Honduras se mide contra los bufetes más prestigiosos y temidos de EUA en el Ciadi

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras está a punto de enfrentar uno de los retos legales más grandes de su historia reciente: se medirá contra los bufetes más poderosos de Estados Unidos, que representan a 15 empresas que han demandado al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Hace seis meses, el gobierno tomó la decisión de retirarse del Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial, marcando un giro radical en la política de inversión del país.

Entre los bufetes que representarán a las empresas demandantes se encuentran nombres de peso pesado como White & Case, Clifford Chance, DLA Piper, y B. Cremades & Asociados.

Estas firmas, reconocidas mundialmente por su habilidad para inclinar la balanza a favor de sus clientes, están preparadas para utilizar todas las herramientas legales a su disposición, desde tratados de libre comercio hasta contratos y la Ley de Inversiones de Honduras.

De las 15 demandas, siete están relacionadas con la generación de energía, cinco con el transporte, dos con el sector financiero y una con la construcción.

Cada una de estas controversias pondrá a prueba la capacidad de Honduras para proteger sus intereses frente a gigantes legales con décadas de experiencia y un historial de victorias que han redefinido las reglas del juego en el derecho internacional.

Los próximos meses serán decisivos para el país, que deberá demostrar que puede defenderse en un entorno adverso y también que tiene la capacidad de manejar las repercusiones de sus decisiones políticas en el escenario global.

White & Case LLP, con sedes ubicadas en Miami y Houston, Estados Unidos, se destaca por su destreza en litigios transfronterizos y arbitrajes de alto perfil. Esta firma ha defendido a gobiernos y multinacionales en los casos más complejos, y su historial sugiere que no escatima recursos cuando se trata de asegurar una victoria.

”Nuestra experiencia y conocimientos en arbitraje comercial y arbitraje entre inversionistas y Estados son insuperables. Representamos a las partes en todos los principales foros arbitrales”, mencionan en su sitio web.

Los abogados de White & Case han sido reconocidos globalmente, con más de 51 expertos en arbitraje internacional catalogados como líderes en el mercado. Para Honduras, enfrentar a este gigante, que representará a ocho empresas demandantes de los rubros de transporte y energía, es sin duda, una tarea arriesgada.

Por su parte, Clifford Chance, con su sede en Washington, es otra empresa con una vasta red global. Su equipo es conocido por su capacidad para manejar litigios que involucran múltiples jurisdicciones y por su enfoque innovador en la resolución de disputas.

Su expansión reciente en Houston fortalece aún más su capacidad para enfrentar casos relacionados con el sector energético, un área de particular interés en las demandas contra Honduras, que son al menos siete en este rubro y una será manejada por esta firma.

El bufete español B. Cremades & Asociados también es un veterano en el campo del arbitraje internacional. Con más de cinco décadas de experiencia, esta firma ha jugado un rol clave en casos de arbitraje inversor-Estado, y su intervención en las demandas contra Honduras subraya la seriedad del conflicto.

Desde su primera edición en el 2008, B. Cremades & Asociados está incluido en el listado GAR100, el cual refleja los 100 despachos mas reconocidos en el mundo, según la publicación especializada Global Arbitration Review. La firma ha sido descrita en esta misma publicación como “la universidad del arbitraje en España”.

DLA Piper, con una sólida presencia en Ciudad de México y conexiones profundas en América Latina, representa otro desafío para Honduras. Esta firma es reconocida por su habilidad para gestionar disputas complejas que abarcan fronteras y culturas, una habilidad que seguro será puesta a prueba en el caso de Finanzas que representa contra el país.

Los otros contendientes en esta arena son Hogan Lovells y Nelson Mullins Riley & Scarborough, ambos con bases operativas en Miami, Estados Unidos. Representarán a empresas demandantes en rubros de construcción y transporte.

Ellos aportan su propio conjunto de habilidades y estrategias legales, enfocadas en la resolución de disputas internacionales y la representación de intereses corporativos en litigios de alto riesgo.

Las implicaciones financieras de estos litigios son enormes (más de 12 mil millones de dólares, según el Cohep, y que al cambio actual equivalen a 300 mil millones de lempiras), y el resultado de esta batalla legal sin duda impactará el futuro económico del país.

Con un equipo de abogados nacionales en desventaja frente a estas poderosas firmas, Honduras se enfrenta a lo que podría ser uno de los capítulos más críticos de su historia reciente en el ámbito internacional, según expertos.

“Estamos fritos”, lamentó Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados, cuando se enteró de las grandes firmas a las que se enfrentará Honduras.

Él y otros abogados consultados por LA PRENSA Premium se mostraron preocupados ante el enfrentamiento del país con estos prestigiosos y temidos bufetes estadounidenses que operan en decenas de ciudades de mundo.

Según mencionaron, las consecuencias de estos enfrentamientos legales en el país tendrán impacto en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad económica.

”El retiro del Ciadi da un mensaje alarmante: que Honduras no quiere ser parte de mecanismos imparciales y neutrales que generan confianza en la inversión extranjera”, dijo Canales.

Según él, la falta de una Procuraduría General sólida y bien preparada para lidiar con litigios millonarios refuerza la impresión de autosabotaje.

“El gobierno debe demostrar cómo planea generar confianza en la inversión extranjera, y si cree que resolver disputas en tribunales nacionales lo logrará, está equivocado”, afirmó.

El abogado Leonel Núñez explicó que el arbitraje internacional ha sido clave para que los empresarios extranjeros confíen en invertir en el país, que tanta falta le hace, debido a que el arbitraje ofrece una vía objetiva para resolver los conflictos.

No obstante, el retiro de Honduras del Ciadi podría resultar en una fuga de inversiones hacia países con mecanismos de resolución de disputas más confiables.

”El arbitraje en Honduras tiene décadas de historia, pero los abogados especializados son independientes y no están integrados en el Estado, (por lo que acuden a firmas extranjeras). El país necesita contratar a estos especialistas hondureños para enfrentar los desafíos actuales, y esto puede ser costoso, pero es una estrategia esencial”, recomendó.

Los entrevistados destacaron la urgencia de que Honduras aborde estas demandas millonarias con una estrategia técnica y libre de sesgos políticos. Subrayaron que, al tratarse de arbitrajes internacionales, está en juego la credibilidad del Estado para garantizar la estabilidad de las inversiones protegidas tanto por convenios internacionales como por la legislación nacional.

Las estrategias legales dependen de cada caso, por lo cual es importante un equipo legal que se empape muy bien de la normativa puntual y de cada rubro, contextualización y entorno en el que suceden.

“La estrategia del Estado debe ser mitigar un resultado perjudicial, ya que un reconocimiento de responsabilidad puede derivar en pagos millonarios que, al final, serían asumidos por la ciudadanía”, señaló el abogado y asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez.

Es necesario que el equipo legal del Estado se empape de la normativa específica y contextualice adecuadamente cada caso. Las empresas que demandan al Estado pertenecen a diferentes rubros, por lo que es necesaria una comprensión integral de los hechos y de las condiciones que rodean cada situación particular.

Juan Diego Lacayo, abogado, docente y especialista en Métodos Alternos de Solución de Controversias, destacó el peso de estas firmas debido a su tamaño, la cantidad de abogados que tienen en diversas jurisdicciones y su experiencia en la resolución de disputas internacionales.

”Estamos hablando de firmas mundiales, no regionales ni norteamericanas, sino que firmas que tienen presencia hasta en 30 ciudades del mundo, con más de dos mil abogados de países que tienen nuestro mismo sistema jurídico para tener a personas que puedan proveerles de estrategias legales procesales más adecuadas”, expresó.

”Entonces las más importantes oficinas con los abogados más preparados son las que están llevando la preparación y la representación de estos inversionistas que han demandado a Honduras”, agregó el experto.

Además, mencionó a bufetes como Bernardo Cremades y Greenberg Trorig, quienes representan casos como el de Inversiones Continental Panamá, surgido en 2018 bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Honduras también cuenta con una defensa sólida, según dijo el experto.

El país trabajará con firmas como Jana & Gil Dispute Resolution y González De Cossío para enfrentar las demandas. Lacayo subrayó que el bufete Foley Hoag también está trabajando junto con la Procuraduría General de la República (PGR) en la representación de los intereses del país.

Los tres son bufetes respetados en la región en el ámbito del arbitraje comercial y de inversiones. Sin embargo, el entrevistado aclaró que el éxito en estos litigios no depende únicamente de la calidad de los abogados, sino también de las decisiones previas que el país haya tomado.

Para ser asesorados, el gobierno también habría contratado a varios expertos independientes internacionales, entre ellos el juez español Baltasar Garzón.

“La PGR ha dado pasos importantes en encontrar abogados de mucha categoría para defender a Honduras. El problema es que no podemos pensar que el suceso bueno o malo del proceso depende exclusivamente del abogado”, mencionó

Según él, si Honduras hubiera actuado de manera diferente, el panorama legal podría ser más favorable, señalando que los abogados tendrán una tarea complicada debido a los errores del pasado.

Para el abogado penalista, Marlon Duarte, si Honduras decide retirarse del Ciadi, será necesario un análisis detallado de cómo proceder legalmente y qué alternativas existen, pues hay otros mecanismos internacionales, como las Naciones Unidas, donde Honduras podría seguir resolviendo disputas.

Además, enfatizó la importancia de proteger los derechos de los inversionistas bajo los acuerdos multilaterales y bilaterales que Honduras ha firmado.

Como ejemplo, mencionó un caso donde se presentó una demanda contra Honduras por más de 120 millones de dólares, a pesar de que no se había firmado un contrato formal, lo que, según él, requiere un análisis jurídico más profundo.

LA PRENSA Premium consultó al director del despacho del Procurador, abogado Marcio Canaca, y al procurador general de la República de Honduras, Manuel Antonio Díaz Galeas, acerca de cómo se está preparando el país para enfrentar las demandas de bufetes de renombre internacional. Sin embargo, tras presentarles el tema en cuestión, ambos dejaron de responder.

En una entrevista publicada en la cuenta oficial de X de la PGR, Díaz Galeas afirmó que la salida de Honduras del Ciadi es una decisión soberana y definitiva, y no hay vuelta atrás. “Ya es un hecho consumado, ya hay que salir de ese debate y bueno, es agua que ya cruzó el puente”, expresó.

A pesar de que el país debe continuar defendiendo los casos que se abrieron antes de su retiro, aseguró que la PGR seguirá liderando una defensa rigurosa de los intereses del Estado. Según Galeas, la decisión de abandonar el Ciadi fue tomada con el objetivo de proteger los intereses sagrados de la nación y no está sujeta a discusión.

”En la PGR todos los ámbitos que corresponden en todo el ejercicio de la defensa jurídica del Estado lo seguirán haciendo como lo hemos venido haciendo”, mencionó.

Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si el país, con todos sus recursos y aliados, está realmente preparado para enfrentar este reto legal.