De presidente a acusado: La caída de Juan Orlando Hernández

Sus opositores lo acusaban de tener el poder absoluto, sus seguidores casi no veneraban, hoy Juan Orlando Hernández ha pasado de la cima del poder, a luchar por no pasar el resto de su vida en un prisión en Estados Unidos.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y posesión de armas, que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas. El juicio se JOH inicia el 12 de febrero en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Juan Orlando Hernández fue el décimo presidente de Honduras, desde la constitución de 1982.

Su carrera política comenzó en 1998, cuando fue elegido como diputado por el departamento de Lempira para representarlos en el Congreso Nacional de Honduras.

Fue reelecto en varias ocasiones y llegó a ser el presidente del Congreso entre 2010 y 2013.

En 2013, ganó las elecciones presidenciales por el Partido Nacional de Honduras y asumió la presidencia el 27 de enero de 2014.

En 2017, se postuló para la reelección, pese a la controversia constitucional, y fue declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral, en medio de denuncias de fraude y protestas de la oposición.

Su segundo mandato terminó el 27 de enero de 2022, tras entregar el poder a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Durante sus mandatos, que se extendió por dos períodos consecutivos, se presentó como un líder firme y decidido a combatir el narcotráfico y la corrupción.

Sin embargo, su imagen se vio seriamente afectada por las acusaciones de fraude electoral, violación de la constitución, represión de las protestas sociales y vínculos con el crimen organizado.

Su hermano, Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, y el propio Juan Orlando Hernández fue señalado como co-conspirador y solicitado en extradición por la justicia estadounidense.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue detenido el 15 de febrero de 2024 y extraditado el 21 de abril de 2024, luego de que la justicia hondureña aprobara su entrega a las autoridades estadounidenses.

Según la acusación, Hernández habría participado en el envío de más de 500.000 kilogramos de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos, en complicidad con carteles de la droga, políticos, militares y policías corruptos.

Además, se le señala de haber recibido sobornos millonarios para financiar sus campañas electorales y de haber utilizado armas de alto calibre para proteger sus actividades ilícitas.

Hernández ha negado todas las imputaciones y ha sostenido que se trata de una persecución política y de una venganza de los narcotraficantes que él combatió durante su gobierno.

El 15 de febrero de 2022, Hernández fue detenido por la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con la DEA de Estados Unidos, que lo solicitó por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

El 17 de marzo de 2022, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó su extradición, tras rechazar un recurso de amparo presentado por su defensa.

El 21 de abril de 2022, Hernández fue entregado a agentes de la DEA y trasladado en un helicóptero al aeropuerto de Tegucigalpa, desde donde viajó a Estados Unidos bajo custodia.

En un principio el juicio en su contra fue programado para el 18 de septiembre de 2022. Finalmente y luego de varios aplazamientos, la fecha del inicio de su juico está pactada para el 12 de debrero del 2024.

La acusación de narcotráfico y posesión de armas contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), ha generado un gran impacto político y social en el país.

Una profunda crisis de legitimidad y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente del poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, la policía y el ejército, que fueron señalados de estar al servicio de los intereses de JOH y de los carteles de la droga.

Una fuerte movilización social y ciudadana, que ha exigido justicia, transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales para combatir la corrupción, la impunidad y el autoritarismo que caracterizaron el gobierno de JOH.

Una reconfiguración del escenario político, que ha puesto en evidencia las divisiones y fracturas internas de los partidos tradicionales, especialmente del Partido Nacional, que gobernó con JOH, y que abrió espacios para que Libre llegara al poder.

Una mayor presión y vigilancia internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha condicionado su cooperación y asistencia a Honduras a que se cumplan los compromisos de lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

El juicio contra JOH ha generado diversas estrategias de defensa y cambios legales por parte de los involucrados. Algunas de estas son:

La última fue la incorporación de un nuevo abogado, Renato Stabile, quien aboga por la separación del juicio de JOH del de su coacusado, el exgeneral Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, alegando que sus intereses son contrarios y que la evidencia presentada contra Bonilla podría perjudicar a JOH

La solicitud de acceso a información clasificada sobre las operaciones antidrogas de Estados Unidos en Honduras, así como la identificación de funcionarios de alto rango supuestamente involucrados, conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), para poder cuestionar la credibilidad y la motivación de los testigos cooperantes de la Fiscalía.

La presentación de un cuestionario escrito para el jurado, con el fin de salvaguardar el derecho de JOH a un jurado imparcial y libre de prejuicios inadmisibles, ante el amplio interés mediático y la complejidad del caso, que abordará temas sensibles como el narcotráfico, la violencia de las pandillas, la corrupción y la crisis migratoria en Honduras y Estados Unidos.

Incluso llegí a pedir la destitución de su abogado, Raymond Colon, debido a problemas de salud, y la búsqueda de otro abogado en Honduras, para poder citar testigos en el país y comunicarse con ellos, ya que JOH alega que no ha podido hacerlo por las restricciones impuestas por la Corte.

El testimonio de su hermano, Juan Antonio Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021 por los mismos delitos, y quien habría implicado a Juan Orlando Hernández en la conspiración para traficar cocaína a cambio de protección política y militar.

El testimonio de Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que fue sentenciado a cadena perpetua en 2021, y quien habría declarado que Juan Orlando Hernández le pidió un soborno de un millón de dólares para financiar su campaña electoral, y que le ofreció usar las fuerzas de seguridad del Estado para facilitar sus operaciones de droga.

El testimonio de otros cooperantes, como Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de Los Cachiros, y Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, quienes habrían afirmado que Juan Orlando Hernández recibió dinero del narcotráfico y que les garantizó impunidad y apoyo institucional.

La evidencia física, como grabaciones de audio y video, documentos, registros financieros, armas, drogas y otros objetos que demostrarían la participación de Juan Orlando Hernández en el envío de más de 500.000 kilogramos de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos, en complicidad con carteles de la droga, políticos, militares y policías corruptos

El 23 de enero de 2024, el juez Kevin Castel reprogramó el inicio del juicio del 5 de febrero al 12 de febrero de 2024, luego de que los abogados de JOH alegaran que no habían podido revisar toda la evidencia presentada por la Fiscalía.

El 3 de febrero, El expolicía Mauricio Hernández, acusado de narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se declaró culpable antes del juicio que se celebrará el 12 de febrero de 2024 junto a Juan Orlando Hernández y Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

El hondureño compareció este viernes en una audiencia de declaración de culpabilidad “celebrada ante el juez de primera instancia Robert W. Lehrburger”.

Tras conocerse la estrategia de Mauricio Hernández, La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó una moción con la que busca interrogar a los ciudadanos que conformarán el jurado de su juicio previsto para el 12 de febrero.

“El demandado Juan Orlando Hernández presenta respetuosamente este memorando de ley en apoyo de su moción para un cuestionario escrito para el jurado. El cuestionario del jurado adaptado a las necesidades específicas de este caso es fundamental para descartar cualquier prejuicio entre los posibles jurados y para garantizar un jurado justo e imparcial”, señala el escrito.

El juicio contra JOH ha generado diversas implicaciones y reacciones a nivel internacional. Entre ellas es que hay una mayor atención y preocupación por la situación de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Honduras, donde se han denunciado graves violaciones, represión, corrupción e impunidad durante el gobierno de JOH.

Además, hay una mayor presión y cooperación de Estados Unidos con Honduras para combatir el narcotráfico, la violencia y la pobreza, que son factores que impulsan la migración irregular hacia el norte, así como para apoyar el desarrollo económico y social del país.

También existe una mayor atención y preocupación por la situación de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Honduras, donde se han denunciado graves violaciones, represión, corrupción e impunidad durante el gobierno de JOH.

Una mayor presión y cooperación de Estados Unidos con Honduras para combatir el narcotráfico, la violencia y la pobreza, que son factores que impulsan la migración irregular hacia el norte, así como para apoyar el desarrollo económico y social del país.