“Plan solución contra el crimen” adopta medidas populistas y radicales al estilo de El Salvador

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció el pasado 14 de junio la tercera fase del “Plan solución contra el crimen”, presentando una serie de modificaciones, 14 para ser exactos, que pretenden ser rigurosas y radicales para enfrentar la creciente criminalidad en el país. Sin embargo, algunas medidas ya están vigentes o gravitan entre el populismo y radicalismo adoptado por El Salvador.

Muchas de estas acciones anunciadas no solo están ya contempladas en la legislación vigente, sino que también forman parte de las obligaciones inherentes del Estado para combatir la criminalidad, indicaron expertos a LA PRENSA Premium.

En otras palabras, el gobierno presume de las nuevas medidas anunciadas como si fueran una innovación, cuando en realidad constituyen simplemente el cumplimiento básico de sus deberes y responsabilidades con la población hondureña.

Además, estas medidas parecen seguir un modelo similar al adoptado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, aunque con menos severidad -debido a las consideraciones sobre los derechos humanos-, pero sí con un enfoque populista igual al del país vecino.

La raíz de esta similitud se encuentra en la aprobación, en diciembre de 2022, del decreto ejecutivo PCM 20-2022 que permitió la excepción de garantías constitucionales debido al aumento de la criminalidad, iniciando así una serie de decretos de emergencia.

Asimismo, el plan “Solución contra el Crimen”, aprobado en marzo de 2023, ha experimentado múltiples modificaciones desde entonces, reflejando una implementación tardía y no siempre adecuada de sus disposiciones. Actualmente, se encuentra en su tercera fase, adaptándose continuamente al contexto cambiante del país.

Una de las primeras medidas anunciadas por la presidenta Xiomara Castro implica que las fuerzas de seguridad deben realizar intervenciones urgentes en todos los municipios del país con altos índices de criminalidad, una política que guarda similitudes con la estrategia de “Cero Tolerancia” implementada en El Salvador.

Estas acciones son posibles gracias al estado de excepción en vigor, aunque preocupa que los resultados no estén a la altura de las expectativas, pues de lo contrario esta política no se habría renovado tantas veces (al menos 14).

El ministro Sánchez anunció que la disposición había sido ampliada 45 días más, así que vence a mediados de agosto. Algunas extensiones han sido emitidas por el Poder Ejecutivo, sin la ratificación del Congreso Nacional.

La segunda medida habla sobre la creación de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), entre Olancho y Gracias a Dios, el cual albergará 20 mil privados de libertad de alta peligrosidad, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, aunque este tiene capacidad para 40 mil reclusos.

Aunque es poco probable que la construcción de esta cárcel se realice, por el tiempo que resta del actual gobierno (menos de dos años) y los retrasos existentes, como los observados en la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne (que, por cierto, afecta al medio ambiente), algunos expertos en derechos humanos están preocupados por las condiciones que puedan prevalecer en estas instalaciones.

Para Evelyn Ramírez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), la creación de una cárcel en un lugar remoto del país violenta los derechos humanos ya que imposibilita que los familiares de las personas privadas de libertad puedan visitarlos.

”Esto puede generar un desarraigo familiar que repercutirá a corto y mediano plazo en la salud mental y física de las personas privadas de libertad. Se militará el acceso a sus abogados, citas médicas, las cuales son poco garantizadas en centros penitenciarios cercanos a las ciudades, no digamos en estos lugares asilados”, expresó.

Del mismo modo, genera inquietud la propuesta de reformar el Código Procesal Penal para extender la aplicación de la prisión preventiva a todas las personas en proceso de juzgamiento por delitos graves. Esto podría entrar en conflicto con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que las medidas cautelares no deben tener un fin punitivo.

La diferencia entre Honduras y El Salvador es que la nación cinco estrellas está sujeta a diversos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha emitido sentencias que requieren al país cumplir con recomendaciones específicas para mejorar las condiciones en las cárceles.

En este contexto, es lamentable que se prefiera construir nuevas instalaciones penitenciarias, antes que mejorar las existentes y explorar otras estrategias efectivas para abordar la crisis penitenciaria, lamentaron los expertos.

”Consideramos que en Honduras hay capacidad para poder hacer o ejecutar un plan o una estrategia basada en la contundencia, pero también los derechos humanos para lograr cambios sustanciales”, expresó Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El experto instó a las autoridades a no seguir con este tipo de medidas que son ilegales por no respectar procesos y porque se ha desnaturalizado su uso, fomentando el abuso de poder.

LA PRENSA Premium buscó una reacción del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, pero a pesar de mensajes y llamadas, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta

”Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Asimismo, establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal”, se menciona en otra de las medidas.

Como se mencionó anteriormente, ya es responsabilidad de las fuerzas de seguridad realizar las investigaciones correspondientes para capturar a individuos que cometan esta clase de delitos.

Su ejecución lo menciona precisamente la ley. En el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Policía Nacional dice:

“La Policía Nacional (...) es la encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito. proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a la Constitución de la República las Leyes y los Derechos Humanos”.

Ocurre lo mismo con la medida de intensificar investigaciones y operativos para dar con la ubicación y erradicación de plantaciones de drogas. Ya la ley estipula que el CNDS debe diseñar estrategias de prevención, combate, investigación y sanción a estas conductas delictivas.

Se repite la historia con la medida que se refiere a las reformas del Código Penal para que las personas pertenecientes a maras, pandillas y bandas criminales que cometan actos de sicariato, tráfico de armas, extorsión, narcotráfico y secuestro sean calificadas como “terroristas”, así como endurecer penas por los delitos cometidos contra la integridad física de operadores de justicia, pues la ley ya sanciona con agravantes específicas las conductas de este tipo.

La designación de jueces, fiscales y demás personal que se menciona en las demás medidas es simplemente parte del trabajo de las autoridades, lo cual no debería contabilizarse como una medida como tal.

Entre las medidas también se menciona el uso del brazalete electrónico y otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas y que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente (aunque no mencionan presupuesto), sin embargo, ya la medida está establecida en el Código Penal.

“Para garantizar su cumplimiento el Órgano Jurisdiccional competente puede acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del penado”, se menciona en el artículo 39.

El criminólogo Gonzalo Sánchez estuvo de acuerdo con que Honduras siga algunas medidas que se utilizan en El Salvador y consideró que se debe dejar de lado a los derechos humanos. “La comunidad internacional no va a salvar a nuestro pueblo, entonces allá -en El Salvador- se formó un frente común y dijeron ‘pues se les terminó la fiesta -a los criminales-’ y le entraron con todo, eso es lo que le hace falta a Honduras”.

El experto mencionó que, de lo contrario, en país continuará con las mismas condiciones e índices de criminalidad, pues a su criterio, el delito experimenta distintos tipos de mutaciones como las masivas desapariciones de las últimas semanas. “Hay que irse con todo, pero si estamos con paños tibios no, ahí no, yo creo que está bien tomar las medidas similares a las de El Salvador”, dijo.

La doctora Julissa Villanueva, viceministra de la Secretaría de Seguridad, dijo que los planes contra el crimen a más alto nivel ya han sido planteados debido a los pobres resultados obtenidos anteriormente, pero la existencia de policías y militares corruptos puede entorpecer la oportuna actuación.

”¿Hasta cuándo se encontrará una verdadera solución contra el crimen?”, cuestionó. “La clara infiltracion del crimen organizado basado en un régimen altamente corrupto continúa generando daño. Necesitamos soluciones enmarcadas en la verdad, actuaciones y estrategias eficientes para un corto y largo plazo en las que se respeten derechos ciudadanos”, dijo.

Desde gobiernos anteriores se habla de planes duros contra la criminalidad, pero no ha habido éxito en su ejecución debido a la falta de determinación y voluntad política, según expertos.

“Hay temas que se habían discutido desde 2022 y ahora lo vuelven a mencionar y nada. Mire, hay mucho por hacer y es lamentable la situación, estamos bajo una guerra silenciosa contra el crimen organizado, pues Honduras todavía no ha ejercido ninguna acción contundente para tener resultados a corto plazo”, mencionó Castañeda.

Otro aspecto lamentable de la renovación continua del plan contra la criminalidad es la falta de transparencia por parte de las autoridades. No se comparten los argumentos que justifiquen la implementación de determinadas medidas específicas, ni se conoce si los resultados obtenidos son los esperados. Esta ausencia de información impide medir el éxito del plan de manera efectiva.