Ni el 5% han ejecutado una de cada cuatro entidades del Gobierno

Burocracia y eficiencia son a menudo conceptos que no suelen ir de la mano y el fenómeno tampoco es exclusivo de Honduras, pero a la hora de medir un aspecto particular de la administración pública catracha, específicamente la ejecución presupuestaria, ¿qué tal le va a nuestros burócratas?

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Para averiguarlo LA PRENSA Premium consultó las bases de datos abiertos que mantiene la Secretaría de Finanzas (https://www. sefin.gob.hn/inteligencia-de-negocios-bisefin-ejecución) en donde se monitorean los presupuestos de las instituciones del Estado, los recursos que les fueron aprobados, los que están vigentes y lo que han ejecutado.

A continuación compartimos los principales hallazgos del análisis de las cifras.

La base de datos antes citada recoge cifras de unas 113 instituciones públicas, entre las cuales se incluyen aquellas que pertenecen a la Administración Central, como al conjunto de las instituciones descentralizadas.

Al efectuar la comparación entre el presupuesto que se lista como vigente y el que aparece como disponible, se obtiene, por diferencia, el monto del presupuesto que ha sido ejecutado a la fecha.

La revisión y el análisis de los datos que aquí se presentan se llevó a cabo el pasado 14 de marzo, por lo que las cifras reflejan la situación hasta esa fecha. De las 113 instituciones analizadas, se halló que más de la mayoría de ellas (el 33.6%), mantienen un nivel de cumplimiento que se mueve entre el 6 y el 10%, pero sin superar en ningún caso este último porcentaje.

En segundo lugar viene un grupo de instituciones que, hasta la fecha del análisis, había logrado ejecutar entre el 11 y el 15% de su presupuesto, pero solo constituyen el 23% de las empresas analizadas.

El grupo con el peor desempeño de las instituciones que todavía no han ejecutado más del 5% de sus recursos, se encuentran casi el 29% de las instituciones analizadas.

En el otro extremo de este espectro se halla el reducido grupo de empresas que, a la fecha de esta revisión, habían logrado ejecutar sus presupuestos entre un 20 y un 25%.

Los inconvenientes para concretar una ejecución eficiente de los recursos asignados no son algo nuevo, pero cuando estas deficiencias no se corrigen, son la causa de males mayores.

“Los principios de año siempre son duros para iniciar la ejecución”, observa el economista Rafael Delgado, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) en San Pedro Sula, quien añade que tal situación “tampoco implica o indica que eso es natural y que así tendría que ser siempre”.

El también catedrático universitario señala que ante las necesidades que tiene el país la ejecución del presupuesto tendría que hacerse tal cual estaba planificada, es decir, sin retraso.

Comparando la administración actual con la anterior, para Delgado, es más de lo mismo. “La administración pública sigue con los problemas de antaño”, puntúa y procede a señalar uno de los problemas que yace en la raíz del asunto: la falta de competencias.

“Detrás de todo esto está el gran problema que las instituciones y sus principales puestos son ocupados por personas que en la mayoría de los casos lo que define es su afiliación y su lealtad a alguno de los caudillos del partido gobernante”, indica, en donde el parentesco con la figura de autoridad del partido de turno en el poder, la amistad y la lealtad a menudo se erigen como los principales criterios a la hora de colocar a quienes ocuparán los puestos de responsabilidad.

“De ahí que no nos sorprendamos, entonces, que la ejecución, pese a que hay presupuesto, que las necesidades son urgentes, el presupuesto entonces no se ejecute a tiempo”, sentencia.

La importancia que todo esto reviste, explica Delgado, es que se supone que ha habido un análisis de prioridades, de tiempos y de urgencias cuya atención no se debe retrasar. “Un retardo de la ejecución significa que un determinado servicio, un determinado producto o un determinado proyecto no se está realizando”, advierte. Tal ha sido la tónica de la presente administración.

A finales de enero pasado, cuando el gobierno de Xiomara Castro completaba su primer año en el poder, el analista Migue Cálix dijo que “el primer año se ha caracterizado por un intento tibio de echar a andar un plan de gobierno y, por lo tanto, insuficiente en términos de avance, pero que anuncia cuáles podrían ser los propósitos de gobierno en los cuatro años”.

LA PRENSA Premium trató de conocer la postura gubernamental respecto a esta situación, para lo cual intentó contactar con Marcio Sierra, director de la Unidad de Gestión por Resultados, cuya propia ejecución presupuestaria era alrededor del 7.5%, pero de su oficina nos informaron que el funcionario no se hallaba disponible para atender a nuestra solicitud.

Un primer paso para remediar la situación es que las instituciones sean dirigidas por personas que no solo tengan los conocimientos, sino también las competencias y la experiencia que se requiere.

“Pero aquí en nuestro país no ocurre eso”, dice Delgado, “las escogencias de las autoridades y de toda la burocracia están en base al principio de lealtad, parentesco, afiliación política. Y eso nadie lo puede negar”, lamentó.

El economista también tuvo palabras de encomio para la actual administración, pues reconoce que “no se puede negar el hecho de que este gobierno sí ha hecho énfasis en el gasto social”, poniendo como ejemplos los subsidios otorgados a los precios de los combustibles, al costo de la energía eléctrica, algunos controles de precios y ciertos bonos que se han estado repartiendo entre quienes los necesitan. Pero, a la vez, Delgado, nos recuerda que dichos logros “se montan sobre un aparato burocrático ineficiente”.