Caen 228 mareros en seis días de estado de excepción

SAN PEDRO SULA

Con 228 mareros capturados y más de 17 bandas desarticuladas, el Gobierno cumple hoy una semana de mantener un estado de excepción parcial en Honduras con el cual intenta frenar la extorsión que el mes pasado disparó los homicidios.

El gobierno suspendió las garantías constitucionales el pasado 6 de diciembre en 89 barrios y colonias del Distrito Central y en 73 de San Pedro Sula, Choloma y La Lima. Este régimen, según el decreto ejecutivo PCM 29-2022, expirará el 6 de enero de 2023, pero sería extendido.

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El gobierno de Xiomara Castro recurrió a la suspensión de las mismas garantías constitucionales que el presidente salvadoreño Nayib Bukele mantiene restringidas desde el 27 de marzo luego de que las maras y pandillas cometieran 92 homicidios durante las 74 horas previas a poner en vigencia esa medida.

Las garantías suspendidas en Honduras conciernen a la inviolabilidad de la libertad personal, asociación y reunión, circulación, el arresto o detención con mandato escrito de autoridad competente y domicilio.

En El Salvador, además de ese conjunto, incluyeron la relacionada con la correspondencia y las comunicaciones telefónicas.Ambos gobiernos aplican la misma medicina contra los homicidios, extorsiones y otros crímenes, sin embargo, ejecutan diferentes estrategias que generan resultados distintos.

El comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, le explicó a Diario LA PRENSA que la estrategia de Honduras no está orientada a ejecutar redadas masivas y a gastar excesivas cantidades de dinero.

“Para comenzar, nosotros no nos podemos quedar sin el apoyo de organismos internacionales. Si nosotros comenzamos a violar todos los derechos humanos, nos quitan todo el apoyo. La Policía no puede violar los derechos humanos de las personas y arrestarlas y meterlas a prisión sin ningún debido proceso. Allá (en El Salvador) es diferente (...)”, dijo.

En El Salvador, presionado por el aumento de los homicidios cometidos por la MS-13 y Barrio 18, el gobierno de Bukele en el artículo 2 del decreto 333 declaró “en todo el territorio nacional ‘Régimen de Excepción’, derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña”.

En Honduras, en medio de una ola de extorsiones cometidas por maras, pandillas y otras bandas, la administración de Castro puso en vigencia el PCM 29-2022 “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas, incurriendo y consumando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros, que reclama el pueblo como alarmante calamidad pública, se resuelve: suspender las garantías establecidas”.

En Honduras, hasta ahora, el estado de excepción es parcial, impera en ciertas zonas del Distrito Central y municipios de Cortés. En el país vecino, rige en todos los departamentos.

En El Salvador, el decreto 333 es la base legal en la cual se atrinchera el gobierno de Bukele para liberar una guerra contra la MS-13 y Barrio 18 con vehículos blindados fabricados en Israel.

Entre abril y diciembre, ha gastado por lo menos $180 millones.En esta ofensiva, las entidades ejecutoras de la estrategia -según decreto-, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Ministerio de la Defensa Nacional, a través de sus entidades operativas, han realizado redadas masivas de ciudadanos con o sin tatuajes.

En tan solo la primera semana, capturaron a más de 600 personas por día que recluyeron en un sistema carcelario densamente poblado.El primero de abril, después de siete días de estado de excepción, Bukele anunció en Twitter que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas habían “realizado 4,357 arrestos de pandilleros”.

Las capturas masivas ejecutadas por las autoridades salvadoreñas han provocado críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW).

En el informe “Podemos detener a quien queramos”, presentado en los últimos días, las organizaciones HRW y Cristosal, acusan al gobierno de Bukele de cometer durante el régimen de excepción desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas hasta malos tratos en prisión.

Esas organizaciones revelan que entre marzo y noviembre, durante el régimen (de 30 días y extendido ocho veces) las autoridades han detenido a más de 58,000 personas, incluidos más de 1,600 niños y niñas.

En Honduras, el Gobierno, con un presupuesto inferior al salvadoreño, de L1,095,068,068 (unos $44,481,872), ejecuta el Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos en el cual no contempla la compra de carros blindados, sino el alquiler de 200 carros por L135,000,000 ($5.4 millones).

Las autoridades hondureñas, hasta ahora, no han empleado las redadas masivas que desembocan en la violación de derechos humanos. Han utilizado el decreto como un instrumento que les da vía libre para ejecutar intervenciones específicas, como los allanamientos de viviendas contra bandas localizadas de manera anticipada.

“Las operaciones que se están llevando a cabo son operaciones inteligentes. No se montan operativos desgastantes para ver qué cae en el bulevar. Son operaciones de inteligencia”, dijo Miguel Martínez Madrid en una entrevista con Diario LA PRENSA.

Con el decreto ejecutivo, ejemplificó, a los delincuentes “se les cae a las nueve de la noche, media noche, una de la mañana o a las tres de la mañana y no hay problema”.

“No es cacería, no es cacería. La institución tiene el compromiso de velar por los derechos de la población. No se puede llevar a alguien a la cárcel solo porque tiene pinta de marero”, dijo.

Las autoridades policiales consideran que con operaciones certeras e inteligentes evitan un gasto oneroso a la administración central.

“Nosotros no tenemos los gastos que tienen allá. Allá en El Salvador necesitan el apoyo de todas las Fuerzas Armadas. Todas nuestras operaciones han sido 100% policiales, porque la señora presidenta ha sido precisa, dijo: ‘estoy girando instrucciones para que los militares vayan a resguardar las fronteras”.

El fin de semana anterior, Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, le informó a los medios de comunicación que solicitará al Poder Ejecutivo la “ampliación del tiempo y la ampliación de las ciudades para su aplicación” dado a que los ciudadanos están satisfechos.