense para obtener información y apoyo en la lucha contra el ciberdelito”, destacó.

El jefe policial señaló que los servidores utilizados por estos grupos delictivos están alojados en territorio estadounidense, lo que facilita la colaboración con autoridades extranjeras para combatir este tipo de delito.

En operaciones policiales internacionales en curso, Interpol Honduras ha encontrado vínculos entre personas en Honduras y países sudamericanos y europeos, específicamente personas italianas. Esto ha sido detectado gracias a números de teléfono, contactos y perfiles sociales encontrados en dispositivos confiscados.

Se han realizado allanamientos y decomisos, y los análisis forenses han revelado conexiones de estos extranjeros con hondureños, especialmente en el caso del uso de contenido sexual de menores.

“Continuamos monitoreando y analizando las redes sociales en busca de material relacionado con trata de personas, pornografía infantil y abuso sexual de menores, lo cual sigue siendo una preocupación. Soy padre de una hija y créame que no me gustaría para nada que ella pasara por algo como esto”, externó.

La finalidad última es lo económico. Existen dos niveles de participación en esta fase: el estándar, donde a veces se paga una cantidad establecida, y el VIP, que implica pagos más elevados, principalmente en casos sexuales de menores.

De acuerdo con pesquisas de Interpol Honduras, cuando son usuarios comunes o inexpertos en la materia, ingenuamente operan desde teléfono o computadora en su casa u otro lugar, pero cuando son grandes bandas, generalmente contratan servidores y software para el ocultamiento de estos contenidos. Aunque han habido capturas, resulta difícil desarticularlos por completo porque quedan relevos.

Sus pesquisas revelan que redes piden desde 4,000 lempiras hacia arriba a cambio de que un usuario brinde material e ingrese a grupos “exclusivos”. El monto depende del tipo de contenido y el más apetecido es el abuso sexual infantil.

La modalidad tendencia que usan para agenciarse de dinero es a través de criptomonedas, lo que ya se está investigando.

“Hemos mirado que personas de la tercera edad están abusando de menores e incluso bebés de hasta cuatro o cinco meses”, narró el investigador. “Al integrar estos grupos están esperando que usted comparta, primero lo prueban, luego se ponen en contacto por otro medio, piden que suba el material a una plataforma desarrollada específicamente por ellos, le mandan un link, luego descargan lo que usted depositó y le dan de baja”, pormenorizó.

Las investigaciones de estos casos duran en promedio un año y la alza de hechos es en la costa norte del país. Informó que para los meses de mayo o junio se espera operativizar uno de estos casos y materializar alrededor de 15 en los que resta del año por delitos de este tipo.

Denis Díaz, experto en materia penal, planteó que “en nuestra actualidad y con el apogeo de las redes sociales, las plataformas han generado espacios donde nuevos mercados hacen presencia, unos orientados a la venta de productos y servicios y algunos otros a la comercialización o puesta a disposición de contenido para adulto”.

¿Cómo llegó dicho contenido a estos grupos? ¿son originados de un acto comercial como es comprar y vender? ¿hasta dónde tiene derecho una persona de vender o compartir un producto o servicio que ha adquirido mediante la contraprestación de un pago? ¿es legal? ¿Estoy cometiendo delito si recibo este tipo de contenido en mi dispositivo sin el consentimiento de la persona?

“No es nada nuevo que las parejas dentro del marco de la confianza tomen la decisión de compartir imágenes o vídeos íntimos de sí mismas o por otro lado, videos teniendo relaciones sexuales con sus parejas. Esta práctica, si bien es cierto, nace y se desarrolla dentro de altos niveles de confianza y respeto, no menos cierto es que en muchos de los casos las parejas terminan y esto genera una posibilidad para cobrar ´venganza´ en contra”, reflexionó el analista y consultor.

“Es importante tener presente que tanto hombres como mujeres venden este contenido sexual, ya sea mediante envió de fotografías o vídeos a cambio de dinero, recargas telefónicas o cualquier otro objeto o servicio que represente un beneficio. También estas ventas se pueden dar a través de la suscripción a paginas para adultos que comercializan la posibilidad de observar contenido sexual de personas famosas o que consideran que su cuerpo puede generar un ingreso económico, como es Onlyfans”, agregó.

Para poder obtener y brindar respuestas jurídicas ante esta problemática, Díaz realizó un análisis jurídico de nuestra legislación penal vigente. En el Título X de Delitos Contra la Inviolavilidad Domiciliaria y la Intimidad, capítulo II de Violación y Divulgación de Secretos, se describe que “quien sin autorización difunde imágenes intimas de otra obtenidas con su consentimiento, debe de ser castigado con las penas de prisión de uno a tres años y una multa de 90,000 días”.

El hecho del delito antes mencionado recae sobre el verbo rector de difundir, en este caso imágenes intimas sin con el consentimiento de la persona que las genera. Es aquí donde se de analizar e interpretar gramaticalmente la palabra intimidad ¿Qué debemos de entender por intimidad?

“Las imágenes generadas por la persona y que hayan sido enviadas a una persona de alta confianza o grupo restringido representa un voto de confianza en vista que es contenido íntimo que comparte. Si alguien toma la decisión de difundir o vender se caen en la consumación del delito en virtud que se cumplen los dos requisitos necesarios para que se configure: el primero, la difusión de información que en este caso es imágenes íntimas, y la falta de consentimiento de la persona que las originó.

¿Qué sucede cuando estas imágenes han sido adquiridas mediante un acto meramente comercial; es decir, se vende la fotografía o vídeo a cambio de 1,000.00 lempiras, por ejemplo ¿Hasta dónde tenemos el derecho de difundir un contenido que ha sido pagado? ¿cuál es la diferencia de pagar un servicio en plataforma a comprar una imagen o vídeo de contenido sexual? Díaz pormenorizó que “si partimos de un enfoque meramente comercial, cuando usted compra un producto usa, goza y dispone del mismo, pero en este caso, es más que claro que nuestra legislación penal vigente ya regula los actos de difusión siempre y cuando sea sin consentimiento, pero pasa todo lo contrario cuando una persona compra y posteriormente difunde”.

¿Puede este consentimiento inicial ampliarse o extenderse a terceras personas? ¿puede lucrarse el comprador inicial de dicho contenido a través de la reventa de dicho contenido? “Difundir sea imágenes o vídeos es considerado un delito siempre y cuando se cumplan cada uno de los elementos de la teoría del delito, como la acción humana, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad”, destacó durante la entrevista.

Desde una visión criminológica por el experto, la exposición a una serie de comportamientos “socialmente aceptados” representa la normalización de la difusión o venta de dicho contenido y más aún sin el consentimiento de la persona. En su opinión, esta situación se debe al debilitamiento o ausencia de factores de protección o controles sociales informales, como la familia, la escuela, la iglesia y las amistades.