Expertos: Con tregua seguirá aniquilación de la Biósfera del Río Plátano

Tegucigalpa, Honduras.-

La tregua entre autoridades gubernamentales y ganaderos instalados en La Biósfera del Río Plátano y otras áreas protegidas no solo frena temporalmente los desalojos de ocupantes ilegales, sino que abre las puertas a que siga la destrucción, deforestación y aniquilación del bosque.

Así lo consideran expertos entrevistados por LA PRENSA, quienes valoraron que el gobierno cedió a la presión de los ocupantes de tierras en áreas de vocación forestal protegidas en Colón, Olancho y Gracias a Dios.

A los especialistas les preocupa particularmente que en el acuerdo, firmado la noche del pasado martes, se estableció demarcar la frontera ganadera y agrícola actual con los responsables de las reses y cultivos, así como realizar un levantamiento catastral de las fincas.

Estas medidas, además que contravienen la Ley Forestal referente a que no se pueden emitir permisos o licencias para el aprovechamiento de zonas protegidas, pueden abrir más la puerta al narcotráfico.

En los "Acuerdos para lograr los objetivos del Programa Cero Deforestación creado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en áreas protegidas y zonas de reserva" se estableció en el punto dos que "se demarcarán conjuntamente con los ocupantes de estas áreas las fronteras agrícolas y ganaderas actuales".

Además, el punto tres indica que se debe "realizar en conjunto el ordenamiento territorial a través de un programa de georreferenciación, es decir, un levantamiento catastral de las fincas, estableciendo con cada ocupante los límites geográficos de las fincas".

Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la situación es grave porque algunos ocupantes seguirán expandiendo sus actividades ilegales, como el narcotráfico, en conjunto con los narcoganaderos.

"Existe el riesgo de que la suspensión temporal de los desalojos permita a algunos ocupantes seguir expandiendo sus actividades ilegales, como la ganadería extensiva o la deforestación, si no hay un control efectivo", dijo la especialista ambiental de la ASJ, Ana Velásquez.

"La suspensión de los desalojos podría interpretarse como una flexibilización del gobierno ante las presiones de los ganaderos -opinó-; sin embargo, se debe considerar que estos procesos deben obedecer a los procedimientos establecidos en la legislación nacional".

"Aunque el 'Plan Cero Deforestación' -activado en mayo pasado- no contemplaba treguas, la creación de este acuerdo con ganaderos y otras comunidades podría reflejar un ajuste estratégico más que un debilitamiento, si se hace bajo los estándares normativos y el respeto a los derechos humanos, de propiedad y de áreas de vocación forestal", explicó Velásquez.

El gobierno alcanzó estos acuerdos tras la resistencia de los ganaderos y otros pobladores a los operativos para desmantelar ocupaciones ilegales en la zona núcleo de varias áreas protegidas. En agosto pasado, las Fuerzas Armadas eliminaron cercas, incineraron una construcción ilegal y decomisaron ganado en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre La Muralla, en La Unión, Olancho.

Para la experta, las medidas que el gobierno aceptó serán un reto pues deben evitar que los ocupantes de tierras crucen los límites ya establecidos, un hecho que ya se ha demostrado que no cumplen.

"El cumplimiento del acuerdo por parte de los ganaderos dependerá de la eficacia de las medidas de vigilancia y los incentivos para adoptar prácticas sostenibles", manifestó.

Una fuente de una municipalidad de Olancho y entendida en el tema reveló a LA PRENSA que este es un plan concebido por grupos poderosos y políticos para apropiarse de tierras.

Estimaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) señalan que alrededor de 500,000 hectáreas de bosque se han perdido se han perdido en las zonas núcleos de las áreas de reserva localizadas en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios.

Que el gobierno suspendiera los desalojos no es un acierto, al contrario, es un atentado contra las áreas de vocación forestal, argumentó el ambientalista Modesto Ochoa.

"El asentamiento humano en áreas tan frágiles como estas es un foco de contaminación enorme y un atentado contra la riqueza natural, por lo que es importante que el gobierno tome otras medidas", dijo.

En la tregua se garantizó que los desalojos serán suspendidos, a excepción de los programados en la Biósfera del Río Plátano.Pese a que la ley lo prohíbe, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) contabilizó 1,200 casas construidas en la zona núcleo de Patuca, mientras que en la Biósfera del Río Plátano hay 32 y en la reserva de Tawahka 42.

El experto en seguridad Nelson Castañeda advirtió que esta tregua puede ser un arma de doble filo, ya que también se le da paso a que el narcotráfico gane más terreno en la zona.

"Este es un tema donde las narcofincas están destruyendo las reservas, incluida la Biósfera del Río Plátano. Lo que se puede identificar es que el gobierno ha perdido el control sobre la gobernanza forestal", expuso Castañeda.

Castañeda cuestionó la escasa presencia de las fuerzas del orden público en estas zonas, que "son atractivas para la producción y el traslado de drogas y los efectos colaterales para áreas óptimas para la producción de drogas".

Desde este punto de vista, la tregua que el gobierno implementó hará florecer aún más la criminalidad y la violencia, agudizando este problema social.

El experto también lamentó que, hasta ahora, al menos públicamente, el gobierno no ha destruido las narcocarreteras en la zona de la Biósfera, lo que deja más preguntas que respuestas.

LA PRENSA intentó comunicarse con Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia y quien encabeza la Comisión de Alto Nivel que aborda esta problemática, para obtener declaraciones, pero no hubo respuesta. Igualmente, se buscó la reacción Lucky Medina, secretario de Ambiente.

Por su parte, Luis Soliz, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), negó que el acuerdo signifique legalizar las tierras. “Las tierras forestales nacionales no pueden pasar a manos de privado, igual los territorios indígenas (...) al contrario se envía a investigar títulos falsos”, sostuvo. Recordó, en ese sentido, que las leyes de Propiedad, de Reforma Agraria y Forestal prohíben esas acciones.

La especialista ambiental Ana Velásquez advirtió que las intenciones de un levantamiento catastral contravienen el artículo 109 de la Ley Forestal."En ningún caso se otorgarán permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleo de las áreas protegidas y de vida silvestre", establece esa normativa.

Además, establece la excepción que "en las zonas de amortiguamiento únicamente se podrá autorizar la realización de actividades económicas que sean acordes con los Planes de Manejo o Planes Operativos previamente aprobados por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)".

Por estos artículos y las pretensiones en la tregua, "nosotros estamos en contra de que estas áreas sean destruidas. Hay ganadería, crimen organizado y en el caso de La Mosquitia y el Río Plátano están protegidas por la UNESCO", opinó Roger Reyes, director del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).

Honduras también está sujeta a demandas internacionales debido a que mantiene vigentes convenios internacionales, recordaron los expertos.