En 2023 Honduras registró 482 conflictos sociales, la mayoría por Estado de Derecho

Tegucigalpa, Honduras.-

La población hondureña vivió un total de 482 conflictos sociales durante el año pasado, de los cuales la mayoría (292, que equivalen al 60%) son vinculados con la fragilidad del Estado de Derecho, la falta de respeto y garantía de los derechos humanos y el incumplimiento del marco jurídico.

Así lo contabilizó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su “Informe de Conflictividad en Honduras” del I y II semestre, denominado “Gobierno Ingobernable”.

”Entre las manifestaciones se encuentran conflictos entre grupos sociales y actores estatales llamados a cumplir y hacer cumplir las leyes (policías, militares, jueces y fiscales)”, menciona el capítulo hondureño de Transparencia Internacional.

Además, se reporta que 35 de los conflictos de Estado de Derecho (12%) fueron originados por colectivos del partido de gobierno (Libertad y Refundación -Libre-).

”Existe una disonancia entre el discurso que tiene el gobierno actual en función del cumplimiento y garantía de derechos, sobre todo porque parte de los pilares que planteaba este actual gobierno en función de generar cambios era precisamente el recuperar el Estado de Derecho, pero estamos viendo en esta serie de conflictos que no se está dando así”, expresó Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ.

Aguilar señaló que el aparato estatal no está logrando ser un verdadero garante de derechos, lo que se evidencia aún más a través de la implementación del estado de excepción. Este mecanismo, según Aguilar, ha suspendido algunos derechos fundamentales y ha resultado en una vulneración significativa de otros derechos bajo el pretexto de esa suspensión.

En comparación con los últimos dos años, la cifra de conflictos de estado de derecho es notablemente alta: en 2021 se registraron 114 conflictos relacionados a esta temática y en 2022 hubo 271. Comparada esta cifra con los 292 de este 2023, se registra un 8.12% de incremento.

Noviembre fue el mes con más conflictividad relacionada al Estado de Derecho (36 casos), seguido de mayo (34), junio y octubre (28 cada uno) y marzo (26). Los meses con menos conflictos fueron agosto (13) y septiembre (14).

Además, la organización internacional contabilizó 94 conflictos institucionales (19%), relacionados con las necesidades básicas de la población y la respuesta del Estado.

También se registraron 76 conflictos políticos (15%), vinculados a disputas en el Congreso Nacional o entre partidos políticos. Otros 19 conflictos fueron de índole económica y uno fue de tipo electoral.

Del total de los conflictos registrados el año pasado (482), 248 se concentraron en Francisco Morazán y 31 en Cortés, siendo los departamentos con mayor conflictividad, seguidos por Colón (22), Atlántida (15), Yoro (14) y Olancho (11).

El genera en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, proyectó que para este 2024 las cifras podría ser mayores al 2023 por fenómenos como el nepotismo, invasiones y abusos de autoridad que han sido reportados en los que va del año. “La alerta es exigir contrapesos en los poderes del estado que correspondan, pero que se den lo dudo, en el sentido de que hay una colusión de intereses”, dijo.

Por su parte, la ASJ recomendó a los funcionarios dejar el discurso de odio, acudir al diálogo y promover la paz.