Maestros de Honduras, entre la vocación y la precaridad

Tegucigalpa, Honduras.

La crisis que atraviesa el magisterio hondureño se profundiza con el paso del tiempo, mientras las soluciones no llegan. Los maestros enfrentan bajos salarios, condiciones laborales precarias y las reformas de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) siguen estancadas, creando una situación crítica que amenaza con desbordarse.

Así lo conoció LA PRENSA Premium tras recoger testimonios de docentes y dirigentes magisteriales, opiniones de expertos en el tema y analizar los últimos acontecimientos que sacuden al gremio en el marco del Día Nacional del Maestro.

A través de las solicitudes de información SOL-3698-2024 y SOL-SDE-3876-2024, este medio confirmó que actualmente hay 66,035 docentes activos en educación básica, prebásica, media, a distancia y educación de adultos a nivel nacional.

De los 22,680 centros educativos registrados en el país hasta 2022, el 56% -equivalente a 12,743 escuelas- se encuentra en condiciones de precariedad, según datos proporcionados por la Secretaría de Educación.

LA PRENSA Premium intentó obtener la cantidad de docentes por centro educativo para conocer con mayor precisión el número de maestros que educan bajo condiciones precarias en los edificios escolares, pero no se proporcionó la información.

En ese sentido, este medio proyectó el número basado en la cifra promedio de docentes y la cantidad de centros escolares en mal estado por departamento.

Al analizar esta situación por departamento, se estima que alrededor de 37,102 maestros, lo que representa también un 56% del total, imparten clases en entornos deficientes, enfrentando diariamente la falta de infraestructura adecuada para su labor docente.

Además, los educadores lidian con la falta de material didáctico, la ausencia de internet y equipos tecnológicos obsoletos, mientras se enfrentan a un salario que ronda los 14,300 mil lempiras mensuales, un monto considerado por ellos mismos como “insuficiente”, “injusto”, “insultantes” y hasta “una burla”.

”El docente hondureño ha perdido competitividad salarial y laboral frente a otros sectores como los policías, los militares, los bomberos y las enfermeras, para citar un ejemplo”, externó Marlon Escoto, exministro de Educación y director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Yanina Parada, coordinadora del Movimiento de Bases del Magisterio Nacional, expresó que “el Internet fue una promesa de la campaña de la presidenta -Xiomara- Castro, pero está incumplida. No hay acceso a internet y lo peor, muchos centros carecen de alumbrado eléctrico”, denunció.

Un informe, al que tuvo acceso este medio de comunicación en agosto pasado, indica que apenas el 3% de los centros educativos tienen acceso a Internet.

La falta de inversión en capacitación y formación continua ha agudizado la situación, dejando a los educadores en una posición cada vez más preocupante y debilitando el ya frágil sistema educativo del país.

Según Parada, hay al menos 1.4 millones de niños y jóvenes sin cobertura escolar y más de 5,000 centros educativos, cerrados durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), aún permanecen cerrados.

Además, afirmó que “7 de cada 10 centros educativos están abandonados en su mantenimiento de infraestructura”, mientras los docentes continúan subsidiando los recursos de sus propios bolsillos.

“Es indignante que nosotros tengamos que pagar por recursos que deberían estar cubiertos por el Estado,” criticó la profesora Laura.

Los problemas no terminan ahí. LA PRENSA Premium conversó con diversos maestros de educación básica y media, quienes prefirieron no revelar su identidad pero que, entre varias denuncias, se quejaron del sistema burocrático que les exige realizar una cantidad excesiva de papeleo, desviando su atención de la enseñanza efectiva.

“Antes, hacíamos planificaciones y planes de clase, ahora nos exigen hasta la bitácora del perro,” criticó un maestro. Este exceso de papeleo, sumado a la falta de recursos tecnológicos y de infraestructura adecuada, está afectando gravemente la calidad educativa, mencionó.

Para el profesor Rafael (nombre ficticio), la dirigencia gremial actual ha fallado en proteger los derechos adquiridos durante décadas de lucha. “El magisterio está dividido y debilitado debido al sabotaje económico por parte de los dirigentes corruptos”, lamentó.

Otros educadores se quejaron de la falta de capacitación para adaptarse y aprender las nuevas tendencias de enseñanza que imperan a nivel mundial.

La politización del magisterio y la desigualdad en el sistema educativo son temas recurrentes. Los educadores denunciaron ante este medio que dirigentes sindicales parecen beneficiarse de privilegios mientras que la base del magisterio enfrenta sueldos bajos y condiciones laborales adversas.

Otra maestra, con más de 20 años de experiencia en el sistema educativo hondureño, quien también prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, denunció el modelo de trabajo impuesto por la Secretaría de Educación como la principal causa del deterioro en la calidad educativa.

Según la docente, el problema radica en la confusión sobre el verdadero rol del maestro. “Nuestro verdadero rol de maestro es enseñar, cumpliendo con una jornada para atención directa, personalizada o individualizada según sea el caso de los alumnos, -a quienes- medio atendemos porque nos han agregado un trabajo que no tiene nada que ver con alumnos y maestros”, expresó con frustración.

Uno de los aspectos más alarmantes, según la docente, es el impacto en la salud física y mental de los educadores, pues debido a la sobrecarga muchos han padecido de estrés que ha desencadenado otras enfermedades que afectan su capacidad de enseñanza.

La docente también apuntó que existe una excesiva empleomanía dentro de Educación, en las direcciones departamentales y distritales, los cuales no contribuyen en lo más mínimo a la calidad educativa.

Otro de los problemas que resaltó es la falta de infraestructura tecnológica en los centros educativos, ya que gran parte del trabajo se ha virtualizado, pero los docentes deben cubrir estos gastos de su propio bolsillo.

“Todo lo piden virtual y la virtualidad no es gratis, es gasto de dinero extra de nuestras bolsas y que tanto necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas, mientras otros empleados no pagan nada porque las computadoras e internet se las paga el Estado”, afirmó.

Además, denunció la falta de respeto hacia los maestros por parte de las autoridades educativas. “El trato es amenazante, esclavizante y extenuante, pues quieren que uno les envíe todo el trabajo -administrativo- ya solo para copiar y pegar”, reveló.

A largo plazo, teme que esta situación termine por afectar aún más a los estudiantes, quienes ya presentan deficiencias notables debido a la falta de atención adecuada en el aula. “Añoro que llegue un ministro y tire todo el sistema a la basura y entienda, conozca y respete la verdadera función del docente”, manifestó.

LA PRENSA Premium intentó contactarse a través de WhatsApp con el ministro de Educación, Daniel Sponda, para consultar sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este medio también consultó con el viceministro Edwin Hernández, quien se limitó a decir que “no tengo opinión por ahora”.

Las reformas a la Ley del Inprema, presentadas en julio pasado al Congreso Nacional, han sido recibidas con escepticismo por gran parte del sector magisterial, mientras que otra parte insta a su aprobación.

Entre los principales cambios propuestos se encuentra la reducción de la edad de jubilación de 59 a 55 años y de los años de servicio de 25 a 20, lo que ha sido una demanda de los docentes durante meses.

Asimismo, se introduce un “bono de postergación” de 400,000 lempiras para quienes retrasen su jubilación por cuatro años, y el “auxilio por calamidad para mujeres docentes”, un beneficio que no está contemplado en la normativa actual.

Sin embargo, las reformas han encontrado fuerte oposición en parte del magisterio, que exige una mesa de diálogo con la presidenta Xiomara Castro para discutir cambios que verdaderamente beneficien al gremio.

Entre las principales críticas está el aumento en las aportaciones. La ley vigente establece una cotización patronal del 12% y un 8% de aporte individual, pero la reforma propone incrementarlos a 22% y 10%, respectivamente, lo que ha generado malestar entre los docentes.

Para Joel Navarrete, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), las reformas tienen varios puntos importantes que beneficiarán al docente, sin embargo, consideró que hay varios aspectos que pueden ser modificados para el bienestar de los educadores.

Navarrete sugirió ajustes específicos para optimizar algunos aspectos de las reformas, como la edad mínima de jubilación, los créditos unitarios, y los montos del bono de retiro.

Por su parte, el Movimiento de Bases del Magisterio Nacional han propuesto varios artículos para agregar a la reforma de la Ley de Inprema.

En primer lugar, se incluye el beneficio de seguro de vida, en el cual los beneficiarios o herederos legales del docente fallecido mientras estaba activo recibirán un pago único que se calculará de la siguiente manera: si la muerte fue por causas naturales, el pago será equivalente a 18 veces el último salario del docente; y si la muerte fue accidental, el pago será de 36 veces el último salario del docente.

En segundo lugar, proponen el beneficio de continuación de jubilación, también conocido como sesenta rentas, destinado a los docentes jubilados, pensionados por invalidez, vejez o renta actuarial.

Este beneficio se calcula con base al primer salario del docente jubilado o pensionado, y se distribuirá en 30 rentas para el docente mientras esté con vida, y 30 rentas adicionales para sus beneficiarios o herederos legales tras su fallecimiento, previa solicitud del beneficio.

El tercer artículo propuesto es el beneficio de atención médica e incorporación al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Inprema deberá firmar un convenio con el IHSS para que todos los docentes jubilados, pensionados por invalidez, vejez o renta actuarial puedan acceder a atención médica, consultas, medicamentos y hospitalización.

La cuota correspondiente para este servicio se deducirá mensualmente del salario de los docentes jubilados y pensionados.

Finalmente, se propone una reforma relacionada con los intereses de préstamos personales e hipotecarios, en la que se solicita que el interés de los préstamos otorgados por Inprema sea igual o menor que el vigente en el sistema financiero nacional.

La propuesta ya fue enviada al Congreso Nacional, por lo que esperan una respuesta este miércoles, según informaron. Entre tanto, el sector magisterial, parte de la columna vertebral del sistema educativo, exige una solución urgente en todos los aspectos expuestos, pues enfrentan una situación insostenible que pone en riesgo sus derechos laborales y la calidad de la educación en el país.