Más de L843 millones en embargos a alcaldías frenan desarrollo de municipios

San Pedro Sula, Honduras.

La carta de reclamo de pago de 1,200 millones de lempiras que recibió recientemente el alcalde sampedrano Roberto Contreras a manos de la Secretaría de Finanzas, es solo la punta del iceberg de los 307 embargos que desde el 2018 hasta mayo de 2023 han caído como un martillo sobre una amplia gama de alcaldías a lo largo del país.

Estos embargos, que abarcan una variedad de municipios y departamentos, han dejado al descubierto la compleja intersección entre la gestión local, la rendición de cuentas y las responsabilidades financieras.

LA PRENSA Premium conoció datos de múltiples demandas por parte del Gobierno en los últimos años. El departamento de Olancho encabeza la lista con 164 embargos, seguida por Choluteca con 55 y Atlántida con 37. En el corazón de esta tormenta financiera, alcaldías como La Ceiba, Juticalpa y Choluteca han sido las más afectadas, sintiendo el mordisco de embargos que oscilan entre 83 y 224 millones de lempiras.

La cantidad total de lo embargado a las alcaldías en cinco años y medio asciende a 843,550,146.1 lempiras. Esto ha representado graves daños para las arcas locales, evitando que estos fondos se destinaran para obras de desarrollo en los municipios.

Los cuatro años de administración serán insuficientes para cancelar las deudas por todas las demandas que tiene la municipalidad de Juticalpa, así lo afirma su alcalde Walner Castro. En conversación con LA PRENSA Premum dijo estar “sorprendido” cómo desde que comenzaron gobierno local han recibido una lluvia de demandas, muchas de ellas por conflictos laborales.

”La ley dice que solo nos pueden embargar el 40%, pero al menos a nosotros nos han estado quitando el 100% de las transferencias. Este dinero no ha sido destinado para atender salud, educación, seguridad, desarrollo social y comunitario”, apuntó el edil.

“Hemos recibido notificación que este 2023 las transferencias irán destinadas todo el año a la deuda, lo mismo para el año 2024, por lo que pedimos que respeten la ley y nos quiten solo el 40%. Aún con las dificultades seguimos trabajando e invirtiendo con dinero de nuestra gente, no nos hemos puesto a llorar, más bien seguimos con proyectos de desarrollo”, externó Castro.

Solo la municipalidad de La Ceiba recibió en transferencias del Estado entre 2018 y 2022 más de 79 millones de lempiras, los cuales fueron a pagar al saldo de la deuda, quedando pendientes a cancelar más adelante por encima de 144 millones de lempiras. En tanto, la alcaldía de Juticalpa recibió más de 114 millones de lempiras. Por su lado, la municipalidad de Choluteca, que es la otra más afectada, recibió del gobierno central más de 137 millones de lempiras en este período de tiempo.

El diputado por el departamento de Atlántida y exministro de la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, mencionó que particularmente la alcaldía de La Ceiba ha sufrido una serie de complicaciones debido a temas legales asociados a demandas laborales y deudas con el mismo Estado. Comunicacó que buscará a través del Congreso Nacional que se regule el techo de las transferencias para tener una margen de maniobra y así poder ayudar a las municipalidades que están siendo “asfixiadas”.

“Hay que poner un techo y que las obligaciones tengan otros mecanismos de garantías al momento de honrar una deuda. No es justo que por una pretensión jurídica se embargue a todo un municipio y se asfixie el desarrollo”, señaló el congresista.

”En el caso de La Ceiba las transferencias han ido directo al pago de la deuda”, reconoció con pesar el legislador. Este, a su vez, recordó que las transferencias del Gobierno central se realizan normalmente de entre tres a seis meses cada año, dependiendo el flujo de dinero.

Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas dentro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pormenorizó que los embargos por naturaleza son erogaciones imprevistas que impactan negativamente en la disponibilidad de recursos de los gobiernos locales, que limitan poder atender las acciones planificadas y dar respuesta oportuna a las necesidades de la población.

“Importante mencionar, que estos 307 embargos registrados entre los años 2018 a 2023 son el reflejo de problemas administrativos en el manejo de procesos de contratación de obras, bienes y servicios por parte de los gobiernos locales. Se incita al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que en el marco de sus responsabilidades, se hagan las auditorías correspondientes enfocándose en las municipalidades con mayor número de embargos y mayor impacto financiero que socaba las arcas de las finanzas públicas, asimismo que se generen recomendaciones conducentes a fortalecer las municipalidades y se deduzcan responsabilidades”, añadió la representante de sociedad civil.

Aunque los reportes no especifican las causales exactas de estos embargos, los motivos son diversos. Las deudas impagadas son esa nota discordante que atormenta a muchas alcaldías, se tornan aún más ominosas cuando los plazos de pago no son cubiertos a tiempo. Las heridas económicas se profundizan cuando las municipalidades no honran sus obligaciones financieras con préstamos, o cuando los fondos otorgados por el gobierno central son desviados en la dirección equivocada.

La falta de transparencia y la rendición de cuentas dislocada también han contribuido al desmoronamiento financiero. El incumplimiento de normas de transparencia y el quebrantamiento de compromisos contractuales se convierten en detonantes.

Un abogado con experiencia en la rama administrativa, pero que pidió omitir su nombre, explicó a este medio de comunicación que un juicio de este tipo puede durar de cinco a siete años y para que el Estado reclame la deuda a una alcaldía obligatoriamente debe haber una demanda previa, esto se hace a través del Procurador General de la República (PGR) y las instancias son los juzgados de los civil.

“Solo puede haber una embargo cuando haya una resolución judicial decretada o sentencia con carácter de firme. Cuando se concluye que estas alcaldías no pagan, entonces se les congela las cuentas y esos fondos no pueden ser utilizados para nada más que no sea saldar lo pendiente”, ejemplificó la fuente.

“Esto de que las alcaldías no pagan es bastante normal, por ejemplo, cuando se trata de demandas por falta de pago a empleados o porque despidieron mal a alguien. Cuando un embargo ocurre es porque antes se estuvo tratando de arreglar lo pendiente y no se logró”, añadió el profesional del Derecho.

Para encontrar una cura a esta hemorragia económica, las alcaldías deben embarcarse en una transformación radical. La rendición de cuentas debe tomar el centro del escenario y las administraciones deben desterrar el gasto innecesario para enfocarse en la salud financiera.

El máster en Finanzas, Elfren Matute, recordó a las municipalidades lo importante que es liquidar todo dinero desembolsados, pues de lo contrario este se descuenta de las transferencias o en su defecto, tarde o temprano es cobrado.

“Estas alcaldías están obligadas a honrar las deudas, pero si no lo hacen, entonces la parte afectada solicita un embargo a la cuenta y allí los dineros que se reciben por concepto de transferencias o impuestos quedan congelados”, dijo Matute.

El especialista en economía puntualizó que los embargos impactan fuertemente en las finanzas y planificaciones financieras anuales, puesto que mientras no haya un resolución en firme es difícil presupuestar proyectos, por lo que toca buscar fondos por otros lados o llegar a acuerdos de pago.

”Los montos por embargo que tienen en los últimos años las alcaldías de La Ceiba, Choluteca y Juticalpa son bastante altos, todos esos recursos han provocado que las municipalidades hayan tenido menos capacidad de gestionar y eso al final solo es la consecuencia de no haber hecho en su momento las cosas bien o no haber liquidado a tiempo”, especificó Matute.

La herida del embargo no es superficial, penetra profundamente en la carne financiera de las alcaldías. En estas y otras regiones los servicios públicos esenciales como el suministro de agua se desvanecen, la infraestructura se desmorona y la atención médica se torna difícil. Las comunidades, asfixiadas por la austeridad forzada, dirigen su insatisfacción hacia las autoridades locales.

La interrupción de estos servicios fundamentales impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y provoca un sentimiento de abandono y desesperación. El impacto de los embargos se extiende más allá de las finanzas y los servicios básicos, también afecta el desarrollo local a largo plazo. Los programas de desarrollo comunitario y mejoras urbanas quedan suspendidos en la incertidumbre, desacelerando el progreso y frenando la inversión.

El estancamiento económico y la falta de inversión a largo plazo pueden tener efectos negativos duraderos en el crecimiento y la prosperidad de la comunidad.

Los expertos consultados concluyen que para enfrentar este sombrío panorama, las alcaldías deben adoptar una gestión financiera más sólida y transparente. La rendición de cuentas se vuelve esencial y la planificación financiera rigurosa debe ser el cimiento de cada acción. La cooperación entre las autoridades municipales y el gobierno central también se vuelve crucial para encontrar soluciones sostenibles y superar la crisis financiera que enfrentan desde hace años.