”Derogatoria de Ley no solo afecta al Seguro, le hace gran daño económico a trabajadores”: RAP

San Pedro Sula, Honduras.

A partir del mes de septiembre contemplan los diputados del Congreso Nacional aprobar la que sería la Ley de Fondos del Régimen de Aportaciones Privadas, a través de la cual se espera favorecer a más de 300,000 hondureños afectados tras la declaratoria de inconstitucional de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, cuya resolución fue conocida oficialmente en abril de 2022.

Enrique Burgos, gerente del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), en entrevista con LA PRENSA Premium solicitó a los diputados, en modo de reflexión, priorizar esta ley debido a que miles de trabajadores y sus familias están dejando de percibir 250 millones de lempiras mensuales que eran parte de su seguridad laboral, acumulando a la fecha unos 4,250 millones de lempiras.

Hace menos de seis meses el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional esta ley, mediante la cual se busca recuperar gran parte de los beneficios que habían adquirido los trabajadores.

“La ley que mandó la Presidenta tiene su origen en los sectores obrero, empresa privada y Gobierno, y aquí en el RAP se acordó estructurarla. Esta nueva ley tiene un contenido similar a la Ley Marco en cuanto al Fondo de Pensión y Fondo de Cesantía”, señaló Burgos.

Entre lo que se busca recuperar con la nueva ley es el aporte del Fondo de Cesantía, la cual contenía como figura legal la antigüedad; es decir, un trabajador, independiente de la razón de despido, puede recibir su pasivo laboral por derecho.

Burgos cuestionó a los parlamentarios por todos los retrasos ocasionados para la aprobación. ”Sabemos que la agenda del Congreso Nacional ha tenido muchos temas y ha habido prioridades encontradas, entonces, ante otras prioridades han ido desplazando esta ley. Quiero asegurar que no hay ninguna polémica con esta ley, hay consensos tanto en el Consejo Económico como en el Ejecutivo, pero ese en el Congreso donde deben aprobarlo”, insistió.

Desde hace 23 años, los hondureños que trabajaban, de manera obligatoria aportaban el 1.5% al Fondo de Vivienda, al igual que el 1.5% por parte del sector privado, el cual tenía como propósito solventar el acceso a una casa.

En 2015 se promulgó una nueva ley en la cual para no sobrecargar al patrono y trabajador, dejando establecido que no podía ser obligatorio. Con esto, el pasivo laboral no debía estrictamente estar en fondos líquidos, solo se acumulaba; sin embargo, si el patrono presentaba obstáculos para consolidar el pago, se sumaba otra complicación entre las partes.

Con la Ley Marco se logró una conquista desde la visión social para el empleado, ya que este acumulaba el 50% de su pasivo laboral y el otro 50% permanecía en fondos líquidos. Esto se implementó finalmente hasta el año 2016.

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Hasta antes de abril de 2022, en el Fondo de Cesantía se recibía 190 millones de lempiras mensuales, mientras que en el Fondo de Pensión 66 millones de lempiras mensuales. Cuando se declaró inconstitucional la Ley, estos aportes desaparecieron, impactando fuertemente contra los trabajadores.

La Ley Marco fue severamente increpada por el gremio médico al considerar, entre otras causas, que se privatizaban los servicios de salud, razón por la cual se dictó la inconstitucional. El problema radica también que se llevó de encuentro no solo los beneficios que tenían los aportantes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino también lo logrado entonces por los trabajadores.

Con esta nueva ley enviada por el Poder Ejecutiva se especifican de manera independientes beneficios para la clase trabajadora del sector privado. En tanto, el borrador que continúa trabajando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está estrechamente vinculada al sector salud, pero esta entraría en discusión para su aprobación hasta el primer trimestre (enero-marzo) de 2024 en el Congreso Nacional.