Entregaron a familias más de 200 muertos sin autopsias ni levantamientos

San Pedro Sula, Honduras. El 16 de marzo fue hallado sin vida y en condiciones misteriosas frente a su carro el joven Daniel Ernesto Padilla a la altura de Zambrano, en la carretera CA-5, donde familiares, en ausencia de fiscales y forenses, tuvieron que ejecutar el levantamiento y llevárselo en medio de la angustia y el dolor.

Cuatro días después, el 20 de marzo fue encontrada muerta Ana Lizeth Hernández, cuyo esposo, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), fue señalado como el principal sospechoso de haberla asesinado. Este fue requerido y posteriormente liberado por falta de pruebas, pues argumentó que se trata de un suicidio por el contexto en que sucedió, tampoco había quien acusara.

Fue hasta dos días después, tras constantes presiones públicas y de familiares, que realizaron una autopsia a la víctima y cuyo resultado sigue sin conocerse.

Estos dos casos solo son parte de la estela de sucesos donde no hubo el abordaje adecuado como resultado de la crisis que duró más de 70 días por parte del personal del Ministerio Público y Medicina Forense en Honduras.

La población no pudo interponer denuncias en la mayor parte de oficinas del ente acusador del Estado debido a que sus empleados estuvieron reclamando un aumento salarial del 25% (10% de una mejora en remuneración y 15% por costo de vida). Adujeron que desde hace unos 10 años no recibían beneficios de este tipo, por lo que no tuvieron más opción que irse a las calles, protestar y paralizar las actividades.

Mientras la población rozaba la línea delgada de la indefensión, los delitos continuaban latentes y en las calles ocurría la “lluvia” de cuerpos sin reconocer oficialmente por las autoridades.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, ocurrieron 800 homicidios entre el 1 de enero y 13 de abril de este año a nivel nacional. Lo único que se sabe es que entre las principales víctimas había jornaleros, agricultores, labradores y amas de casa. El Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma fueron las principales zonas con mayor incidencia criminal.

Un informe de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), al 31 de marzo, comunicó con “preocupación” que del total de víctimas hasta entonces, 36 eran niñas y niños entre 0 y 18 años, así como 115 jóvenes entre 19 a 30 años. Mientras tanto, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refirió que del global de muertes entre el 1 de enero y 6 de marzo, 78 eran mujeres, así como nueve miembros de la comunidad LGTBIQ+, según informaron organizaciones.

Lo ocurrido con los levantamientos cadavéricos es algo nunca antes visto en la historia de este país, pues de acuerdo con datos analizados por LA PRENSA Premium, solo entre el 23 de febrero ( 17 días después de comenzar protesta) y el 26 de marzo de este año, un total de 237 cuerpos producto de homicidios no fueron llevados a morgues ni mucho menos tratados por personal especializado. Esto significa que los entregaron a familiares aún sabiendo que se contaminaban las escenas y afectaban curso de las investigaciones. Del total de estos hechos, 35 se reportaron en Cortés, 31 en Francisco Morazán y 23 en Olancho.

Paralelamente, información oficial indicó que tan solo 12 cuerpos fueron llevados a instalaciones forenses, aunque se desconoce el detalle, considerando que estuvieron en un paro activo desde el 6 de febrero. Estos reportes se desprendieron de los departamentos de Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.

También se supo que no hubo autopsias ni levantamientos de al menos 42 eventos clasificados como accidentales, 16 casos indeterminados, 13 aparentes suicidios, 11 accidentes viales, cinco hechos consignados únicamente para investigación, entre otros.

De otra información recopilada por este medio se conoció que durante el mes de febrero (cuando comenzó la paralización), sobre todo en los primeros días, algunos cuerpos no fueron llevados a morgues por oposición de familiares, pero sí hubo presencia de médicos forenses.

A medida se recrudeció la situación en días posteriores, tampoco realizaban autopsias en casos vinculados particularmente a homicidios y accidentes. Después, durante todo marzo hubo episodios en circunstancias varias; es decir, en ciertos acontecimientos sí hubo presencia de fiscales, más no de médicos forenses, en otros no asistieron ambos participantes, y en una tercera parte de hechos llegaron jueces de Paz, quienes se limitaron a tomar nota y todos los cuerpos fueron entregados a los parientes para ser sepultados en sus lugares de procedencia.

Orlando Merino, exdirector de Medicina Forense en San Pedro Sula, calificó la situación como “grave” porque no se ha estado aportando la prueba científica y esto contribuye a que muchos acusados salgan de la cárcel sin judicializar sus casos.

“Se perdió la prueba científica desde el momento que entregaron cuerpos a familiares y es mentira que habrá capacidad de exhumar tantos”, previó el excoordinador. Merino comentó que la institución aporta mucho a los casos y el que ahora no se trabaje como debe ser, hará que la impunidad aumente.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ve con preocupación el “manto de impunidad” con que se cubren quienes atentan contra el derecho a la vida en el país y, aunque en algunos casos hay detenidos por supuesta responsabilidad, el 100% de masacres cometidas durante el 2023 siguen impunes.

Carlos Méndez, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, recordó que desde un inicio enfatizaron sobre la responsabilidad que tiene el Estado de construir una respuesta real y oportuna para todos los afectados sin excepción.

“No iniciar oportunamente una investigación impide preservar la prueba, identificar testigos y demás situaciones vinculadas al correcto ejercicio de acción pública”, cuestionó el representante del organismo. A su vez, expuso que la situación que enfrentan no es de reciente data, pues solo evidencia una desatención que responde al comportamiento histórico del aparato estatal.

Por su parte, Seyda González, psicóloga forense y experta en seguridad pública, lamentó que Honduras siga con altos nivel de impunidad.

“La criminalidad aprovechó coyuntura de la crisis porque no realizaban pericias o investigaciones, no había levantamientos como antes. El trabajo fiscal y forense representa al menos el 70% en casos, revelándonos cómo ocurrió el hecho, cuándo pasó, en qué forma sucedió, quiénes están involucrados, si fue una escena abierta o cerrada, qué tipo de arma se usó; pero todo esto se pierde desde que entregan cuerpos a parientes”, destacó González, quien señaló además, que intentar exhumar posteriormente un cadáver es inútil porque la recolección de evidencias se debilita ante las condiciones.

De su lado, Pamela Cruz, de la Asociación de Fiscales, discrepó la posición de ciertos sectores que proyectan crecimiento exponencial de impunidad, pues asegura que no han parado de atender casos en flagrancia y asistido a múltiples audiencias en juzgados, incluyendo a quienes se les vence el término de prisión preventiva (2 años).

“Aunque han estado cerrado los edificios, siempre hemos trabajado, no vamos a permitir que haya impunidad”, apuntó. La fiscal declaró que ya llegaron a acuerdos con autoridades desde el plano económico, pero aún piden no haya persecución laboral, civil ni administrativa una vez regresen a sus puestos.

El inestable ritmo de levantamientos de cuerpos y autopsias vulnera la justicia y que los responsables sean llevados ante la ley, lo que puede conducir a la impunidad. Como un paliativo a la crisis, el 14 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que jueces de Paz realizarían levantamientos e identificación y se indicó que una vez que las labores retornasen a la normalidad, de ser necesario, los fiscales estarán en la facultad de solicitar exhumaciones para investigaciones de casos.

Según el artículo 59 del Código Procesal Penal de Honduras, una de las competencias exclusivas de los jueces de Paz es “efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal”.

La instrucción buscaba también que situaciones de emergencia que implican levantamientos cadavéricos, como las que se han estado presentando a nivel nacional, no evolucionaran a convertirse en una emergencia mayor que signifique poner en riesgo el proceso penal establecido y mucho menos la salud de las personas.

LA PRENSA Premium consultó al Poder Judicial la estadística de levantamientos donde hubo presencia de jueces de Paz desde que comenzaron dichas funciones, pero no se obtuvo el dato al cierre de esta edición.

Tras cerca de tres meses de no llegar a consensos, ayer martes, trabajadores del Ministerio Público acabaron con la huelga que sostenían exigiendo un incremento a su salario y no represalias al regresar a sus funciones.

Los empleados lograron acuerdos con el fiscal general adjunto Daniel Sibrián sobre un reajuste salarial. El presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Víctor Marín, afirmó que el acuerdo con las autoridades se logró hasta el lunes y que entre el martes y el miércoles todos los empleados de la institución se reintegrarán a sus puestos. Señaló que el acuerdo establece un aumento de 3,600 lempiras a cada empleado y que ninguno tendrá represalias por participar en la huelga.

La protesta de fiscales, investigadores y médicos forenses afectó el levantamiento e identificación de cadáveres, por lo que muchos fueron levantados por sus familiares.