Guardias de seguridad matan hasta siete hondureños al año tras enfrentamientos

San Pedro Sula, Honduras.

Los guardias de seguridad desempeñan un papel crucial en la protección de la propiedad y personas, pero ¿qué sucede cuando aquellos que deben mantener el orden se ven involucrados en casos de violencia?

El reciente caso, ocurrido hace tres semanas y que quedó grabado en video de un empleado de seguridad que mató de varios disparos a un ingeniero industrial en un centro comercial de San Pedro Sula marca la pauta del peligro que representa dejar un arma en manos de una persona sometida a situaciones de estrés o impulsiva.

Así se pueden enumerar varios hechos que implican a personal de seguridad privada en el homicidio de ciudadanos que llegaron a realizar trámites a instituciones bancarias, a departir a restaurantes o a dar asistencia en centros comerciales y otras actividades.

Los resultados arrojan luz sobre la delgada línea entre la seguridad y la violencia desmedida.

En registros del Ministerio Público (MP) que conoció LA PRENSA Premium hay un número de 22 guardias de seguridad procesados por homicidio (17) y asesinato (5) entre los años 2017 y 2022. Cuatro de estos participaron en eventos ocurridos en San Pedro Sula y tres en el Distrito Central, el resto se suscitaron en 14 municipios más.

En este mismo período de tiempo, la Policía capturó a 175 guardias de seguridad a nivel nacional, la mayor parte entre San Pedro Sula, el Distrito Central y El Progreso; todos hombres y la mayoría en una edad entre 28 y 44 años.

Un fiscal explicó a este medio de comunicación que el número de arrestados con procesados no concuerdan porque probablemente, pese a la captura policial, no existió ningún testigo que observara el hecho ni se tenían elementos que vincularan al guardia con el evento.

En muchos de esos casos al guardia se le ordenó la libertad en 24 horas y no se presentó requerimiento fiscal o acusación porque se actuó bajo el amparo de una eximente de responsabilidad como ser el ejercicio legítimo de su oficio o inclusive en legítima defensa personal cuando es atacado en un intento de robo.

El suceso más reciente data del 24 de mayo de este año, cuando un ingeniero, encargado del mantenimiento de aire acondicionado de una tienda, fue atacado a disparos por un guardia de seguridad que lo esperaba molesto afuera de un centro comercial de San Pedro Sula, luego de supuestamente reportarlo ante su superior y por temor a ser despedido.

Otro caso de impacto ocurrió el 8 de septiembre de 2022, tras discutir con un ciudadano, el celador de una farmacia fue capturado en la colonia Centroamérica Oeste, de Tegucigalpa.

Mientras que el 1 de junio de 2022, un vigilante acabó con la vida de un comerciante afuera de una cafetería cercana a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) tras aparentemente sostener un encontronazo verbal. El caso sigue en la impunidad, pues aunque se libró una orden de captura, el guardia se dio a la fuga.

La violencia en el entorno laboral es una preocupación creciente en diversas profesiones u oficios, y los guardias de seguridad no son una excepción.

La combinación de un espacio de trabajo hostil, una capacitación inadecuada, la falta de recursos y medidas de seguridad, el trato injusto y la exposición constante a la violencia externa pueden desencadenar respuestas violentas por parte de estos trabajadores.

Un caso no aislado es el de un guardia de seguridad hallado sin vida y en condiciones misteriosas el pasado 1 de junio en la planta baja de un edificio comercial en San Pedro Sula. A través de un vídeo se verificó que no hubo ingreso de individuos armados y, aunque inicialmente se manejó que pudo detonar su arma accidentalmente, se constató que fue él mismo quien intencionalmente haló el gatillo, desplomándose al suelo y muriendo de inmediato.

Rigoberto Fernández, con más de 35 años de experiencia dirigiendo equipos de seguridad en el país, planteó en entrevista con LA PRENSA Premium las dificultades que experimentan como industria y pormenorizó que del total de guardias de seguridad a nivel nacional, el 75% llegó hasta sexo grado y la mayoría supera los 35 años.

El especialista enfatizó que al guardia de seguridad se le ha impuesto una sobrecarga de atención al cliente y se le considera en muchos casos el último peldaño en una empresa, reduciéndolo hasta lo más mínimo.

“No vamos a defender a los guardias, pero ¿quién discute con una persona armada?”, se preguntó Martínez, al tiempo que recordó que “alguien con arma es muy diferente cuando está desarmado; es decir, el arma empodera a cualquiera, adicional a la falta de tolerancia e inteligencia emocional que hay”.

Los acontecimientos de violencia contabilizados en los últimos años han llevado a la industria a preocuparse más por capacitar a gerentes de seguridad y guardias a nivel de instituciones, barrios y colonias, entre otros espacios.

Fernández aclaró que, como en cualquier rubro, también la seguridad tiene su medio informal, en este caso, muchos de los que trabajan en custodiar zonas residenciales cerradas. Mencionó también que como rubro están buscando cómo cubrir todos sus derechos laborales, incluyendo un salario justo; no obstante, dijo ser consciente que a las empresas les resulta difícil pagar como corresponde. Señaló que en su mercado existe una norma de trabajo de 24 x 24: “El público lo ve mal, pero el guardia no tanto, y aunque parezca inhumano, hay que entender que tenemos que irnos por un régimen como en la Policía o el Ejército, no podemos trabajar ocho horas”.

Entre líneas, el empresario no evitó referirse a la estela de muertes ocurridas a manos de vigilantes. “Es tanta la desgracia que esa arma funciona cuando es contra un ciudadano y no contra delincuentes. Al final me parece que debe existir tolerancia entre ambas partes”, concluyó

Uno de los primeros patrones a identificar para perfilar a guardias con mayor potencial violento es su conducta, así lo explica la criminóloga Seyda González.

“Desde que uno mira los ojos de esa persona o escucha el saludo ya tiene una idea si puede ser sociable o agresiva, pero si miramos una conducta diferente es mejor no entrar en conflicto”, ejemplificó. La también académica forense lamentó que gran parte de los guardias tengan un bajo nivel de escolaridad, lo que a su criterio repercute fácilmente en violencia.

“Si bien es cierto, están contratados para proteger bienes, empleados y visitantes en establecimientos, muchos reciben instrucciones acerca de no dejar entrar a ciertas personas mal vestidas, por ejemplo, cuando no es correcto”, apuntó.

González cuestionó que en Honduras no haya estrategias de mitigación de riesgo que protejan a estos empleados. “En parte, la baja remuneración que reciben, carga de renta donde viven y familias extensas por mantener mantienen alterado sus sistema nervioso”, añadió.

La psicóloga Fabiola Lagos atribuyó estas reacciones violentas a factores como la frustración, el enojo interno, la situación social y económica del país. Pueden desarrollarse trastornos de personalidad, un cuadro de depresión, problemas de conducta y cambios asociados al estado de ánimo.

“Debe primar el diálogo, el problema es que también el cliente le falta al respeto y el guardia es como todos, tiene emociones. No crea que es fácil estar con el calor de San Pedro Sula, cargado de deudas y con muchos otros problemas en la casa”, dijo la experta en salud mental.

Lagos recomendó a las empresas de seguridad realizar pruebas psicométricas para conocer rasgos de su personalidad, sensibilizar al guardia, permitirle desarrollar habilidades blandas para enfrentar la vida cotidiana. También aconsejó mejorar la comunicación, la inteligencia emocional, la tolerancia, el servicio al cliente, respetar el valor de la vida y derechos civiles.

En lo que va del 2023 se registra una muerte protagonizada por guardia de seguridad, así como la captura de al menos seis empleados de seguridad privada.