$2,400 millones al año se pierden en rubro de palma en Honduras

La recién creada Comisión de Seguridad Agraria y de Acceso a la Tierra tiene el enorme reto de poner fin a un conflicto agrario que ha impactado directamente en la economía nacional.

Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indican que solo en el rubro de la palma africana en el Bajo Aguán se perdieron alrededor de 2,400 millones de dólares (L60 mil millones) en el período de un año, es decir, de 2021 a 2022 a causa de las invasiones.

Olvin Mondragón, oficial de la Gerencia Legal del Cohep, precisó que el problema por invasiones nunca se detuvo, puesto que apenas en febrero sus registros indicaban que habían 30,000 manzanas invadidas, y el martes, en el reporte que enmarcó el lanzamiento de Comisión, dado a conocer por la presidenta Xiomara Castro, ya lo cuantifican en 36,452 manzanas ocupadas por supuestos grupos campesinos.

“Lo que vemos un incremento de febrero a la fecha de 6,000 manzanas invadidas”, señaló Mondragón. “Sabemos que estos problemas datan de hace muchos años, históricamente, han habido muchas políticas agrarias que no han funcionado. Esperamos y tenemos la fe y la esperanza de que con esta comisión se puedan frenar las inversiones y se van a ejecutar cuanto antes las órdenes de desalojo, que estaban en la mesa, pues, que se iban a ejecutar”.

Datos revelados en el pasado también por el Cohep indican que producto de las invasiones el sector azucarero del país perdió L4,000 millones.

Estas ocupaciones forzosas se localizan , principalmente en siete departamentos: Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán. Los sectores productivos mayormente afectados por las tomas de tierras son los cultivos de palma, ganado, maíz, azúcar, arroz y melón.

Trato especial

En el caso de las invasiones de palma del Aguán, el gobierno abordará la problemática de forma diferente. En la creación de la comisión se estableció un tratamiento diferente para los grupos campesinos que suscribieron el convenio entre el gobierno y la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).

Las empresas acogidas al convenio ocupan en la actualidad 13 fincas de palma africana y son 28 las cooperativas firmantes. El acuerdo se firmó el 22 de febrero de 2022 y fue presidido por la Secretaría de Seguridad.

De momento, ahí no se harán desalojos ya que se declaran temporalmente protegidas y el Estado, en consenso con las partes, buscará una pronta solución.

Dicho acuerdo fue consolidado y orientado para el abordaje de las causas estructurales del conflicto en el Bajo Aguán, en la que también participó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh).

LA PRENSA Premium conversó con líderes de estas agrupaciones del Aguán. Héctor Rolando Murillo de la Finca Camarones y parte de la Plataforma Agraria, contó que el acuerdo los debe proteger de eventuales desalojos, ya que muchas órdenes las emitieron “jueces y fiscales coludidos con los terratenientes”.

“Las tierras que ocupamos nos pertenecen porque eran de nuestros ancestros, nuestros abuelos, y sus padres. Ellos fueron desalojados de las tierras de forma incorrecta. Exigimos que se investiguen los métodos que se utilizaron para el despojo de la tierra en el Bajo Aguán”, expuso Murillo.

Considera que sobre esa problemática, la presidenta Castro está bien informada porque lo que expuso de manera objetiva de lo que acontece en el Bajo Aguán.

“Hay varios líderes judicializados. Por eso tenemos desconfianza de esas órdenes desalojo porque hasta helicóptero puso la empresa privada para llevar al juez desde Tocoa hasta Tegucigalpa y a una jurisdicción que no le competen”, señaló.

En el acuerdo también se estipuló investigar las violaciones a los derechos humanos del sector campesino. Para constatar estas denuncias se debió integrar otra comisión en la cual tendrían participación directa la comisionada de Derechos Humanos.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, consideró “muy acertada” la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Expuso que desde hace años han solicitado la aplicación de la ley, porque la propiedad privada es “la piedra angular de la seguridad jurídica en Honduras”. Lamentó que antes no se cumplieran los desalojos.

Mientras duraran las investigaciones, los campesinos seguirían en poder de las fincas invadidas y cosecharán la fruta bajo la supervisión del INA y la secretaría de Seguridad.